Patriotismo
La OCDE ha puesto en evidencia que los contribuyentes individuales y las empresas nacionales soportan una carga impositiva superior a la de las empresas multinacionales que tienen medios para tributar menos. Según la organización, los Estados pierden entre el 4% y el 10% de la recaudación del impuesto de sociedades.
La puesta en marcha de un programa contra la erosión de la base imponible espera alcanzar el acuerdo en 2016. Se trataría de que las grandes empresas declararan en cada estado el beneficio efectivo obtenido en el territorio. Pero el escepticismo es mayoritario. Sólo hay que recordar que el 85% de las empresas del IBEX 35 tiene una sucursal en un paraíso fiscal. Y son especialistas en trilerismo fiscal. Venta por internet en un lugar y tributación en otro con fiscalidad favorable. Préstamo de dinero de una matriz a la filial española, de los que se deducen intereses en España y en el otro país la devolución se considera dividendo. Operar desde un país de doble imposición a ambos lados, cuando en realidad se está ubicado en uno sin doble imposición. Dejar beneficios a una sociedad ficticia del extranjero para evitar tributar en España. Compra de bienes mediante una filial a un precio superior al coste, para venderlos con un margen pequeño en España y comprimir el beneficio.
El resultado del trilerismo fiscal, dignificado bajo el nombre de ingeniería fiscal, es que, de media, las grandes empresas, que deberían tributar un nominal del 28%, sólo lo hacen de un 6%.
Esta es la legalidad que impera. Una legalidad decidida por unas élites políticas, ratificadas en las urnas, pero con garantía de puerta giratoria. Un capitalismo de BOE que a través de su brazo ideológico de los medios de comunicación adoctrina de verdad en masas adocenadas detrás de la bandera nacional y la camiseta de la roja. Esta semana vivimos el último, por ahora, capítulo de la política de favores al oligopolio, pronto duopolio, mediático con nuevas concesiones a los grupos de Antena 3-La Sexta y Telecinco-Cuatro. Estos grupos mediáticos que, por ejemplo, para explicar lo que pasa en Cataluña convocan sistemáticamente a las fuerzas que no tienen ni una sola alcaldía.
En cuanto al brazo represor, cuando pese a todas las triquiñuelas alguna acción empresarial choca con la legalidad vigente, la ‘independencia’ del poder judicial hace el resto. Así fue en el caso Botín, al que se acoge Roca Junyent para salvar a la hermana del Rey. Una Justicia que amenaza al actuar sobre los manifestantes que ponen en duda su independencia, mientras calla ante las injerencias de un poder ejecutivo vinculado a las empresas que consiguen que cada año los españoles estén por debajo del nivel de bienestar que les correspondería.
¡Que no den lecciones de patriotismo y democracia!
