Reformar el mercado laboral, pero en la dirección correcta

Seguramente a más de uno le retumben los oídos cuando escucha la palabra ‘reformas’ pero es que, gracias a ellas, se creó el marco idóneo para que nuestra economía corrigiera desequilibrios y creciera a ritmos vigorosos, lo que la hace mas resistente ante posibles turbulencias. Gracias a las ganancias de competitividad de nuestras empresas exportadoras,  conseguimos superávit exterior y recortamos endeudamiento externo, que en términos netos oscila en torno a un 84,1% sobre PIB. Aumentamos las exportaciones en siete puntos, pasando del 27% al 34% del PIB y, durante seis años consecutivos, se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo; se rebajó en 2,8 millones el número de parados, y conseguimos recortar en 11,8 puntos la tasa de paro.

«Medidas que vayan contra la flexibilidad del mercado de trabajo y que marquen una mayor rigidez sin tener en cuenta el tamaño de la empresa, su situación o sus posibles y necesarios cambios organizativos, serán un paso atrás que afectará al funcionamiento del mercado laboral»

Los registros han sido excelentes, pero no suficientes en estos momentos de enfriamiento económico. El cambio de tendencia se ha dejado ver en los datos de desempleo del primer mes del año al destruirse casi un cuarto del empleo creado en 2019 (400.000) puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que nuestro paro roza todavía el 14%, el doble que en la UE, y que la tasa de temporalidad representa todavía un 26,1%, resulta necesario introducir mejoras legislativas que potencien la creación de puestos de trabajo sin penalizar a las empresas, auténtico motor en la generación de empleo.

La crisis económica puso de relieve las debilidades de nuestro mercado de trabajo. Unos altos costes de despido, muy por encima de la media de la OCDE, con un mercado muy segmentado en el que existían grandes diferencias entre los trabajadores con contrato indefinido y antigüedad acumulada (insiders), y los que tenían contrato temporal, o parados (outsiders). Esta dualidad entre temporal y fijo insensibilizaba al mercado de trabajo respecto a la coyuntura empresarial, pues eran los grupos más protegidos los que controlaban y fijaban las condiciones de negociación colectiva en detrimento de los outsiders con contratos temporales cuyos costes de despido eran muchos mas bajos.

Con la reforma laboral, se dotó de flexibilidad al mercado de trabajo con el fin de evitar despidos masivos y poder adecuar las plantillas en coyunturas adversas. Se pretendió reducir la temporalidad disminuyendo los costes de despido de los trabajadores con contrato fijo. Se definió con mayor claridad los criterios que justificaban el despido procedente. También se priorizaron los convenios colectivos de empresa frente a los convenios colectivos de ámbito superior, además de relajarse las condiciones para que las empresas pudieran descolgarse con mayor facilidad de estos últimos, y se limitó la ultractividad que otorgaba demasiado tiempo para la negociación del convenio después de su denuncia. Han pasado muchos años desde entonces, se ha creado empleo, aunque no el suficiente, como tampoco se ha conseguido reducir la temporalidad.

Con estos mimbres a cuestas, tropezamos con una nueva subida del Salario Mínimo en 2020, tras la subida del 22% en 2019, lo que supone el primer escalón hacia el compromiso adquirido de elevarlo hasta el 60% del salario medio en 2023, lo que actualmente representaría aproximadamente unos 1.200 euros. Esta subida del salario mínimo viene acompañada de grandes dosis de incertidumbre por la posibilidad de que se deroguen determinadas medidas de la reforma laboral que flexibilizaron el mercado de trabajo.

La combinación de ambas medidas no solo supone una barrera de entrada al mercado de trabajo por el aumento de costes que supone para la empresa que, como sabe el lector, ya tiene que hacer frente a unas cotizaciones sociales muy elevadas, 8,4% del PIB, frente al 6,8% de la media de los países de la UE, sino que afecta a la composición del empleo. La contratación temporal tiende a crecer cuando las empresas soportan mayores costes salariales. Así, la contratación temporal tiende a aumentar cuando se incrementa el salario mínimo. A quien más afecta esta temporalidad es a los jóvenes, con la pérdida de capital humano que esto implica. Uno de los lastres que arrastra nuestro país es el paro juvenil, fuerza laboral importantísima y necesaria para el futuro de nuestro país. Se ha conseguido reducir la tasa de paro juvenil desde el pico alcanzado en 2013 (57,2%) al 33%, pero todavía sigue siendo una cifra muy alta si nos comparamos con la media de la zona euro (15,6%).

Desde un punto de vista realista, el actual estatuto de los trabajadores debe derogarse y elaborarse una nueva normativa adaptada a los tiempos que nos toca vivir. La reforma debería potenciar la movilidad geográfica, así como limar las fuertes diferencias todavía existentes entre las indemnizaciones de los trabajadores con contrato indefinido y los trabajadores con contrato temporal, que no hacen otra cosa que estos últimos actúen como amortiguadores cuando las empresas se ven obligadas a reducir la plantilla.

Medidas que vayan contra la flexibilidad del mercado de trabajo y que marquen una mayor rigidez sin tener en cuenta el tamaño de la empresa, su situación o sus posibles y necesarios cambios organizativos, serán un paso atrás que afectará al funcionamiento del mercado laboral y al mantenimiento de determinados puestos de trabajo.