Rectificaciones forzosas

El gobierno de la Moncloa no contaba con que el ‘apagón’ de la discordia terminara desbocándose del cauce que sus asesores habían previsto. Es decir: que el presidente mantendría un ‘cara a cara’ con la presidenta de la comunidad de Madrid que, con su potente lema ‘Madrid no se apaga’ parecía que iba a protagonizar una rebelión de incalculables consecuencias.

Pero las críticas a sus medidas para ahorrar energía han traspasado la linde madrileña, dejando aflorar un malestar generalizado, en parte reconducido por el gobierno vasco, que ha tranquilizado a Sánchez al decir que cumplirá con las normas, aunque no le gusten. Claro que no es lo mismo que proteste Díaz Ayuso que el lehendakari Urkullu, a ojos del presidente del gobierno. Con la primera busca la confrontación a base de descalificaciones, porque se trata de medirse con el PP, aunque hasta ahora esa táctica no le haya funcionado en las últimas citas electorales.

Con el segundo necesita reconducir la situación. A ninguno de los dos les interesa abrir otro frente de confrontación. Por dos razones: porque el PNV es socio preferente (ahora por detrás de Bildu) en la corte de Sánchez y porque en el gobierno vasco conviven en feliz coalición nacionalistas y socialistas.  

Pero subyace el malestar. Las formas del inquilino de la Moncloa, con su decretazo de medidas de ahorro energético sin otra consulta ni otra negociación que el ‘ordeno y mando’ ha puesto a la oposición y a los hosteleros y comerciantes en guardia. Los reparos son de fondo y forma.

Porque las normas pueden invadir competencias no garantizan la seguridad jurídica – como ya ocurrió con las medidas adoptadas durante los Estados de alarma de la pandemia- y porque no han sido consultadas las Comunidades Autónomas. Críticas por esa ‘cogobernanza’ que Pedro Sánchez predica, pero que no practica. Si el vicepresidente de la comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, puso el dedo en la llaga al destacar que en los 80 folios del decreto no se precisa durante cuanto tiempo deberán estar los escaparates apagados a partir de las 22:00 de la noche, fue para dejar en evidencia la chapuza de las medidas.  

Un paso atrás

Con tantas críticas aireadas, el gobierno ha tenido que empezar a recular rectificando su plan y bajando el límite de la temperatura de los termostatos de 27º a 25º en bares y comercios. La vicepresidenta Teresa Ribera tenía que contener la avalancha de descontento de restauradores y comerciantes y ha empezado ya a hablar de ‘flexibilización’ que es el término comodín en situaciones de bloqueo y que escucharemos durante todo el fin de semana. 

Se podrían haber ahorrado este trago si, por una vez, Pedro Sánchez se hubiera avenido a consultar, a apearse de la grupa del orgullo y preguntar sobre lo que ignora y, de paso, tener en cuenta a los ciudadanos y dejar de contabilizarlos según la orientación de su voto.  

Podía haber emulado a algunos países de nuestro entorno europeo. Pero no lo ha hecho. Otros gobiernos han reaccionado antes que el nuestro con los planes de ahorro. Y están haciendo las cosas de forma racional. Sin ideologizar cualquier propuesta. En Alemania– que, por necesidad, se está planteando ahora recuperar las centrales nucleares- las medidas se debatieron en el Parlamento. En Francia, Macron ha dejado a los ayuntamientos y empresas de comercio que sean ellos quienes tomen las riendas de un asunto que conocen mejor que la Administración. Aquí, no. En España, Pedro Sánchez improvisa las medidas, las estampa en 80 folios de un decreto ley y se va de vacaciones diciendo a las Comunidades Autónomas que las vayan pasando a limpio en sus territorios.  

El gobierno va enmendándose la plana a medida que se adorna con el emplazamiento a cumplir la ley. Pero estas sentencias van dirigidas al destinatario equivocado. Porque no es a Díaz Ayuso a quien hay que dirigirse, sino a la Generalitat. Las leyes en España se cumplen, claro está. A excepción de Cataluña, habrá que reconocer.  Esta es una norma que se la salta el gobierno de Cataluña y, de paso, el mismo presidente Sánchez por consentirlo. La Generalitat ejerce un permanente desacato a sentencias firmes de los tribunales cuando le obligan, por ejemplo, a garantizar el 25% de la enseñanza en castellano en los centros escolares de Cataluña. Y los socialistas, lejos de instarles a cumplir las normas, les hacen seguidismo en la objeción judicial.