Puigdemont no precisa hacer campaña: se la hacen y gratis
“Hemos ganado al Estado”, cantan muchos, sin añadir que gracias a la existencia previa de un estado democrático de derecho nunca lo hubieran conseguido
Carles Puigdemont nació con una flor en el culo, como se dice en Cataluña, y además, cuando cae, lo hace de pie, como los gatos. Ahora mismo, asediado en Waterloo por unos resultados electorales nada favorables que le traían nubarrones para las inminentes municipales y europeas, ha venido la Junta Electoral Central (JEC) a salvarle en vez de cuidarse de sí misma y acrecentar el prestigio que tenía.
Los que hemos cursado Derecho y además lo hemos impartido en la universidad, sabemos que junto a las leyes emanadas de los parlamentos central y autonómicos, existen los principios jurídicos, las costumbres y los aforismos.
Puigdemont está acusado de haber sido autor-dirigente de una rebelión contra el Estado
Es un todo que desea ser armónico y taponar cualquier grieta que aparezca en la interpretación de toda norma y en su aplicación. Una de estas reglas dice que cuando coexistan una ley general y una ley especial, prevalecerá ésta, siempre y cuando contemple y rija el supuesto que nos sea de interés.
Pues bien, siendo cierto que Puigdemont, en su condición de encausado rebelde, fugitivo de la justicia y algunas cosas más —a las que son de aplicación varias leyes por presuntamente haber delinquido como autor-dirigente de una rebelión contra el Estado, de malversación de caudales públicos y de desobediencia a los tribunales, que constituyen el quid de la cuestión en trámite en el Tribunal Supremo—, no es menos cierto que en materia electoral rige una ley ad hoc porque así lo manda la mismísima Constitución.
De esto se olvidó —lo digo con tinte caritativo— la JEC, el máximo órgano en todo evento electoral, compuesto por magistrados y catedráticos de Derecho, liándose con elucubraciones intelectuales que no venían al caso.
El presidente, el vicepresidente y algunos vocales discreparon de la decisión de la JEC
Su acuerdo, purgar determinadas candidaturas, entre las cuales la de Puigdemont al Parlamento Europeo, no contó con la acostumbrada unanimidad, sino que el presidente, el vicepresidente y algunos vocales discreparon abiertamente de la decisión tomada por no ajustarse a derecho.
Impugnada por los expulsados de la lista, la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se inhibió a favor del Tribunal Supremo razonando que podían darse sentencias contradictorias, que es un modo educado de hablar para evitar trabajo y prevenir daños en la justicia ordinaria.
La superioridad les contestó con un no es no —doble adverbio negativo inventado por el presidente Sánchez—, pero les indicó el sentido correcto del auto a dictar: las inegibilidades se hallan reguladas en la ley electoral y constituyen numerus clausus (no hay otras)-. Y ganó Puigdemont.
El papel de ERC
La Junta Electoral Central le ha hecho la campaña electoral, y encima gratis, al procesado rebelde, en expresión del ministerio Fiscal, muy discutida por la doctrina penal, y los independentistas lo celebran sin reconocer que la justicia española es garantista como muy pocas.
“Hemos ganado al Estado”, cantan muchos, sin añadir que gracias a la existencia previa de un estado democrático de derecho nunca lo hubieran conseguido.
ERC, tocada y hundida por la anulación del acuerdo de la JEC, se ha añadido a la procesión sabiendo que Puigdemont ya gana a Junqueras gracias a Madrid. Y por si la entronización del fugado no hubiera sido poca, viene el PP e impugna la resolución judicial ante el Tribunal Constitucional.
Sandez tras sandez, y tiro porque me toca. Pues vamos bien.
