¿Por qué Puigdemont no convoca elecciones ya?

La noche electoral del 27 de septiembre de 2015, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Junts Pel Sí, Artur Mas, proclamó en tantos idiomas como pudo que habían ganado las elecciones. Verdad a medias, ya que el propio Mas había dado carácter plebiscitario a los comicios y no llegó al 50% del voto emitido, con lo que el plebiscito no salió victorioso.

Pero repitiendo constantemente la media verdad se acuñó el argumento del «mandato» para justificar la promesa electoral de construir la Republica Catalana en dieciocho meses. Promesa electoral que todos sabían, Mas incluido, que era de imposible cumplimiento. Comportamiento político, a mi juicio, censurable.

La estrategia del «procés» ha consistido siempre en un discurso emocional y victimista, buscando la confrontación como eje de su actuación.

Al día siguiente de las elecciones todos los dirigentes independentistas empezaron a hablar del «mandato» democrático» para justificar la puesta en marcha del «procés», prescindiendo del 53% del electorado que votó exactamente lo contrario.

La concreción del mandato democrático la conocimos al aprobarse en el Parlament de Catalunya la resolución de 9 de Noviembre de 2015. Conviene recordar alguno de los puntos aprobados en aquella declaración.

«El Parlament de Catalunya proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo con el objetivo de preparar las bases de la futura constitución Catalana».

¿Puede alguien explicar cómo se lleva a la práctica tal resolución?, o ¿qué actuaciones se han producido en esa dirección? Difícil respuesta…

En otro apartado, la resolución aprobada dice lo siguiente: «El Parlamento de Catalunya ha de adoptar las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión del Estado Español, de una manera democrática, masiva, sostenida y pacífica, que permita el apoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y se base en una participación abierta, activa y integradora».

¿Alguien es capaz de explicitar que quiere decir exactamente este punto de la declaración? Y más difícil todavía, ¿cómo se ejecuta lo que dice? Complicada respuesta, como también lo sería explicar que ha hecho el Parlament de Catalunya en la dirección aprobada por la resolución.

Por supuesto que la declaración declara «solemnemente el inicio de creación de un estado Catalán independiente en forma de Republica». Otro brindis al sol…

Hace ya más de un año de esta declaración, y pronto se cumplirá un año de la investidura de Carles Puigdemont, un año en que se ha seguido mareando la perdiz con el «procés», que si pantallas, que si DUI, o RUI, las estructuras de estado o las leyes de desconexión. Todo irrealizable, con el objetivo de mantener el estado emocional de una parte de la población, a sabiendas de que es inviable.

Va siendo hora ya de poner fin a tanto dislate y tanta ficción. Son ya muchos años enrocados en declaraciones y más declaraciones, con movilizaciones, apoyando en algunos casos la desobediencia civil, y con promesas electorales y resoluciones de imposible cumplimento.

¿Cómo es posible que en una campaña electoral se adopte el compromiso de crear un estado en dieciocho meses?

¿Cómo es posible que, en sede parlamentaria, se afirme que habrá un referéndum sí o sí, sabiendo que no va a ser posible?, ¿o pretender aprobar una ley de transitoriedad jurídica sabiendo de antemano que no va a tener ni un minuto de vigencia?

Este reiterado comportamiento político, de obligarse públicamente a cumplir «mandatos imposibles», es a mi juicio reprobable. Y más reprobable es declarar hacer caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero es que no es sólo al Tribunal Constitucional, tanto el Letrado Mayor del Parlament como el Consell de Garanties Estatutaries advirtió a la Presidenta Forcadell del riesgo de ilegalidad de someter a votación algunas resoluciones. No atender a los mecanismos del estado de derecho cuando no coinciden con los puntos de vista propios, no es exactamente un comportamiento muy democrático.

Mientras se actúa así, se culpa al Gobierno Español de poco demócrata y de incrementar la desafección y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Siempre la culpa es ajena, nunca propia, y en estos temas creo que la responsabilidad es compartida. Sólo asumiendo los errores puede enfocarse el futuro con acierto, unos y otros.

El comportamiento del Govern y del Parlament en el llamado «procés» es una perversion de las funciones de las instituciones. Mientras, se acusa al Estado Español de ser una democracia de baja calidad. El «procés», en cambio, es un ejemplo de democracia de alta calidad. Situar el debate en los términos de que unos son demócratas y otros no, es un camino poco riguroso y perverso.

Las instituciones no están para hacer proclamaciones solemnes que rayan la ilegalidad y conducen a la confrontación en vez de al diálogo y el acuerdo. Hoy, lamentablemente, el Parlament actúa sin tener en cuenta para nada a los grupos parlamentarios que no votaron la famosa resolución, que, en votos populares, representan a millones de ciudadanos, más que los que representa la mayoría parlamentaria de Junts Pel Si y la CUP.

Es necesario un cambio en el proceder del Govern de la Generalitat, o vamos directos a un callejón sin salida, como el que inauguró Artur Mas el pasado sábado, con una afirmación, por cierto, sorprendente: «La calle no tiene salida para que no puedan entrar los adversarios políticos». Pero ¿qué concepto tiene Artur Mas de la democracia? ¿Excluir a los que no piensan como uno?

Es necesario abrir otro tiempo político, en el que el diálogo sea el eje de la actuación política. En España no hay mayoría absoluta, escenario propicio para el diálogo, que también debe empezar a ejercer con ahínco el Gobierno Español en relación a Cataluña, superando lo ocurrido en la legislatura pasada, donde no hubo voluntad clara de dialogar.

Cuanto antes se celebren elecciones en Cataluña mejor. De lo contrario, vamos a seguir unos meses más con la promesa de un referéndum que el Govern sabe que no se va a celebrar, incrementando, por razones puramente electorales, la tensión y la confrontación. ¿Beneficiará en algo a los ciudadanos este periodo de tiempo hasta después del verano?

¿Para que seguir engañando unos cuantos meses más? ¿Vamos a conseguir algo positivo?
Es momento de distendir la situación. De rebajar la tensión. La mejor forma para ello es no alargar más la cita electoral, para iniciar un nuevo periodo presidido por el diálogo encaminado a resolver los temas pendientes que tiene planteados la Generalitat ante el Gobierno de España, muchos de ellos justos y razonables.

Financiación, inversión en infraestructuras, cercanías de Renfe… y tantos otros temas que urge abordar y que el Gobierno de Madrid debe atender sin más demora.

Alargar el tiempo para seguir con el victimismo, que sólo tiene razones electorales, resultará largo y tedioso, y en nada beneficiará a las justas reivindicaciones que tiene encima de la mesa el Govern de la Generalitat. Hace falta un tiempo nuevo y sólo las urnas pueden facilitar su comienzo. Los ciudadanos merecen que se piense más en sus intereses que en estrategias electorales.