Por qué hay que suprimir el impuesto sobre el patrimonio

Señala el tópico que la izquierda es partidaria de la libertad, la igualdad, la justicia y la transformación social. La izquierda o el cambio. La derecha o el inmovilismo.

Señala el tópico que la izquierda defiende que el futuro de todos los seres humanos ha de ser mejor que su presente y todos tienen derecho a participar en la distribución de la riqueza. A la contra, la derecha cree que hay factores que explican y justifican diferencias en la condición y destino de los seres humanos, al tiempo que antepone el interés de determinados grupos a cualquier proyecto de renovación social. La izquierda progresista frente a la derecha reaccionaria.

Señala el tópico que la izquierda protege los intereses de los desfavorecidos, apuesta por el progreso y la innovación, promueve sociedades tolerantes y pluralistas. El revés: la derecha. La izquierda o la generosidad, el progreso, la tolerancia y la pluralidad. La derecha o el egoísmo, la involución, la intolerancia y la uniformidad. La izquierda buena y la derecha mala, decíamos arriba.

El yudo moral

Quizá por eso, la izquierda tiene la costumbre de practicar el yudo moral. En síntesis, la derecha –por ser lo que es y ser quien es- está en pecado original permanente, sin ninguna posibilidad de redención. Un yudo moral que tiene dos objetivos fundamentales: convertir la derecha en un gueto y culpabilizar a sus simpatizantes hasta la claudicación por vergüenza o impotencia. El yudo moral de la izquierda o ese acosar a la derecha con la bandera de la ética para sacar réditos ideológicos y políticos.

¿La izquierda? Haga lo que haga, siempre encuentra quien le ría las gracias, sea por convicción o interés. Decía Josep Pla que “en este país [máxima que puede aplicarse no solo a Cataluña, sino también a España], hay una manera cómoda de hacer una vida suave, tranquila y regalada: consiste en afiliarse al extremismo razonable y lavarse las manos, pase lo que pase”. Una izquierda con frecuencia imprudente y vanidosa que causa más problemas de los que resuelve. No es un tópico.

¡Qué escándalo!

Y en eso que Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, decide suprimir el impuesto sobre el patrimonio. ¡Qué escándalo! Vuelve el yudo moral de la izquierda. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, adelantándose incomprensiblemente a Félix Bolaños, toca el silbato: ¿qué intereses defiende este PP? ¿Al lado de quién está? Eliminan impuestos a los privilegiados y dan regalos fiscales a los ricos, cosa que se traducirá en menos recursos para contratar maestros e impulsar políticas sociales.

La portavoz toca el silbato y los demás ministros y ministras, así como los correspondientes resortes mediáticos, le siguen con singular entusiasmo. Con la excepción de José Luis Escrivá, que mete la pata hasta el corvejón al proponer la centralización fiscal. Posteriormente, aclarará sus palabras: se trata de una “opinión personal”. De lo cual se pueden deducir cuatro cosas: que el ordeno y mando gubernamental está bien engrasado, que José Luis Escrivá actuó como Ministro de Inclusión que es, que el Gobierno no apostará por la centralización fiscal, y que los demás ministros y ministras –todos y todas a una- carecen de opinión personal.

No solo la izquierda puede bajar impuestos

Porque las Comunidades Autónomas son competentes al respecto. En un Estado constitucionalmente cuasi federal como España, no tiene sentido suprimir a la carta las competencias de las Comunidades Autónomas.

Porque, dicha supresión estaba en el Programa del Partido Popular de Andalucía que mayoritariamente votó la ciudadanía en las últimas elecciones autonómicas. ¿Acaso no hay que cumplir los programas de los partidos políticos?

Porque, en la mayoría de Estados de la Unión Europea dicho impuesto no existe: una doble imposición que recauda poco y no solo perjudica a los ricos. Hay que adaptarse a los usos y costumbres de la Unión Europea, incluso, en materia fiscal. ¿Qué hacer con esos privilegios que son el cupo vasco y el amejoramiento navarro que también son constitucionales?

Porque –suponiendo que el impuesto solo perjudique a los ricos-, hay que tener sentido del límite con los impuestos vengativos: si a los ricos se les exprime más de la cuenta, podrían cambiar de un domicilio autonómico a otro igualmente autonómico, podrían migrar -legalmente- el capital y el patrimonio a una sociedad patrimonial o una sicav o a unos países vecinos como Portugal en donde, por cierto, dicho impuesto ha sido suprimido por la izquierda que tanto agrada al socialismo español. La competencia es hoy internacional.

Porque, la Junta de Andalucía tiene todo el derecho liberal del mundo a competir con quien crea oportuno, incluso en materia fiscal, siempre que lo haga en el marco de la legalidad democrática vigente. Si eso ocurre en los Estados Unidos –no en una Unión Europea que carece de dicho impuesto-, ¿por qué no en España?

Porque, la Junta de Andalucía tiene derecho a promocionarse como un lugar en donde los ciudadanos podrían vivir mejor al disfrutar de una menor presión fiscal. En tiempos de crisis –incluso, de inflación- el dinero en el bolsillo implica vivir un poco mejor.

Porque, no es cierto que los 93 millones de euros que la Junta de Andalucía dejará de ingresar al suprimir el impuesto repercutirán negativamente en la vida de los andaluces. Dicha supresión puede ser una excelente inversión si atrae a un número suficiente de nuevos ciudadanos que, por los demás, devengarán también su correspondiente IRPF en Andalucía.

Porque, si es cierto que Andalucía es una Autonomía que recibe los recursos que aportan otras Autonomías, también lo es o puede ser que los resultados de la inversión que supone la supresión del impuesto sobre patrimonio puedan dar lugar a que Andalucía pase a ser una Comunidad que también aporte recursos al fondo público.

Porque, no solo la izquierda puede bajar impuestos.

Contraataque

La supresión del impuesto sobre el patrimonio, ¿una manifestación de populismo? Probablemente. En cualquier caso, no puede competir con el populismo rencoroso de trazo grueso que quiere gravar las grandes fortunas. De hecho, un bis del impuesto sobre el patrimonio, que sustrae competencias a las autonomías, que el PSOE rechazó, por ineficaz, el junio pasado en el Congreso.

Se acercan elecciones y hay que proteger a la clase media trabajadora de los ricos y los poderes ocultos para que “no sufran los de siempre” y paguen “los más pudientes” y los “que más tienen”. Un contraataque en toda regla para no perder la iniciativa en un asunto capital de las próximas generales.