¿Por qué Cataluña es sumisa frente al decretazo del apagón?

El decreto de ahorro energético llevó a muchas comunidades autónomas a alzar la voz. Más allá del recurso de anticonstitucionalidad anunciado por la Comunidad de Madrid, otras CCAA mostraron su disgusto o discrepancia por falta de concreción de las medidas, por invasión de competencias o por nulo consenso y consulta con los consejeros autonómicos.

El Lehendakari Urkullu, tan socio de Pedro Sánchez como el Presidente autonómico catalán, Pere Aragonès, mostró en rueda de prensa su disgusto, pero en Barcelona hubo silencio y ya es sabido que quien calla otorga. El ensordecer silencio de la Generalitat no se debe solo a que el decreto regulador de iluminaciones de escaparates y oficinas y de termostatos les haya pillado de vacaciones en la Costa Brava o Menorca, únicos destinos a los que puede dirigirse para vacacionar un jerarca independista catalán, sino a lo pactado en la “mesa de diálogo” celebrada a finales de julio.  

La Generalitat nos tiene acostumbrados a que ante cualquier actuación del gobierno central ponga, con razón o no, el grito en el cielo. Sea cual sea el tema sobre el que el gobierno de turno emita orden, decreto o ley, la respuesta de la Generalitat de Cataluña es siempre la misma: “esta norma es inadmisible, es un ejemplo de la política de recentralización y la recurriremos al Tribunal Constitucional”. De hecho, la Generalitat catalana es la administración que más recursos tiene presentados frente al TC.  

En este estado de cosas, el silencio sobre el decreto es sorprendente… pero tiene motivo. En la llamada mesa de diálogo, el PSOE, ERC, Podemos, los Comunes y Yolanda Díaz (Sumar) acordaron que la Generalitat de Cataluña tendría barra libre para desplegar la nueva legislación en materia lingüística resultante de querer incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a impartir el 25% de la docencia en lengua española.  

La Generalitat ha desarrollado, al amparo de la nueva legislación lingüística pactada entre ERC, Junts, Comunes y el PSC, una normativa específica para las escuelas infantiles

Si bien en materia de respuesta al gobierno central en materia de regulación de consumo de energía la Generalitat está de vacaciones, no lo está en materia de reglamentación lingüístico-educativa dado que están aprovechando el verano para que cuando empiece el nuevo curso, en pocas semanas, todo esté a punto para que toda la enseñanza se imparta en catalán desoyendo la sentencias judiciales. De hecho, la Generalitat ha desarrollado, al amparo de la nueva legislación lingüística pactada entre ERC, Junts, Comunes y el PSC, una normativa específica para las escuelas infantiles (entre 0-6 años) para implantar la inmersión lingüística también en estos centros.  

El silencio de la Generalitat, la falta de rueda de prensa rasgándose las vestiduras por el enésimo-según ellos- oprobio del estado opresor no es fruto de la vagancia, sino del pacto entre ERC y el PSOE.  

Escuela de Todos ha convocado para el 18 de septiembre una manifestación pidiendo que se respete la ley, los derechos de niños y sus familias y que el español sea lengua vehicular en la escuela. ¡Qué cosas! Pedir que el español sea vehicular en la enseñanza en… ¡España! Habrá que acudir ni que sea para ver cómo desde las terminales mediáticas oficiales tanto de Barcelona como de Madrid se esconde o distorsiona la manifestación.