No hay libertad sin reglas

Cuando entramos a gobernar en 2003, sobre la mesa había la amenaza de la aplicación a partir del 2005 del decreto Rato de liberalización total de horarios comerciales. Esto hubiera significado una invasión de competencias de la Generalitat por parte del Estado, y adoptar el modelo madrileño de comercio, que se acerca más a Los Ángeles que a una ciudad europea compacta: grandes superficies fuera de la trama urbana, desplazamientos obligatorios de los consumidores con la consecuente huella ambiental insostenible, la concentración en grandes distribuidores que acontecen a la vez un oligopolio de venta y de compra, vaciar barrios enteros de la vida a los carreras con la consecuente guetización contraria a la necesidad de integración social y étnica debida a la nueva inmigración. La liberalización total hubiera sido imposible de cumplir por las empresas pequeñas, la mayoría autónomos, que se verían obligadas a disminuir la suyas condiciones laborales por imposibilidad de contratar más asalariados para cubrir nuevos horarios.

Defendí en persona la ley de horarios comerciales catalana que había iniciado el malogrado Pere Esteve, con la aprobación mayoritaria y el voto en contra del Partido Popular, el mismo que se llenaba y se llena la boca con el tema de la defensa de los empresarios. ¿De qué empresarios? La necesidad de una ley catalana era para evitar que en caso de conflicto se impusiera la interpretación favorable a las competencias estatales. A la cabeza de pocos meses en Madrid ganaba el PSOE y me tocó negociar con el entonces ministro Montilla. Fue fácil, con un pequeño retoque. El estado legisló por primera vez siguiendo las pasas de la legislación catalana, de forma que las dos quedaban alineadas y fuera de conflicto.

Qué distancia entre aquella realidad y el actual, donde los socios preferentes de CiU vuelven a la carga defendiendo los intereses de los grandes grupos de distribución, los mismos que acaban de perder ante el TC el litigio de hace más de 10 años cuando a instancias de ERC –que lo puso como una de las dieciséis condiciones por la abstención a la investidura de Pujol el 1999– se aprobó el impuesto sobre grandes superficies. Este lobby ha traído de la mano de Alejo Vidal-Quadras la política comercial de la Generalitat –-especialmente la del denostado tripartito– ante las instancias europeas. Me tocó con mi equipo –-Enric Aloy, Raimon Serret, Gemma Puig– defender ante las instituciones europeas las bondades de que una auténtica libertad de mercado es regular al implantación de grandes superficies. Básico para preservar un modelo de ciudades compactas, sostenibles e inclusivas.

En cualquier caso, personalmente sólo aceptaría negociar el mapa de los destinos turísticos. un tema que no pudimos resolver. Hay localidades consideradas turísticas en el pasado que ya no lo son y otros que lo han acontecido y no tienen esta consideración ofcial. Creo que donde se demuestre con cifras que el volumen de turistas supera con creces la población local sería bueno también por el pequeño comercio cambiar los hábitos y adaptarse en función de la demanda. Municipios con un número considerable de visitantes fin de semana o municipios con temporadas turísticas de invierno o de verano notables. Aquí es donde creo que se tendría que ser flexible en caso de negociación.