Rajoy: la parálisis como estrategia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha debido abordar esta semana dos de los tres problemas más graves que tiene este país en estos momentos sobre la mesa: la corrupción y el desafío soberanista. El tercero, el paro y la creciente pobreza en determinadas capas de la sociedad no estaba en el guión y ha debido ser una ONG, el Banco de Alimentos, la que lo hiciera emerger públicamente con un masivo acto de voluntariado.

En los dos temas acometidos hemos podido apreciar una cierta actitud indolente, a remolque de los acontecimientos, como si la gravedad de la situación le obligara a un esfuerzo voluntarista, molesto, a moverse de la silla que tanto le conforta y salir a la palestra. No ha habido mucho más. Palabras más que actos concretos. Y una cierta regañina por lo pesados que son aquellos que con sus exigencias alteran su natural tendencia a la placidez.

En sus intervenciones en Cataluña no ha habido nada nuevo. Los mismos argumentos, los mismos principios, quizás con mayor acritud, pero nada diferente a lo que le hemos escuchado hasta ahora en el Congreso o en la rueda de prensa post 9-N en La Moncloa. Aquellos que no somos independentistas echamos de menos alguna oferta que sin apartarse de la defensa de la legalidad constitucional abra puentes si no con los líderes del soberanismo sí con las personas que emocionalmente han abrazado una causa que consideran ilusionante. No, sólo más de lo mismo. Necesario, pero no suficiente.

Algo parecido ha ocurrido con su batería de 70 propuestas contra la corrupción, o como fueron presentadas en el Congreso, en un modo más positivo: 70 medidas de regeneración democrática. Todo en ese documento parece como sacado con fórceps, a desgana, en algunos casos son proposiciones ya anunciadas, en otros enunciadas de una manera excesivamente abstracta o generalista, como si se hubieran recopilado con el malhumor de un funcionario obligado a hacer unas horas extras para atender un asunto cuya urgencia no comprende.

Ésa es la sensación que nos queda tras los debates en que la corrupción ha sido protagonista y una vez leído este documento: Rajoy no cree que ése sea un grave problema que está carcomiendo la salud democrática del país. No lo ve. Por eso lanza ese exabrupto contra “los salvapatrias de las escobas”, al modo que Laporta, el ex del Barça, rechazó a grito pelado las críticas a su gestión con aquél: “al loro, que no estamos tan mal”.

Este país cuando no ha querido resolver un problema le ha hecho una ley o le ha creado una comisión. Me temo que estamos en ello. Más leyes, más normas, no van a resolver la corrupción en España si no hay una decidida voluntad política de atajarla y, a raíz de los debates recientemente habidos sobre esta cuestión o de los casos destapados, ni Rajoy, ni Sánchez, ni Mas, ni los sindicatos, tienen credibilidad ante los ciudadanos para su erradicación.

Hay algunas cuestiones que merecen un comentario ex profeso. Por ejemplo, las propuestas para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos. En la lista de medidas defendida por Rajoy se aboga por estimular “fórmulas de participación directa de los afiliados”, mientras Sánchez desde el PSOE reclama con rotundidad la generalización de las primarias. Entre las 70 medidas, se habla también de que se cree un “cargo u órgano encargado de los derechos del afiliado”, puro maquillaje.

Resulta cuando menos curioso que cuanto más pobre es la vida partidista, las dos formaciones mayoritarias pongan el acento en modelos más próximos a la democracia directa que a la representativa, con los peligros que encierra, por ejemplo el fortalecimiento del presidencialismo en los partidos, un fenómeno ya muy acusado ahora.

Son positivas, sin embargo, las propuestas sobre el aumento de medios en la lucha contra la corrupción tanto en la administración de Justicia como en la Agencia Tributaria, así como la creación de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito y la ampliación de los plazos de prescripción, pero actualmente es urgente saber detalles más concretos y en negro en el BOE.

El Gobierno deberá informar, cuando se aprueben las nuevas medidas, cada seis meses de los indultos otorgados, pero hubiera sido mucho mejor para una auténtica regeneración democrática que se limitase extraordinariamente esta potestad gubernamental que transgrede la separación de poderes invadiendo el territorio de la justicia. Quizás en esa relación entre legislativo y judicial es donde se encuentra en mi opinión el mayor vacío de los que estas 70 medidas pretendían ofrecernos.