President Mas, ¿es limpia la privatización del agua catalana?

En los próximos días se dilucidará una de las privatizaciones más importantes de Catalunya desde el restablecimiento del autogobierno y de las instituciones propias: Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa encargada del suministro de agua desde los pantanos a los depósitos de cabecera de los municipios. La trascendencia procede no tanto del volumen económico de la operación, que en otros tiempos hubiera tenido un precio mayor y muchos más novios, sino porque la necesidad de fondos de la administración autonómica es tal en estos momentos que quizá esté llevando a una cierta precipitación formal.

Dos empresas han concurrido, junto a otros socios, al concurso convocado por la Generalitat. De un lado, Aguas de Barcelona (Agbar) y, de otro, Acciona. Lo que podía constituir una operación mercantil sin más debate que la oportunidad política de desprenderse de un servicio público como éste se está convirtiendo en la recta final en un asunto de calado político que arrastra una transacción empresarial en su mochila.

Seamos directos: Acciona, de José Manuel Entrecanales y familia, viene con dos socios locales (Fernando Rodés y la familia Godia-Torreblanca). Con sede en Madrid, fue la empresa que más se benefició de la OPA de Endesa sobre Gas Natural. OPA fallida para la catalana, no se olvide. Acciona intermedió especulativamente, con la financiación del Santander de Botín, y obtuvo pingües beneficios del fracaso. Agbar viene de la mano de La Caixa, que es accionista minoritario (el mayoritario es la francesa Suez) y socio financiero en la operación.

Después de escuchar al presidente en la entrevista del programa Salvados, uno tiene la sensación de que lo que mantiene con el poder financiero y empresarial catalán no es un pulso político, sino un desafío en toda regla. Está en su derecho de marcarles el paso, pero con cuidado, no resulte que los árboles le impidan ver el bosque.

En reciprocidad política, ¿podrá Agbar un día optar con garantías de éxito a quedarse con el Canal de Isabel II, la gestora del agua de Madrid?; ¿El concurso de privatización está hecho a la medida de alguien (la oferta económica pondera el 75% mientras que la técnica sólo un 25%)?, ¿La decantación que parece percibirse en el concurso tiene que ver con que el director de la Agencia Catalana del Agua, Leonard Carcolé, mantenga abiertas discrepancias con la dirección actual de Agbar, en la que él prestó servicios muchos años?, ¿Las bases del concurso son neutrales?

Hay más preguntas para el presidente Mas: ¿Cree usted que la garantía de empleo presentada por Acciona a 50 años vista es creíble a la vista de los cambios en el mercado o la memoria será frágil?, ¿Y qué nos dice de la oferta por metro cúbico de agua, es creíble?, ¿Hay precipitación recaudatoria en una operación tan estratégica como es desprenderse del control del agua catalana?

Mientras sus equipos están pendientes del análisis de viabilidad de la oferta, me gustaría que nos diera tranquilidad, que se pueda vivir en un país en el que sus dirigentes respondieran a más interrogantes como los planteados y menos a otras dudas sobre la esencia y la existencia que nos invaden. Un error en el planteamiento puede tener consecuencias altísimas en el futuro, sea cual sea. Ojalá que los responsables de esta privatización la traten como el bien público que venden: insípidamente, de forma inodora e incolora. Vamos, que resulte una venta limpia en todos los sentidos.