Presupuestos 2017: la hora de la verdad
Después de superada la cuestión de confianza y una vez celebrado el debate de política general en el parlamento, los grupos independentistas, que suman 72 de los 135 escaños, han conseguido imponer un nuevo relato con la concreción de la llamada hoja de ruta, cuya orientación se basa en la defensa a ultranza del referéndum como única solución posible al conflicto abierto entre Cataluña y España desde hace décadas si no centurias.
El parlamento ha tomado muchas decisiones estos días, entre ellas la de aprobar las leyes de desconexión en junio del 2017 y acto seguido convocar el referéndum sobre la independencia. Por lo que el referéndum tendrá lugar, como mucho, la segunda quincena de septiembre.
El parlamento de Cataluña ha aprobado, también, que la Generalitat ofrezca al Gobierno español una negociación para pactar un referéndum sobre la independencia. El guiño no va dirigido al PP o al PSOE, integrantes junto con Ciudadanos del frente del no, sino a los «comunes», cuyos líderes siguen atrapados aún por el espejismo que en Madrid hay posibilidades de negociar algo.
La abstención de CSQP en la votación de este jueves de la resolución que instaba al Govern para que convocase el referendo así lo indica. Será el último ofrecimiento antes de aprobar las leyes de desconexión y la propia convocatoria del referéndum, pero ahí está.
Antes de llegar a este punto, el primer paso real que debe dar la mayoría independentista es aprobar el próximo mes de diciembre el presupuesto de 2017 para no volver a tropezar con la piedra que fulminó el presupuesto del año pasado. Esa va a ser la prueba del nueve de lo que se acaba de aprobar. Sin presupuesto no es posible promulgar las leyes de desconexión ni disponer de los recursos necesarios para afrontar el final del proceso soberanista con la formación de los empleados públicos necesarios durante la transición y después, que será cuando se tendrá la necesidad de asumir la gestión de servicios que ahora están en manos del Estado.
Sin formación en competencias reales no hay Republica catalana que valga. Los independentistas tienen la obligación, además, de amortiguar el miedo al cambio de los empleados públicos, que serán los encargados de asegurar la base social de ese nuevo Estado soberano que se persigue. Y eso cuesta dinero.
El Govern tiene el encargo de terminar antes del mes de junio del 2017 las estructuras de Estado y los planes de actuación necesarios para abordar la desconexión legal de España y los primeros meses de la Cataluña independiente. Las principales estructuras estatales detectadas, sumadas a los servicios ya disponibles, son las relativas a la hacienda y la administración económica y tributaria, la seguridad social, el poder judicial, la seguridad pública, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía y el agua, y las relaciones exteriores.
La resolución presentada y aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP deja muy claro que el bloque independentista cree necesario incorporar al presupuesto del 2017 los recursos financieros necesarios para cumplir con el proceso constituyente transversal, plural, democrático y abierto que se quiere. Sin presupuesto y sin su correcta distribución, los planes constituyentes puede que acaben siendo un brindis al sol. Ahí es donde cada cual debe pensar en lo vota y por qué lo vota.
Estamos, pues, ante la hora de la verdad y el Gobierno del PP y los unionistas en general, lo saben. Es por ello que arrecia la persecución contra los líderes soberanistas, con el expresidente Artur Mas a la cabeza. Frente a tamaño embate del unionismo, que en sus sueños húmedos incluso sueña con poner la bandera española en el peñón de Gibraltar, lo que sería el colmo es que los diputados de la mayoría independentista se pegaran ellos mismo un tiro en el pie volviendo a las andadas ante la urgente aprobación de los presupuestos, digamos, de la desconexión. Sin dinero no habrá independencia. Seamos serios.
