Pactos rotos
Solo es posible conseguir la continuidad, la estabilidad y la capacidad de consenso si los partidos políticos dirimen sus diferencias en el Parlamento y en las elecciones
Una vez que no es posible alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial se consolida la crisis institucional en España. Más allá de las razones técnicas, saber quién gana o pierde en la negociación, lo que se expresa en la crisis, qué afecta a la calidad democrática en España según la Unión Europea o valorar la pérdida de credibilidad de las instituciones, es esencial determinar cómo construir la España de los próximos años.
Nos encontramos en un momento donde no hay consenso sobre el pasado entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el parlamento, lo que no permite consensuar reformas para el presente y futuro. El PP busca no salirse de la ortodoxia anti independentista, mientras que el PSOE busca que la tercera vía para Cataluña desactive el independentismo que quiere tensionar al Estado y apostar por un independentismo constitucionalista.
La cuestión de fondo no es la lucha por el buen funcionamiento de la separación de poderes, sino señalar en qué dirección deben funcionar para imponer su visión de España. Se trata de una crisis institucional y no de partidos; ello implica que las instituciones no deben regirse por las normas sino por la causa que defienden. Solo es posible conseguir la continuidad, la estabilidad y la capacidad de consenso si los partidos políticos dirimen sus diferencias en el Parlamento y en las elecciones, y no en sus particulares visiones sobre cómo debe ser España.
La solución para reconducir el conflicto planteado por el independentismo debe dejarse en manos de la justicia y no de la política
La razón esgrimida por el PP, basada en considerar inaceptable que, en el mismo momento en que se pretende llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial, el Gobierno impulse la reforma del delito de la sedición para conseguir el respaldo de ERC a los presupuestos del Estado, implica no aceptar la capacidad ejecutiva del gobierno para dar sentido a su compromiso con los electores.
La solución para reconducir el conflicto planteado por el independentismo debe dejarse en manos de la justicia y no de la política. Si Alberto Núñez Feijóo ve en el PNV un futuro aliado político para lograr llegar a gobernar, ¿por qué razón no se debería buscar una fórmula para que ERC pueda llegar a ser el PNV en Cataluña?
La pregunta que se debe plantear es cómo llegar a asumir que el conflicto catalán necesita una vía de solución por parte del PP para que el independentismo político abandone su voluntad de romper con España. Una de las respuestas es la que ofrece el PSOE y Unidas Podemos con la reforma del delito de sedición que, si bien puede considerarse oportunista para lograr el apoyo de ERC a los presupuestos, no es menos cierto que esta opción lleva planteándose desde el día en que Miquel Iceta declaró que no descartaba la vía de los indultos.
Una gran mayoría de la opinión pública acierta cuando observa que el fracaso de pactar la renovación del CGPJ se debe, entre otras causas, al ciclo electoral que se va a abrir a partir del 2023. El factor electoral juega mucho a la ahora de fijar acuerdos, como también el hecho de hacer coincidir en el tiempo la renovación del CGPJ y la reforma del delito de sedición; pero la cuestión que determina la fractura entre el gobierno y el PP es una visión diferente de España. Son dos visiones, fruto del interés, de la coyuntura o por principios, cada vez más difíciles de conciliar.
