¿Quién fue el culpable de la crisis financiera española?
En las últimas horas se han producido diferentes novedades sobre lo que constituyó el detonante de la crisis económica española: la caída y derrumbe de una parte de su sistema financiero.
El asunto da para tanta demagogia como seamos capaces de acumular, pero el dinero recibido de Bruselas al final sólo ha ido a parar a antiguas cajas de ahorros (y no a todas) y no ha sido necesario para los bancos de estructura pura.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, culpa del desastre a la supervisión que ejercía el Banco de España. Sus inspectores eran los encargados de controlar la salud del sistema financiero y de evaluar sus cuentas, situación, solvencia y riesgos contraídos. Siempre se ha dicho que los inspectores del Banco de España son para las entidades que evalúan como Tarzán en la selva: los reyes del ecosistema. Así que su responsabilidad es relativa y, en cambio, sus jefes –y en concreto el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez— son más merecedores de la reprobación que ningún otro.
Luego, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), señala que la auditora Deloitte cometió graves infracciones en la caída de Bankia. Tanto como decir que auditó mal sus estados contables y que permitió una salida a bolsa con información incompleta para el mercado.
Los pronunciamientos se han intensificado en los últimos días. El consejero delegado de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha señalado en las últimas horas que ni Banco de España ni auditores, que los responsables del hundimiento del sistema de cajas de ahorros fueron los políticos que participaron en sus órganos de gobierno y que utilizaron dichas instituciones en su beneficio personal y partidario.
Han pasado ya unos años de la crisis financiera española. Sus grandes bancos (Santander, Caixabank, BBVA, Popular y Sabadell) han salido inmunes y hasta reforzados de la situación. Sin embargo, por el camino nos hemos dejado una parte del sistema (Bankia, Catalunya Caixa, Banca Mare Nostrum, Banco Valencia, CAM, Bancaja, Novagalicia…) que hacía de España un lugar especialmente atractivo en términos de competencia bancaria.
Puestos a señalar quién o quiénes fueron responsables de lo sucedido, se me ocurre proponer que se reparta a partes iguales los organismos reguladores (Gobierno y Banco de España), los profesionales y técnicos del sistema (y aquí situemos a los auditores y otros ámbitos relacionados) y, finalmente, aquellos políticos que durante los últimos 15 años han participado en los consejos de administración de las cajas de ahorros. Entre todos la mataron y ella sola se murió. La lástima es que la herencia y el legado que nos dejan es de endeudamiento público y restricción de competencia. Suficiente para entender el cabreo generalizado de la ciudadanía e incluso la demagogia que abunda con respecto a esta cuestión.
