Proceso de postverdad nacional

¿Qué hubiese ocurrido si, en 1984, la Audiencia de Barcelona hubiese procesado al entonces reelegido presidente de la Generalitat Jordi Pujol, y con él a una veintena de otros altos directivos de Banca Catalana, a quienes los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena acusaban por los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas?

¿Qué hubiese sucedido si, en 2005, el entonces sucesor de Pujol en la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, tras dirigirse en sede parlamentaria a los diputados de CiU diciéndoles «ustedes tienen un problema y se llama 3%», no hubiese retirado sus palabras después de que Artur Mas le amenazase con retirarle su apoyo imprescindible para el proceso de redacción y aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía?

Estas dos preguntas nos sitúan en el terreno de la pura ucronía. Pero resultan particularmente oportunas en unos momentos como los que estamos viviendo ahora en Cataluña.

Si en 1984 se hubiese puesto coto al expolio financiero llevado a cabo en Banca Catalana, o si Maragall, en 2005, hubiese mantenido su acusación a pesar de todas las amenazas convergentes, es más que probable que no se hubiesen producido, incluso desde antes y al parecer hasta nuestros días, la interminable sucesión de escándalos de corrupción política y de financiación ilegal que han afectado y afectan a CiU, no solo durante los más de treinta años de gobiernos de la Generalitat presididos por Pujol y Mas sino también en otras administraciones, ya fuesen estas municipales, comarcales o provinciales, todas ellas gobernadas por los convergentes.

Estamos reviviendo ahora en Cataluña aquel histriónico victimismo de Pujol en el balcón del palacio de la Generalitat. Ahora es Mas quien se escuda en el mismo victimismo. Resulta interesante, y sobre todo muy ilustrativo, recordar cómo el entonces supuestamente «molt honorable» Pujol llegó a acusar al Gobierno español de haber «hecho una jugada indigna», llegando al extremo del cinismo de aseverar que «a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos».

También Artur Mas dice cosas por el estilo ante el alud de nuevas pruebas que apuntan a la existencia en la antigua CDC, hoy PDECat o lo que sea, de una corrupción sistémica desde hace décadas y que ha permitido a esta formación política financiarse de forma irregular e ilícita.

Pugnando con afán digno de mucha mejor causa por intentar salir de aquella «papelera de la historia» a la que le envió la CUP, Mas también apela a una supuesta e indemostrada persecución policial y judicial a su partido por motivaciones exclusivamente políticas. Solo le falta decir, como Jordi Pujol en 1984, aquello de «somos una nación, somos un pueblo, ¡y con un pueblo no se juega!».

El autoproclamado «proceso de transición nacional» se ha convertido en «proceso de postverdad nacional». No solo por lo equivocado de su planteamiento inicial. También por la sucesión de postverdades que se nos anuncian, desde unos datos erróneos sobre la injusticia de la financiación de la Generalitat hasta los alegatos antidemocráticos del exjuez y ahora también exsenador Santiago Vidal.

Todo ello pasando por los desmentidos oficiales de reuniones al más alto nivel que en efecto se celebraron en el palacio de la Moncloa, y tantas y tantas otras postversdades –esto es, puras y simples mentiras- que han sido y siguen siendo el único fundamento de un proceso que tampoco es «de transición nacional» sino simple y llanamente de secesión, del mismo modo que el llamado «derecho a decidir» no es más que una mala transposición del derecho de autodeterminación.

Ante el Tribunal Supremo el exconsejero y ahora diputado en Cortes Francesc Homs podrá intentar, a partir de hoy mismo, convencer a los magistrados que las acusaciones contra Mas, la exvicepresidenta Ortega, la exconsejera Rigau y él mismo son algo equiparable al frustrado golpe de Estado del 23-F. Tal vez utilicen también esta excusa, a partir del próximo miércoles y en la Audiencia de Barcelona, Fèlix Millet, Jordi Montull y los restantes acusados por el expolio del Palau de la Música Catalana.

Ocasiones habrá, y por cierto van a ser muchas, para que unos y otros intenten convencernos de sus postverdades. Extesoreros de CDC como Andreu Viloca o Daniel Osácar, y con ellos otros cargos del partido fundado por Jordi Pujol y luego liderado por Artur Mas, podrán seguir con su interminable proceso de transverdad nacional.