Quieren censura, no libertad de expresión

El ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél ha servido de excusa a la extrema izquierda para incendiar las calles de varias ciudades durante la última semana, con el apoyo explícito y decidido de ciertos partidos, empezando por los comunistas de Podemos, que detentan el poder junto con el PSOE, y la sorprendente comprensión de algunos políticos, más preocupados por las cargas de los cuerpos policiales que por la oleada de violencia que han desatado los radicales.

Y todo ello, bajo el pretexto de defender la libertad de expresión. No es cuestión aquí de analizar en detalle las circunstancias concretas que han determinado el encarcelamiento de Hasél.

A este respecto, basta decir que la pena concreta de prisión responde a un delito de enaltecimiento del terrorismo, cuya figura puede ser más o menos cuestionada, pero que, sin embargo, está vigente en otras muchas democracias consolidadas donde la libertad de expresión está garantizada.

Lo increíble de este caso no es el encarcelamiento en sí de este sujeto, ni siquiera los disturbios y algaradas que, siempre que hay ocasión, lanzan los movimientos antisistema, sino que la razón última de esta respuesta, tanto a nivel político como social, sea la “libertad expresión”, puesto que sus suspuestos defensores quieren justo lo contrario, acabar con la libertad de prensa, opinión y pensamiento mediante la imposición de la censura, a imagen y semejanza de una dictadura.

Que sea precisamente Podemos quien abandere esta particular causa, siendo esta formación la mayor amenaza para la supervivencia de la democracia española y su sistema de derechos y libertades resulta, cuando menos, paradigmático.

Los comunistas ni entienden ni comparten la libertad de expresión, ya que para ellos tiene un significado muy diferente al que rige en un Estado de derecho, y éste no es otro que prohibir todo aquello que difiera o contradiga su discurso.

Esta es la razón por la que Irene Montero no dudó en denunciar un poemilla burlesco sobre su relación sentimental con Pablo Iglesias publicado en 2017 por, según alegaba entonces, atentar contra su intimidad.

En el Ministerio de la Verdad del Gobierno tampoco tiene cabida la intervención judicial

Y algo similar sucedió con el polémico autobús de Hazte Oír, en el que se podía leer “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva», cuya denuncia archivó la Justicia.

Lo trágico es que no son meras anécdotas aisladas. El Gobierno de PSOE y Podemos está dando pasos muy preocupantes en contra de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

Prueba de ello es la proposición no de ley ideada por Podemos para eliminar de forma automática y arbitraria mensajes de “odio” en las redes sociales, sin la necesaria intervención de un juez.

Especialmente si se tiene en cuenta que el texto en cuestión no especifica cómo o quién determina el significado de “odio” y que su objetivo inicial consiste, además, en acallar las críticas a la nefasta gestión evidenciada en la crisis del coronavirus.

Asimismo, el Gobierno también ha aprobado un procedimiento administrativo para combatir las denominadas fake news, una especie de Ministerio de la Verdad en el que tampoco tiene cabida la intervención judicial.

Y si a todo esto se suma el “control democrático” que quiere imponer Podemos a los medios de comunicación o el nuevo delito de exaltación del franquismo que el PSOE pretende introducir en el Código Penal, lo cierto es que el actual Ejecutivo es la antítesis de la libertad de expresión. De hecho, es su mayor amenaza.