¿Prohibido trabajar? La odisea de homologar títulos universitarios extranjeros en España
La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados
“Asegurar trabajadores cualificados es asegurar nuestra prosperidad”. La frase del Ministro de Trabajo, Hubertus Heil, define a la perfección el espíritu de la reforma de la nueva ley de inmigración alemana, aprobada por el Consejo de ministros hace tan solo dos semanas.
La “coalición semáforo” entre socialdemócratas, verdes y liberales se dispone así a desplegar un considerable esfuerzo legislativo para atraer a aquellos ciudadanos extracomunitarios que se plantean trabajar en Alemania los próximos años. La reforma prevé, entre otros, simplificar los trámites administrativos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los inmigrantes y facilitar la entrada al país de sus familiares.
La escasez de mano de obra cualificada es un problema de primer orden para la mayor economía europea: le está costando más de 80.000 millones de euros al año, según un informe reciente de Boston Consulting Group. La mitad (un 49,7%) de las empresas encuestadas declara su preocupación por la escasez de personal cualificado.
Mientras tanto, la administración española tarda hoy más de dos años de media en homologar los títulos universitarios de los inmigrantes extracomunitarios. En algunos casos las resoluciones se pueden alargar hasta seis años. Esta situación ha creado un cuello de botella de más de 15.000 expedientes pendientes según datos del propio Ministerio de Universidades. 15.000 personas que, aun residiendo en nuestro país, no pueden ejercer su profesión y ser miembros productivos de la sociedad española. De nuevo, la burocracia dificulta la inserción de los extranjeros, tanto en el mercado laboral como en el ámbito académico.
Las normativas nacionales varían en función de los requisitos especificados para el reconocimiento de los títulos universitarios conseguidos en otros países, o en relación con los mecanismos para ejercer una profesión regulada por las regulaciones nacionales o europeas.
España concretamente establece una serie de Grados y Másteres habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas: abogacía, medicina, odontología, psicología, arquitectura, ingenierías, etc. Ante esta realidad, la Comisión Europea lleva años intentando impulsar normativas y otras medidas que tratan de abrir caminos efectivos a la movilidad de los profesionales, una parte importante de los cuales ya disponen de titulación universitaria.
La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados
Además, cabe recordar que las dificultades administrativas que se pusieron de manifiesto durante la pandemia para poder disponer de un pool suficiente de profesionales sanitarios son la prueba definitiva de la urgencia de actualizar la normativa vigente. El 13.7% de los profesionales sanitarios en España son titulados extranjeros, por debajo de la media de la OCDE, que se sitúa en el 26%, y lejos de países de Europa como Alemania (20.2%), Irlanda (41.1%), Suecia (30.5%) o el Reino Unido (33.1%).
En octubre de 2021 el por entonces Ministro de Universidades, Manuel Castells, presentó el borrador de un nuevo real decreto (RD 967/2014) en el que se establecían las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de títulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. El objetivo era limitar a un plazo máximo de seis meses este proceso. Más de un año después de este anuncio, el borrador se encuentra en el Consejo de Estado para su dictamen. Sin embargo, la ley deja fuera los más de 15.000 expedientes actualmente en tramitación por haberse realizado bajo otra normativa.
La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados, que piden acabar con las trabas burocráticas para tener la posibilidad de trabajar en aquellas profesiones para las que están formados. Incluso existiendo convenios entre España y países de América Latina como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, para el reconocimiento de los títulos profesionales y grados académicos, las demoras siguen impidiendo trabajar a los profesionales originarios de estos países. Desde el Ministerio de Universidades reconocen los problemas existentes en este procedimiento.
Como destaqué en este artículo, los mismos inmigrantes a menudo juzgados por su contribución económica al país de acogida, enfrentan políticas diseñadas justamente para reducir la misma. Por si no fueran suficientes los trámites burocráticos para obtener los permisos de residencia y trabajo, nuestras administraciones obstaculizan la homologación y convalidación de títulos extranjeros.
España tiene la oportunidad de aplicar un nuevo marco normativo para la integración laboral de sus residentes extracomunitarios, en beneficio para su sociedad y su mercado laboral, pero sobre todo para garantizar que estas personas pueden ejercer su derecho al libre ejercicio profesional, contribuir a su entorno y desarrollar sus propios proyectos vitales sin interferencias e impedimentos innecesarios.
