¿Pueden los empresarios hablar de la independencia?

Hace años, reparé en un bar en una de aquellas baldosas de cerámica que adornaban en otros tiempos las trasbarras de esos establecimientos. Ya saben: “Hoy no se fía, mañana sí” y otra que decía, aproximadamente, que estaba prohibido hablar de fútbol y de política. Comerciantes y pequeños empresarios han utilizado esa máxima desde tiempos pretéritos. Hoy, a eso se le llama atención al cliente, responsabilidad social corporativa, actividades de fidelización y todo un largo remolque de eufemismos que sólo encierran un mensaje: satisfacer al cliente, directo y potencial.

En la gran mayoría de empresas y establecimientos públicos, la filosofía de no tratar sobre asuntos que pudieran dar lugar a espinosos debates o discusiones entre proveedor y cliente sigue vigente. Y seguramente en territorios con especial tradición comercial, como el catalán, no se abandone jamás.

Pero si la prudencia del empresariado en lo político y lo social es un activo de sus negocios y empresas, también es obvio que sólo funciona así en los espacios de consenso. Por ejemplo, tenemos un sistema tributario aceptado de forma colectiva y el empresariado se pronuncia sobre el mismo en términos de defender sus intereses en la búsqueda de la mínima presión fiscal. Otro tanto sucede en términos de cobertura social, con las cuotas patronales. Y, por supuesto, también hablan de la educación, como de las políticas económicas en general.

 
Los pronunciamientos conocidos hasta hoy son significativos, pero insuficientes para el debate económico real

Al empresario le cuesta mucho más pronunciarse sobre cuestiones en las que el consenso no es obvio. Y el proceso soberanista es uno de ellos. La gran mayoría de empresarios (con independencia del tamaño de su actividad y negocio) mantienen un bajo perfil público sobre el asunto. Hasta ahora sólo se han pronunciado, en un sentido u otro, quienes son muy valientes o tienen muy clara la afectación que tendría una eventual independencia sobre sus intereses.

Es el caso, por ejemplo, de grandes empresarios como José Manuel Lara (Planeta), Josep Lluís Bonet (Freixenet), Josep Oliu (Banc Sabadell), Isidro Fainé (Caixabank)… Todos ellos pilotan empresas con intereses muy repartidos entre los territorios que podían ser objeto de separación y ese horizonte les nubla la vista. Les preocupa sobremanera por el daño que pudieran sufrir por un cambio político en ese sentido. Su opción, en la mayoría de los casos, circula por el camino de la negociación, el diálogo y el pacto.

 
Las patronales navegan casi todas por el territorio de la ambigüedad para no incomodar ni perder prebendas

Algo similar sucede con quienes han dado el espaldarazo a una Catalunya independiente. En su mayoría son responsables de empresas con mercados muy localizados en Catalunya y, a lo sumo, con alguna puerta abierta a la exportación europea. El más beligerante de cuantos han abogado de manera directa por un divorcio con España ha sido Joan Font, el prohombre de la red de supermercados Bon Preu, que no tiene ningún tipo de restricción en explicar incluso en su web que la suya es una empresa catalana, del Principat dice, sin más. Habla de su mercado.

Son significativos, pero insuficientes. Uno de los aspectos hurtados en todo este reciente pero intenso debate es el relativo a las verdaderas consecuencias económicas de la independencia que algunos políticos parecen dar casi por hecha. Y sí, es obvio que como ciudadanos poseen una opinión, pero parece seguro que la gran mayoría habrán razonado, al menos mínimamente, sobre el futuro de sus empresas en un nuevo escenario. En línea con la máxima de prudencia que encabezaba este artículo, parece necesario que llegados a este punto sigan sin fiar a sus clientes, sin hablar de fútbol, pero que nos expliquen qué opinan, cómo se imaginan un cambio de esa magnitud y qué consecuencias comportaría, sean positivas o negativas.

La ciudadanía en general agradecería quebrar esa especie de pacto de silencio que persiste en el ambiente, que forma parte de la tradición comercial y que además entronca muy bien con el posibilismo y pragmatismo empresarial catalán. Y llegados a ese punto se responde a la pregunta de este artículo: no solo deberían hablar más allá de que lo hagan como electores, sino que sería higiénico y altamente edificante conocer sus pareceres por encima incluso de algunas de sus organizaciones representativas, patronales que navegan casi todas por la ambigüedad calculada para no incomodar (la política de la baldosa) ni renunciar a prebendas históricas.