Recuperar la deducción por vivienda habitual, una mala idea 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere resucitar la deducción por compra de vivienda habitual para ayudar a las familias ante la subida de las hipotecas. En palabras del líder de la oposición, es “fundamental que alguien que se ha comprado una vivienda se pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que se ha pagado por el préstamo”. El popular considera que “hay dinero para recuperar una ayuda de la que se beneficiaron millones de hipotecados”. 

La deducción por compra de vivienda habitual se introdujo en 1979 y permite, con carácter general, desgravar el 15% del dinero aportado en el año fiscal sobre una base máxima de 9.040 euros, lo que deja el máximo que el contribuyente se puede deducir hasta un máximo de 1.356 euros. Hasta 1999 se permitía que los propietarios se dedujeran en la base imponible los intereses del préstamo hipotecario (con un límite de 800.000 ptas) así como el impuesto sobre los bienes inmuebles.

Sin embargo, en 1999 se elevó y se estableció que la base máxima era de 9.015,18 euros. En enero de 2011 se eliminó la deducción por vivienda únicamente para las rentas superiores a los 24.000 euros. Posteriormente, se volvió a recuperar por completo hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió poner fin a la misma a partir de 2013. 

Cuatro inconvenientes de la propuesta del PP

La propuesta del PP tiene cuatro grandes problemas. En primer lugar, su coste para las arcas públicas en un contexto de alto endeudamiento. La literatura económica ha analizado detalladamente los efectos del tratamiento fiscal favorable de la vivienda en los distintos sistemas impositivos. El coste de estas desgravaciones en materia de vivienda representa un coste entre un 0,8% y un 1% del PIB (García Montalvo y Mas, 2000; Sánchez, 2004). En 2008 y en 2009, dicha deducción costó 5.418 y 5.040 millones de euros, respectivamente, cantidades similares a toda la inversión pública en I+D de esos años. 

Un segundo aspecto a considerar es el impacto de la desgravación en el precio de la vivienda. Existe un amplio consenso entre los economistas y los organismos internacionales (FMI, OCDE) en el hecho de que las deducciones por vivienda son capturadas por constructores, promotores y entidades financieras y pueden provocar, de hecho, un aumento de precios. El problema principal de la vivienda en España es de oferta (baja elasticidad). Si aumenta la renta de los compradores, los precios subirán.  

En España, la eliminación de la desgravación podría haber reducido el precio de la vivienda 7,8 puntos porcentuales de media (Ortega et al. 2011). Si lo que se pretende es incentivar el aumento del stock de viviendas, parece más razonable un incentivo a la inversión (no al ahorro) en vivienda, manteniendo la reducción fiscal en el IVA o en el IRPF únicamente para las viviendas nuevas. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que la deducción por vivienda habitual hace más atractiva la compra frente al alquiler y sesga el ahorro patrimonial hacia la adquisición de vivienda en propiedad. De hecho, en España el mercado del alquiler ha sido durante años prácticamente inexistente y el 75% de las familias tienen una vivienda en propiedad.

Algunos estudios apuntan que la eliminación de la desgravación podría haber aumentado en 5,6 puntos porcentuales la proporción del alquiler como forma de tenencia de la vivienda (Ortega et al, 2011). Además, el sesgo hacia la vivienda en régimen de propiedad puede reducir la movilidad social − reduce los incentivos a mudarse por motivos laborales − lo que indirectamente puede aumentar la tasa de desempleo (Oswald 1997, Barceló 2006). 

La desgravación que pretende recuperar el PP es muy costosa para el erario público

Finalmente, desde un punto de vista distributivo, la deducción es regresiva (Rosen, 1985) pues es independiente del nivel de renta de los individuos. Únicamente las rentas más altas tienen suficiente capacidad adquisitiva para conseguir la máxima deducción permitida por la Ley. Los compradores de los segmentos más bajos de renta tienen dificultades para obtener préstamos hipotecarios y, por tanto, es menos probable que puedan beneficiarse de las ventajas de la deducción por adquisición de vivienda habitual. 

En definitiva, la desgravación que pretende recuperar el PP es muy costosa para el erario público, subvenciona al sector de la construcción, puede aumentar los precios de la vivienda, discrimina en contra del alquiler (y cualquier otro tipo de patrimonio), es regresiva y puede tener un impacto negativo sobre la movilidad laboral y el empleo. Todo ello sin apenas efectos positivos sobre el stock de viviendas. 

Si el objetivo final es que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda, la mejor forma de hacerlo no es subvencionar la demanda sino aumentar la oferta, y especialmente, potenciar el mercado del alquiler, a través de la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de las trabas a los inquilinos.