Rajoy ‘podría’ convocar una consulta soberanista en Cataluña
Expertos en derecho constitucional europeos constatan que el Gobierno español tiene todos los instrumentos "legales" para permitir un referéndum de autodeterminación, otra cosa es que lo quiera realizar
Atención. Polémica. Algunos expertos –el derecho se interpreta– lo tienen claro. Y lo exponen en el libro El encaje constitucional del derecho a decidir (Catarata); que cuenta, efectivamente, con el latiguillo de «Un enfoque polémico». Lo coordinan Jorge Cagiao y Gennaro Ferraiulo, que ejercen de profesores en la Universidad de Tours (Francia) y en la Federico II de Nápoles (Italia), respectivamente. También participan Mercè Corretja, Laura Cappuccio, Lucía Payero, Andrés Boix y Yacobe Bastida.
¿Una broma? ¿Se desmonta la soberanía nacional española? En vísperas de las elecciones generales, y con la condición de los partidos independentistas de apoyar al partido que esté dispuesto a organizar una consulta en Cataluña, el libro de esos profesores revitaliza el debate. Quien ha contribuido a ello es Agenda Pública, que ha reunido a los autores, junto con expertos constitucionalistas como Xavier Arbós, Joan Vintró, o Joan Llúis Pérez Francesch.
Un referéndum sin tocar la Constitución
La consigna es precisa. Se ha explicado que si no hay debate jurídico, entonces no puede haber debate político. Pero eso, a juicio de los expertos, no es cierto. Los autores del libro aseguran que tienen una ventaja en relación al debate que se plantea en los medios de comunicación de ámbito español. «Conocemos el catalán, leemos las publicaciones en catalán, y hemos accedido a un debate que tiene más ángulos», asegura Gagiao.
La cuestión es que «un referéndum consultivo es viable en el orden constitucional español sin necesidad de reformar la Constitución, aunque también se pueden reformar, claro», insiste Gagiao. La idea, que rebate el principio de Rajoy –según el cual se pone en cuestión la soberanía nacional española– es que esa consulta sería posible porque tiene, precisamente, un carácter consultivo, que no obligaría al Gobierno a tomar una decisión en la línea que marcara sus resultados.
La soberanía nacional, intacta
Los expertos se formulan las preguntas para poder contestarlas de acuerdo a la intepretación que hacen de la Constitución. Por eso mismo señalan en el título del libro que se trata de un «enfoque polémico», pero engarza con lo que otros constitucionalistas españoles defienden, como Vintró o Arbós.
Todo se basa, por tanto, en el artículo 92 de la Constitución, que prevé la posibilidad de organizar referéndums consultivos.
El 9N sí podría servir
Otra cosa es la conveniencia política, y los efectos políticos de una consulta, que, aunque fuea consultiva, supondría un precedente. Es lo que se discutió en un almuerzo organizado por Agenda Pública con los autores del libro. En el debate se originó una discusión entre el diputado de Convergència, Carles Campuzano, partidario de pasar página al camino que ha trazado el independentismo, y buscar la organización de esa consulta, y Xavier Arbós, molesto por esa actitud. A jucio de Arbós la consulta ya se produjo, con el 9N, la que organizó el ex presidente Artur Mas, y por la cual ha sido procesado. En esa consulta «el independentismo perdió, con algo más del 47%, y lo que no vale es decir ahora que se quiere de nuevo un referéndum».
El debate jurídico sigue. Los expertos entienden que los instrumentos existen, y que el problema se debe solventar en el campo político. Es algo que el soberanismo ha defendido en los últimos años, ante la oposición del PP, y también del PSOE, que reclama una reforma de la Constitución que incluya un nuevo pacto polítco con Cataluña. Lo que reivindican los académicos del derecho es que «siempre» la última palabra la tiene «el legislador».
Todo en manos del legislador
El argumento tiene su miga y puede irritar a la dirección del PP. Veamos. Gagiao y Ferraiulo admiten los precedentes. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las consultas soberanistas, en 2008, sobre la consulta en el País Vasco; y en 2015, sobre la consulta no referendaria catalana. Lo que se señaló es que un referéndum consultivo es competencia exclusiva del Estado y los intentos de configurar instrumentos de consulta alternativos han sido «hasta ahora» declarados inconstitucionales por el TC.
Todo se podría abrir de nuevo con las elecciones del 26 de diciembre, en función del equilibrio de fuerzas. Lo que apuntan estos autores es que todo depende de «quien quiera hacerlo», es decir, de la voluntad política.
