Operación diálogo
Uno de los principios no escritos de la política es que se deben pactar incluso los desacuerdos y las rupturas, como señala José López de Lerma en su libro Cuando pintábamos algo en Madrid. El gran error de la actual disputa entre una parte mayoritaria del parlamento catalán y el Gobierno de la Generalitat con el Estado y el ejecutivo español estriba en el hecho de que ambas partes continúan alargando el problema, con la convicción de que en algún momento el otro saltará del coche (recuérdese la escena de James Dean en Rebelde sin causa de Nicholas Ray, donde Dean es desafiado por otro joven a realizar una competición consistente en ver quién resiste más tiempo sin detener el coche o saltar de él antes de caer por un acantilado. El contendiente de Dean caerá al vacío muriendo en el reto).
Mientras el bloque independentista quiere limitar el poder del estado con micro sublevaciones para impulsar un referéndum ilegal, el bloque pro referéndum legal se moviliza para situar la «operación diálogo» como el principal y determinante asunto a afrontar. El Gobierno español plantea un escenario que prioriza desarmar el lenguaje, un lenguaje que en muchas ocasiones lo carga el diablo, para establecer un clima positivo antes de negociar los «45 puntos más uno». Ese «más uno» hace referencia al punto concreto que el gobierno español no quiere negociar: el referéndum.
En consecuencia, el bloque pro referéndum legal choca con la pretensión del Gobierno español. El frente del bloque constitucionalista pretende hablar de todo menos de un referéndum que, según consideran, obligaría a cambiar sustancialmente la Constitución. El resultado de esta situación no es tan siquiera un empate técnico, ya que no se ha posibilitado el acuerdo para poder disputar ni un sólo asalto.
La operación diálogo está tan en el aire como la situación legal de la presidenta del Parlamento catalán, que se ha convertido en uno de los factores determinantes para poder abrir e iniciar, o no, el camino del diálogo. Una cuestión que subyace en todo el proceso es cómo hacer posible la viabilidad de avanzar en una negociación si la segunda autoridad de Cataluña se sienta en el banquillo de acusados.
La situación parece propiciar más una propuesta de diálogo para una capitulación o armisticio que para enfocar una solución equilibrada sin vencedores y vencidos. Si el tribunal, en el escenario jurídico del caso de la presidenta del Parlamento catalán, declara su inhabilitación, el diálogo se convertirá en un acto de fuerza difícil de digerir para el mundo independentista y la sociedad catalana en general. Cuando no se pactan los desacuerdos, puede ocurrir todo, incluso lo peor; que los dos coches se precipiten al vacío.
