“Renovables sí…” ¿seguro?
En un contexto de encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 las industrias incapaces de implantar proyectos de autoconsumo verán como sus costes son severamente penalizados hasta el punto de dejar de ser competitivas
El debate público alrededor de la implantación de proyectos de energías renovables en Cataluña no es nuevo. El marco jurídico que entró en vigor el 2009 y que estuvo activo hasta el pasado 2019 supuso un auténtico parón para la descarbonización energética: durante el transcurso de esta década se puso en marcha un solo aerogenerador.
El porcentaje de generación renovable alcanzó un irrisorio 16%, mientras que la media española creció hasta superar el 34% y la media europea se posicionó en un 37%.
Con tal de corregir estas cifras demoledoras, en 2019 se derogó el marco legal de la década perdida, que se sustituyó por una nueva propuesta regulatoria a través de la aprobación de decreto-ley 16/2019. Sin embargo, el nuevo entorno regulatorio ha suscitado una fuerte oposición organizada bajo el lema “Renovables sí, pero así no”.
El porcentaje de generación renovable alcanzó un irrisorio 16%, mientras que la media española creció hasta superar el 34%
Los argumentos esgrimidos por los grupos opositores son principalmente tres. En primer lugar, que las renovables están impulsadas por un oligopolio. Conviene recordar que los proyectos de más de 50MW se gestionan de forma centralizada a nivel estatal, de modo que los proyectos regulados por el marco jurídico catalán son los de capacidad inferior a 50MW – proyectos pequeños y medianos.
Las licencias de proyectos eólicos han sido solicitadas por parte de 446 empresas distintas – tan solo 4 empresas han solicitado 10 o más licencias, y 19 empresas han solicitado entre 3 y 10 licencias. Así pues, no parece que exista una elevada concentración en pocos operadores. El umbral inferior a 50MW es más atractivo para escenarios de autoconsumo industrial y pequeñas comercializadoras.
La segunda gran crítica es que existe una elevada concentración geográfica de proyectos, particularmente en el caso de la generación eólica. Es cierto que la gran mayoría de los parques eólicos se ubican en un conjunto de zonas que suponen aproximadamente el 30% de la superficie de Catalunya: Tarragona, Comarcas de l’Ebre y Empordà.
Estas zonas son las únicas en las que existe una velocidad y frecuencia de viento suficiente como para impulsar aerogeneradores. Cabe destacar que el Empordà es una excepción en este sentido: pese a tener más viento que Tarragona, presenta una menor densidad de parques.
Quizá tenga algo que ver que cuando se han intentado implantar parques en esa zona, como en los casos del parque eólico marino Tramuntana (en una zona de veda de pesca a 24km del litoral) o del parque en el polígono industrial El Far, los intentos han recibido un alud de manifestaciones, recogidas de firmas y presiones de grupos políticos y sociales que han puesto al límite la paciencia de los promotores.
El tercer argumento con el cual se fundamenta el freno a la implantación de parques de energía renovable es el que afirma que es suficiente con el autoconsumo en los tejados y proyectos cooperativos de dimensiones reducidas.
El propio ICAEN ha puesto cifras al potencial de energía generable en tejados: 19,3GW
El propio ICAEN ha puesto cifras al potencial de energía generable en tejados (potencial, es decir, si fuéramos capaces de poner de acuerdo todas las comunidades de vecinos y consiguiéramos que todos los almacenes e industrias tomaran esa iniciativa): 19,3GW, el 23,4% de la necesidad energética que el propio ICAEN asume para 2050.
Siendo realistas, el porcentaje de edificios que acabará implementando fotovoltaica en tejados será limitado, por lo que la ratio de energía generada mediante el autoconsumo acabará siendo mucho menor. Eso ocurre en un contexto de electrificación de la movilidad y de cierre programado de las nucleares de Ascó y Vandellós.
La oposición de determinados grupos vecinales parece haber ganado la batalla al interés general: el decreto-ley 16/2019 que se aprobó con la misión de desbloquear la cuestión ha sido finalmente derogado y sustituido por un nuevo marco legal (tercero en dos años) que fuerza a los proyectos actualmente en tramitación (la inmensa mayoría) a volver a la casilla de salida, ahora con una exigencia añadida: demostrar la aceptación de más de la mitad de los propietarios de terrenos afectados por cada proyecto antes de que la administración se posicione sobre su posible viabilidad técnica y ambiental.
La oposición territorial al establecimiento de nuevas infraestructuras no es ninguna invención contemporánea. Cada cárcel, cada vertedero, cada línea de alta tensión (como las que tendrán que cruzar Cataluña para importar energía de otras comunidades si no somos capaces de alcanzar un umbral de generación eléctrica razonable) ha suscitado el nacimiento de plataformas vecinales opositoras.
La responsabilidad de la clase política consiste en identificar los marcos de interés general y sobreponer dichos intereses a los grupos incumbentes, compensándoles si es necesario. La descarbonización energética es uno de los pilares de la lucha contra la crisis climática, y en consecuencia es algo que nos concierne a todos.
Incluso Eva Saldaña, directora de Greenpeace, ha pedido a la clase política que deje de coquetear con las moratorias a los proyectos renovables (El País, 5/7/21). Más allá del impacto medioambiental, está también en riesgo la competitividad empresarial: en un contexto de encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 (ETS-EU) las industrias incapaces de implantar proyectos de autoconsumo debido a las barreras regulatorias verán como sus costes son severamente penalizados hasta el punto de dejar de ser competitivas.
