POPULISMO Y NACIONALISMO CONTRA ESPAÑA Y LA UE
Con todo lo que estamos viendo en estos tiempos, da la impresión de que Europa ha sido “raptada” por los populismos, la crisis, la tergiversación de los conceptos o, entre otras, la disolución de las antiguas certezas en las procelosas aguas de procesos como el brexit, la situación política en Italia, el auge de la extrema derecha en Holanda y Alemania, las resistencias del Grupo de Visegrado sobre la postura común europea en relación con la emigración…
Está, sobre todo, la pregunta, sin respuesta todavía, de cómo va a abordar la Unión Europea (UE) el embrollo en el que todo esto la ha metido. Es necesario realizar una reflexión introspectiva y, a la vez, facilitadora de un análisis que intente encontrar respuestas plausibles.
Si nos fi jamos en lo que sucede en España, también estamos entre dos fuegos: el secesionismo por un lado y el populismo por otro. Pese a sus grandes diferencias, ambos coinciden en la estrategia de obtener el derrumbe del sistema democrático del que nos dotamos con la Constitución de 1978. Al mismo tiempo, denigran, de un modo u otro lo que puede significar la integración en Europa, abandonando toda crítica constructiva, absolutamente legítima, y sustituyéndola por el acoso y derribo de los valores en los que la UE se sustenta.
En medio de todo ello, en Cataluña, los partidos secesionistas no quieren entender que no cuentan con la mayo-ría suficiente como para ahondar en la vía unilateral y continúan proclamando que quieren “seguir construyendo la república” dándola por proclamada, sobre la base del “mandato popular” del fallido, por ilegal y antidemocrático, referéndum del 1 de octubre. Y piden la liberación de los “presos políticos”.
Centrando sus posiciones alrededor de que el gobierno legítimo de Cataluña es del depuesto Carles Puigdemont, en el más puro estilo populista, desconocen la diferencia entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Ciertamente, en democracia es exigible la legitimidad de origen. No pueden existir gobiernos que no estén fundamentados en la voluntad popular, directa o indirectamente. En el parlamentarismo, la legitimidad de origen es indirecta, pues deriva de la elección del presidente del Ejecutivo por un parlamento que está directamente elegido por la población. Desde esta perspectiva, no hay ninguna duda de que el gobierno de Puigdemont tuvo, mediante su investidura parlamentaria, legitimidad de origen. Del mismo modo que, también, la tiene la del actual gobierno de Quim Torra.
Pero en democracia, la legitimidad de origen tiene que tener su continuidad mediante la legitimidad de ejercicio, es decir, a través de la acción de gobierno y de las políticas implementadas por quienes fueron elegidos. Para ello, partiendo de los clásicos (Aristóteles o Rousseau) y llegando a los modernos (Weber o Bobbio) se han establecido doctrinalmente una serie de indicadores, tomando como fundamento la adecuación de la actuación gubernamental a un sistema objetivado de valores (Bobbio o Rawls), entre los cuales destacan la autonomía personal, la seguridad jurídica y la solidaridad, muy entroncados con la libertad y la justicia. La relación entre legalidad y legitimidad resulta, pues, especialmente relevante.
Los mismos criterios se pueden aplicar a la Unión Europea. En este caso, al no ser la UE un Estado clásico, la legitimidad de origen se circunscribe a lo dispuesto en los tratados: el parlamento europeo, que es el órgano directamente elegido por la población, elige al presidente de la Comisión con la aquiescencia del Consejo, pudiéndole derrocar con una moción de censura. Y del mismo modo que en un gobierno de un Estado democrático, el jefe del Ejecutivo nombra a los ministros, el presi-dente de la Comisión forma un colegio de comisarios, también pactados con el parlamento europeo y con el Consejo.
Conseguir esta legitimidad de origen ha costado décadas y no es baladí que el populismo antieuropeo no quiera ponerla en valor, puesto que lo que pretende es deslegitimar como anti-democrática la formación de los órganos europeos. Ahora ya no son sólo los gobiernos de los estados miembros quienes deciden las políticas de la UE y el parlamento europeo cada vez ejerce más férreamente sus controles sobre la Comisión y sobre el presupuesto, pese al intento de tergiversación populista de la legitimidad de ejercicio con la que operan las instituciones y órganos de la Unión, sujetos, además al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El año pasado celebramos, en Roma, el 60 aniversario de la creación de las primeras comunidades europeas, de lo que fue el inicio de la actual Unión Europea. El lema de los encuentros era: “No al nacionalismo. No al populismo”. Porque nacionalismo y populismo condujeron, en la primera mitad del siglo XX a lo peor que los europeos tuvieron que presenciar y sufrir. Precisamente para que no volviera a pasar lo mismo se crearon las organizaciones europeas. Y por ello, desde Europa, desde esa Europa cuyo pilar básico es la ciudadanía que la sustenta, se advierte de que tanto los nacionalismos como los populismos pueden dar al traste con todo aquello que tanto ha costado construir y que nos ha aportado, pese a disfunciones y problemas múltiples, todas las ventajas de una Europa sin guerras, salvo en la ex-Yugoslavia y Crimea, y con un alto grado de bienestar social. Un lugar, un espacio que tantos criticamos, muchas veces con razón y que otros quisieran liquidar… A pesar de que muchos más son los que arriesgan su vida para estar en ella.
Otro aniversario: los cuarenta años de Constitución democrática en España, por primera vez en nuestra historia, que los cumple con una razonable buena salud pese a los embates que está sufriendo. Hay que pensar en qué cosas nos han ido bien y cuáles tendríamos que reconsiderar, sin prisas, pero sin pausas.
Tenemos que recuperar una racionalidad que se manifiesta como absolutamente necesaria, porque tenemos que generar los consensos amplios y fundamentados, que nos permitan recuperar el acuerdo social y político que nos permitió alumbrar esa Constitución, para seguir avanzando, en Cataluña, en el resto de España y en Europa.
