La razia del Estado contra Cataluña

Enoch Albertí, director de la Revista Catalana de Dret Públic, encargó al letrado mayor del Parlamento de Cataluña y profesor de Derecho Administrativo de la UPF, Antoni Bayona, un articulo sobre el papel del legislativo catalán en el debate actual sobre el derecho a decidir. Por lo tanto, y para aclarar de entrada la información parcial que se inventó Quico Sallés para La Vanguardia, ese artículo no es ningún informe. Forma parte del dossier “El procés sobiranista de Catalunya”, y en el que escriben, además de Bayona, otros distinguidos profesores, como el catedrático Ferran Requejo, también de la UPF, Eduard Roig, de la UB, Elisenda Casañas, directora del Centro de Edimburgo de Derecho Constitucional y los quebequeses Dave Guénette, de la Universidad de Laval y Alain-G. Gagnon, de la Universidad del Quebec-Montreal.

Es un dossier muy equilibrado, pues los artículos responden a las distintas perspectivas que se debaten hoy entre académicos, que es lo que corresponde al quehacer de la Escuela de Administración Pública, que tengo el honor de dirigir, y que es una escuela nacional, por lo tanto de todos, encargada de la gestión del conocimiento para servir mejor a la ciudadanía. Los medios casi nunca dedican ni un minuto al debate intelectual (ellos sabrán porqué), y cuando le prestan algo de atención es para conseguir que el lector pique el anzuelo de la noticia trampa, redactada sólo para asegurarse el ansiado clic que dé dinero al periódico y al periodista la oportunidad de ganarse el sueldo, aunque sea contando medias verdades.

No voy a quejarme porque unos decidan ganarse la vida de una manera y otros de otra. Servidor prefiere escribir sin ataduras y fomentar el debate publicando incluso aquellos artículos con los que discrepo. El artículo del profesor Bayona es uno de ellos, por ejemplo. Porque, entendámonos, el profesor Bayona no solo disecciona lo que ha pasado en el parlamento catalán, sino que emite sus opiniones al respecto, que es lo que no puede hacer cuando actúa como letrado mayor. ¿Qué problema hay en que un profesor y letrado no coincida con el criterio de la mayoría? Si ustedes se toman la molestia de leer los demás artículos del dossier podrán comprobar por sí mismos que apuestan por lo contrario.

Que el profesor Bayona cargue contra la interpretación de los resultados del 27-S y tilde de “grave error” considerar “autoritario” al Estado español, ¿es una opinión o un hecho probado?

Que el profesor Bayona cargue, según Sallés, contra la interpretación de los resultados del 27-S y tilde de “grave error” considerar “autoritario” al Estado español, ¿es una opinión o un hecho probado? Lo escrito por el catedrático de Derecho Penal, Joan J. Queralt, sobre la operación de asalto a la justicia de ese entramado oligárquico compuesto por algunos jueces, fiscales y ahora también letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios), ¿es una opinión o un hecho probado? Ustedes juzguen a tenor de lo visto esta semana.

La mayoría de los medios extranjeros llevan semanas pidiendo a Rajoy que se siente a buscar una salida negociada con el Gobierno catalán, cuya legitimidad democrática, avalada por las urnas, no puede discutirse de ninguna manera. Tampoco es discutible que Rajoy es presidente del Gobierno porque así lo han estimado los votantes —y el PSOE, que por eso le votaron en sede parlamentaria—. Y ante ese cúmulo de peticiones de conciliación, ¿cómo responde Rajoy? Con amenazas de toda índole, incluyendo la ocurrencia, a la que se oponen incluso los unionistas catalanes del PSC y Ciudadanos, de paralizar los fondos del FLA si la Generalitat no remite a Madrid unos certificados de “buena conducta presupuestaria”. 

Cuando uno tiene mentalidad de funcionario cutre, que es lo que son Rajoy, Sáenz de Santamaría y Méndez de Vigo, a quienes no me cuesta ni pizca imaginar con gorra y manguitos, se le ocurren soluciones como esa, que al final solo perjudican a los ciudadanos. Los que trabajamos en la administración sabemos hasta qué punto el acuerdo del ejecutivo español es simplemente una rabieta inútil. Un paso más para desmentir con hechos la opinión del letrado mayor del Parlamento catalán. Puede que España sea un Estado de derecho, pero las acciones de su Gobierno son cada día más autoritarias. Lo digo como historiador, lo que me permite constatar, por ejemplo, que algunos juristas son incapaces de ver el contexto político que envuelve una norma y su aplicación. En la España franquista hubo muchos de esos juristas ciegos, como en la Alemania nazi o en la Rusia soviética.

Los que trabajamos en la administración sabemos hasta qué punto el acuerdo del ejecutivo español es simplemente una rabieta inútil

El pecado original del sistema institucional español es la falta total de independencia judicial. Los principios de la revolución francesa se marchitaron con Franco y no se recuperaron con la Constitución de 1978. Y ahora que los unionistas hablan tanto del presunto golpe de Estado que preparan los soberanistas catalanes para el 1-O, deberíamos recordarles que el único intento de golpe de Estado lo intentaron dar los militares el 23-F de 1981 con la altísima complicidad del entorno del Rey. Los historiadores y los buenos juristas sabemos qué efectos tuvo aquello a pesar de que el golpe no triunfase de inmediato. ¿Díganme ustedes si a efectos prácticos la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatuto catalán de 2006 no fue otro golpe de Estado? Se cargó de un plumazo la soberanía popular expresada en un referéndum perfectamente legal.

El 1-O habrá referéndum. Cuanto más se incremente la razia del Estado contra los representantes legítimos de los catalanes, más posibilidades habrá de que el Estado pierda la batalla mediática. No la podrán ganar aunque los medios unionistas y sus periodistas se inventen polémicas donde no las hay. Aunque los Estados autoritarios estén hoy en día en auge en buena parte del mundo —en Rusia, China, EE.UU., Turquía, Polonia, Hungría o en España, entre otros muchos—, a todo cerdo le llega su san Martín, como dice el dicho. Los autoritarios amenazan a los demócratas con su intransigencia y su falta de diálogo. En España los que siguen soñando con recuperar Gibraltar sin contar con la voluntad de los gibraltareños, son los mismos que niegan a los catalanes la posibilidad de decidir sobre su futuro. Casta con caspa. Huelen a dictadura.