No hay vuelta atrás
La reforma del reglamento del Parlament es el último paso en el camino hacia el referéndum del 1-O
¿Qué esperan los unionistas del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy? Supongo que un milagro. Mientras tanto arremeten contra los soberanistas y, en especial, contra el presidente Carles Puigdemont porque no se deja amedrentar por la persecución policial y judicial. Los unionistas catalanes, porque con los españoles no vale la pena hablar hasta que no cambien de actitud, deberían exigir con coraje al gobierno del PP que respete la democracia, que es lo que exigen al soberanismo, y se siente a negociar. Si lo exige Angela Merkel, que le pide a Rajoy que nadie en el Ejecutivo “cometa excesos”, ¿qué no deberían hacer los unionistas? Desde Alemania se pide prudencia y en cambio aquí se defiende lo contrario.
¿A nadie le escandaliza la arbitrariedad de la Guardia Civil, auténtica policía colonial, cuando actúa como si fuese la Brigada Político-Social franquista? A los unionistas les debería preocupar mucho más ese tipo de prácticas represivas que las leyes que está aprobando el Parlament para garantizar la realización del referéndum el próximo 1-O. Deberían denunciarlas con ahínco. No se atreven a hacerlo por miedo a debilitar al Estado y ser ellos también víctimas de la represión. El portavoz de CSQP Joan Coscubiela que se muestra siempre muy duro frente al supuesto “engaño al Parlamento y a la ciudadanía de Catalunya” del presidente Carles Puigdemont, no dice ni mu cuando se trata de proteger los derechos humanos y políticos de los cargos gubernamentales. ¡Qué pena da ver al antiguo dirigente sindical alineado con el PP! ¡Qué pena dan algunos medios de comunicación progresistas cuando jalean los golpes de mano policiales!
¿A nadie le escandaliza la arbitrariedad de la Guardia Civil cuando actúa como si fuese la Brigada Político-Social franquista?
A pesar de la persecución política contra el soberanismo y de la indiferencia de la oposición de izquierdas frente a la “privatización del dolor”, como llama Carles Boix a la persecución individual y selectiva de algunos altos cargos de la Generalitat, Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó sumaron sus votos el pasado miércoles para aprobar la reforma del reglamento del Parlamento y así poder tramitar leyes mediante el procedimiento de urgencia. No es el escenario ideal, pero la cerrazón del Gobierno Rajoy por evitar dialogar con Puigdemont y los suyos no deja otra salida. Es una respuesta excepcional que supone dar un paso más para acelerar los plazos de cara al 1-O. Sin esta fórmula extraordinaria seguramente no se podría aprobar la ley que tiene que regular el referéndum que se presentará la próxima semana para su aprobación en el Parlamento catalán
Los unionistas se lamentan por todo, excepto de lo que debería preocuparles: que los ciudadanos de Cataluña no puedan decidir con su voto cómo solucionar un conflicto que empezó cuando el binomio PP-PSOE se cargó el Estatuto de 2006 que había sido aprobado con un referéndum que costó mucho de ganar. De aquellos vientos estas tempestades, se podría decir. El PSC actual tiene la responsabilidad de haberse sentado en los dos lados de la mesa de negociación, traicionando incluso a quien entonces era presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y ahora no aportar nada. No todos los males de lo que está pasando en estos momentos son culpa de los soberanistas. Las responsabilidades están muy repartidas. El inmovilismo de los socialistas es tan preocupante como la agresividad policial del PP y sus aliados. El PSOE no es hoy una alternativa real al PP, por lo menos en cuanto al caso catalán. Y no digamos Pablo Iglesias y Ada Colau, que no ofrecen otra cosa que retórica legalista y cobardía.
La reforma el reglamento del Parlament no es el escenario ideal, pero la cerrazón de Rajoy no deja otra salida
El 1-O está a la vuelta de la esquina. En dos meses las urnas estarán en su sitio para que los catalanes y catalanas podamos decidir sobre la independencia, o no, de este país. La estrategia intimidatoria de la Guardia Civil (cuya capacidad de imputar a alguien es nula, puesto que su misión es denunciar a alguien ante el juez para que éste le impute) no va a poder impedir que el referéndum se celebre. Lo que pretende el gobierno Rajoy es deslegitimar de antemano el referéndum poniendo en duda las garantías que proclama la ley de convocatoria que se tramitará por el procedimiento de urgencia. Es por eso que el Consejo de Ministros recurre ante el TC la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña. Este es el real golpe de Estado jurídico que se está produciendo en España con la indiferencia de quienes se dicen demócratas.
No hay vuelta atrás, sin embargo. Esperando que los unionistas recapaciten durante el receso canicular, me despido de ustedes hasta septiembre.
