No hay salario mínimo para los autónomos
La pensión media de jubilación de un autónomo es de 686 € mensuales, la de un trabajador del régimen general es el doble, 1340 €
El gobierno y los sindicatos han acordado esta semana que un tercero, no invitado al guateque, los empresarios, paguen la fiesta. Tras el fiasco de la negociación con ERC y Bildu era preciso pasar página cuanto antes, soltar la mano de Garamendi a toda prisa y buscar la confrontación en la que tan cómodos se mueven tanto Sánchez como sus socios Podemitas y Yolandistas, que no es la misma cosa.
El acuerdo, no negociado, no pactado y de consecuencias negativas evidentes para aquellos a quien la propaganda oficial dice querer favorecer establece un incremento, con efectos retroactivos, del Salario Mínimo Interprofesional. Nadie tiene nada que objetar a que los que tienen empleos y salarios más precarios prosperen, es algo que depende en primera instancia de ellos mismos, de su esfuerzo y de su talento y también de las circunstancias económicas del país donde el gobierno si tiene bastante que decir. Nadie, en el sector privado, consigue mejoras salariales porque sí, y si una vez tiene suerte al poco tiempo termina en el paro.
La voluntad del gobierno es aparentemente loable y se basa en aplicar la recomendación de la UE de que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio del país. Con esta nueva subida lo rebasa en 10 de las 17 CC.AA y, por lo tanto, el encarecimiento de costes para las empresas tendrá el efecto contrario al que se afirma desear al subir el SMI. Si las empresas no pueden asumir el incremento recortarán el número de horas contratadas y pagarán el mismo salario. Tanto empresa como trabajador salen perdiendo, pero el Estado no, dado que en cualquier caso con el incremento decretado, recauda más.
La idea de que con esta subida se defiende a los que menos tienen y precisan de mayor protección del Estado se desmorona cuando se compara la actitud del gobierno en relación a los autónomos. A unos, los receptores del SMI se les mima con dos incrementos en poco tiempo, a los otros, los autónomos, se les castiga en la misma proporción dado que cada vez que sube el SMI sube la base reguladora de la cotización de los autónomos.
El gobierno mima a los perceptores del SMI y penaliza a los autónomos porque busca el voto de los primeros y castiga a los segundos porque estos no aspiran a recibir subsidio alguno, sino a ganarse la vida por su cuenta y eso no encaja en la idea de España dopada a la que aspira Sánchez, Diaz -la Ministra que hace cosas chulísimas- y el trío Belarra, Garzón, Montero.
La discriminación y desamparo de un autónomo en relación a un trabajador receptor del SMI es evidente. La pensión media de jubilación de un autónomo es de 686 € mensuales, la de un trabajador del régimen general es el doble, 1340 €. El 86% de los autónomos, 2,8 millones de personas cotizan el mínimo, o sea como si percibieran el SMI, pero unos se jubilan con el doble que los otros. A los autónomos se les obliga a pagar una cuota de SS.SS de 294 €, un 33%, mientras que el IRPF de un receptor del SMI es del 19%.
España tiene el séptimo SMI más alto de Europa cuando no somos, ni de lejos, el séptimo país en renta per cápita, nos gana Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Bélgica y Holanda, pero en los autónomos pagamos un mínimo de 294 € por los 20 € de Portugal o los 14 € del Reino Unido.
Con el incremento del SMI el gobierno no busca favorecer el crecimiento personal o económico de los más necesitados, sino quitar a los que no son afines su dinero para entregárselo a los que potencialmente si lo son.
