Pensiones, preguntas incómodas

Cada día que pasa añadimos cinco horas más a nuestra esperanza de vida. En los últimos 120 años, la esperanza de vida al nacer, en España, ha pasado de los 37 años a los 83, a un ritmo de 3,83 años por década transcurrida. En los últimos 15 años las ganancias se han producido a algo más de dos años por década transcurrida.

Al mismo tiempo, los jóvenes prolongamos cada vez más los estudios y entramos cada vez más tarde al mercado de trabajo. La discapacidad o la viudedad también intervienen, afortunadamente, a edades cada vez más tardías.

En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 han sido bautizados por el Gobierno como los de “la recuperación justa”. Se trata del mayor volumen de gasto público nunca presupuestado, gracias al respaldo de los fondos europeos, que permitirán disponer de más de 26.000 millones de euros el año que viene. En la propuesta fiscal del Gobierno, la mayor partida de gasto y la que más crece volverá a ser la de las pensiones.

Sin embargo, según los datos del barómetro fiscal del CIS, publicados la semana pasada, únicamente el 36% de la población española es consciente de que las pensiones constituyen la mayor partida del gasto público en nuestro país.

En concreto, alcanzará la cifra de los 171.000 millones, un récord histórico que supone el 82% de los nuevos recursos disponibles para gasto social. Las pensiones se llevarán dos de cada tres euros del gasto social. La siguiente partida más importante, sanidad, no alcanza los 70.000 millones.

Tanto si miramos la relación entre pensión y salario como el porcentaje del PIB destinado al pago de estas prestaciones, o el coste de las cotizaciones respecto de los salarios netos; la sociedad española realiza un enorme esfuerzo (por encima de la media de los países europeos de su entorno) por sus jubilados. En términos de coste por pensión unitaria, el sistema provee 1,74 euros de prestación por cada euro cotizado para la mayor parte de pensionistas.

La sociedad española realiza un enorme esfuerzo por sus jubilados

Muchos españoles desconocen que la Seguridad Social, al cabo de unos doce años de haberte jubilado (64 años el pensionista medio), ya le ha devuelto todas sus cotizaciones. Y te quedan, de media, todavía otros diez años de vida por delante. Muchos desconocen también que la pensión púbica de jubilación reemplaza al último salario recibido por encima del 80% de éste, lo que sucede en muy pocos países europeos.

Leyendo mis palabras, el lector se preguntará cómo puede ser el sistema de pensiones español uno de los más generosos de Europa en términos de transferencias intergeneracionales, si para miles de pensionistas, la prestación es obscenamente limitada.

Lo cierto es que hay pensiones muy bajas porque las bases de cotización (o las carreras de cotización) sobre las que se han calculado han sido también muy bajas (o muy breves). Esto problema, en mi opinión debe abordarse por separado con complementos de renta procedentes del sistema de impuestos y transferencias, y no mediante la Seguridad Social, que ya está exhausta.

El Programa de Estabilidad del Gobierno y el Pacto de Toledo plantean pequeños parches para no abordar la totalidad de un problema estructural. Estos incluyen limitar el aumento del gasto aumentando la edad efectiva de jubilación, la modificación del período de cómputo para el cálculo de la pensión, o la introducción de un mecanismo de equidad intergeneracional todavía por definir. También plantean aumentar los ingresos, incremento las cotizaciones de autónomos o aumentando la base máxima del sistema.

Sin embargo, a largo plazo, y mejor pronto que tarde, no habrá otra opción que introducir mecanismos de ajuste que equilibren el sistema de pensiones. En el país donde vivo, Dinamarca, contamos con sistemas de capitalización obligatoria que complementan la pensión pública con instrumentos de previsión empresarial y ahorro individual. Esto permite evitar que se hunda el poder adquisitivo de los jubilados sin comprometer la estabilidad futura de todo el sistema.

Una buena idea para empezar a facilitar el ahorro a largo plazo de los jóvenes – complementario a las necesarias reformas para atajar el paro juvenil y la dualidad en el mercado laboral – sería la implantación de una supercuenta de ahorro personal fiscalmente bonificada.

Los jóvenes actuales tendremos un sistema de pensiones mucho menos generoso y mucho menos ahorro acumulado

Cada español mayor de edad poseería una cuenta de ahorro a largo plazo abierta a su nombre, ya sea en un banco o en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En esa cuenta, se podrían acumular todo tipo de activos financieros (acciones, bonos, fondos cotizados en bolsa…) y el dinero invertido en ella exhibiría ventajas fiscales equivalentes hoy a las que gozan los actuales planes de pensiones, pésimos productos financieros en España, con un retorno medio del 2,11% anual.

El Gobierno del PSOE y Podemos, sin embargo, parece decidido a emprender el camino contrario: en lugar de extender los beneficios fiscales a toda forma de ahorro, acaba de rebajar el máximo de aportación que puede desgravarse en el IPRF por planes individuales de pensiones. 

La desaparición de la capacidad de ahorro de los hogares más jóvenes es el gran elefante en la sala. Vamos hacia un futuro en el que las generaciones de jóvenes actuales tendremos un sistema de pensiones mucho menos generoso y mucho menos ahorro acumulado, básicamente porque muchos no tendrán vivienda en propiedad. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿realmente nos importan los jóvenes?