¿Quién va a pagar la ‘tasa Amazon’?

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado recientemente la tasa municipal a los operadores de comercio electrónico. La tasa pretende aplicarse solamente a partir de un determinado umbral de facturación y ha sido bautizada como ‘tasa Amazon’ – resulta evidente que el diseño del impuesto es un traje a medida para afectar a este operador de comercio electrónico en particular. Según el gobierno municipal, el impuesto pretende “frenar el dumping comercial y las problemáticas ambientales asociadas a Amazon”.

Las supuestas problemáticas ambientales del comercio electrónico no solo no se fundamentan en ningún informe técnico, dato o cálculo objetivable. Existe amplia literatura académica que prueba exactamente lo contrario: el comercio físico es más contaminante que el e-commerce. De hecho, hace tan solo unos meses el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) publicaba un estudio concluyendo que el comercio online suponía de media un 36% menos de emisiones de CO2 por unidad que el comercio físico.

La explicación reside fundamentalmente en el diseño de los flujos logísticos: mientras que en el comercio online existen pequeños hubs de paquetería muy repartidos por el territorio que permiten saltos de pequeña distancia entre la fábrica y el cliente final, a menudo en furgonetas electrificables, el retail físico trabaja con un esquema de distribución mucho más centralizado que exige mover grandes volúmenes de producto (camiones no electrificables, por el momento) a centrales logísticas mucho más lejanas del punto de consumo final.

Adicionalmente, en el caso del e-commerce solo se desplaza el producto, mientras que en el caso del comercio presencial se desplaza el producto al punto de venta y el cliente que acude en muchos casos con su vehículo privado al supermercado o centro comercial, una actividad que también tiene una huella de carbono asociada. Otra de las razones que explican el mayor impacto ambiental del comercio físico es el consumo energético de los puntos de venta debido a su iluminación y climatización.

El segundo de los pilares del nuevo impuesto – evitar el dumping comercial o competencia desleal – tampoco parece tener una fundamentación sólida. Amazon y, en general, la mayoría de grandes actores del comercio electrónico, no son productores sino empresas de distribución – en otras palabras, intermediarios entre productores y clientes finales. En el caso concreto de Amazon, entre estos productores encontramos más de 2.000 pymes catalanas, que facturan a la plataforma una suma superior a los 100 millones de euros anuales.

En plena pandemia, entre los productos más vendidos en Amazon estaban las mascarillas fabricadas en Ontinyent, el papel higiénico fabricado en Besalú y el gel hidroalcohólico fabricado en Bigues i Riells. Resulta evidente que el pack de mascarillas que va directamente de Ontinyent a casa del consumidor final tiene una estructura de costes más competitiva que el pack de mascarillas comprado en una droguería, puesto que esta última tiene que incorporar en el precio el coste de la luz, climatización, alquiler del local, sueldos del personal… y un coste logístico propio, que no difiere en exceso del coste logístico del producto que ha ido directamente a casa del cliente.

El Gobierno de Colau opta por penalizar con impuestos al comercio electrónico

La respuesta por parte de la administración a la falta de competitividad estructural del comercio físico en comparación con el comercio electrónico debería ser la creación de facilidades y planes de acompañamiento para que el retail presencial pueda ganar rápidamente presencia online y no perder el tren del cambio tecnológico. En cambio, el gobierno Colau está optando por el camino opuesto: penalizar con impuestos al comercio electrónico.

¿Qué aporta esta tasa? Por un lado, ningún operador de distribución querrá operar a pérdidas. Los consumidores compraremos los productos más caros porque se repercutirá el importe del impuesto. Como no es habitual la discriminación geográfica de precios en e-commerce, el impuesto lo pagarán los consumidores de toda la península, no solo los usuarios de Barcelona.

También es probable que, con el fin de no renunciar a unos precios de venta competitivos, los grandes intermediarios ejerzan una mayor presión hacia los productores (recordemos: 2.000 pymes catalanas están en esa lista) a fin de conseguir un descuento adicional que permita absorber el coste del impuesto sin aumentar tanto el precio de venta. En definitiva, no se dejarán de comprar productos a plataformas de comercio electrónico, no se venderá más producto en tiendas físicas, no se aumentará la velocidad de digitalización del pequeño comercio y no se facilitará la venta online a los comerciantes tradicionales.

La buena regulación es incompatible con la visceralidad y las intuiciones sin fundamento empírico. Por muy tentador que pueda parecer penalizar a multinacionales con nombre y apellido, nuestras instituciones deberían plantear las preguntas adecuadas − ¿de verdad contamina más el e-commerce? ¿seguro que los precios más bajos se deben al dumping? – y evaluar el impacto de sus medidas, no solo hacia el intermediario sino también sobre sus clientes y proveedores. No vaya a ser que el dardo caiga fuera de la diana.