¡Ni referéndum unilateral, ni pactado: diálogo!

Los independentistas saben que no habrá referéndum, ni pactado ni unilateral, ni vinculante ni consultivo. Por mucho que Puigdemont lo haya anunciado en el Parlament y que los presupuestos de la Generalitat para el 2017 prevean una partida para el referéndum, el conjunto de las fuerzas independentistas saben que no se pueden permitir otro 9-N en el que vote un tercio del censo electoral. Incluso el más dogmático de los independentistas entiende que, más allá de los impedimentos legales, no se puede intentar construir un Estado catalán con el apoyo del 30% de los catalanes con derecho a voto.

Lo que sí están dispuestos, yo diría que incluso decididos, a repetir es el 27-S, las autonómicas del 2015 que ellos presentaron como plebiscitarias. No es que tengan ningunas ganas de hacerlo, pues saben que peligra su actual mayoría parlamentaria, como el propio CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) viene augurando en sus últimos barómetros, y preferirían aferrarse a sus escaños, pero ven que esta vez no les va a quedar otra que celebrar a cara o cruz unas elecciones anticipadas. Lo harán, con toda seguridad, en el cuarto trimestre del 2017.

Lo ha reconocido, aunque de soslayo, el hacedor del proceso, y de paso de la consunción de su partido, Artur Mas, en una entrevista para una publicación del grupo del Financial Times. «Si no podemos llevar a cabo un referéndum, lo sustituiremos por unas elecciones porque esa es otra manera, no tan perfecta, de contar la gente a favor o en contra de la independencia. Eso es lo que hicimos en septiembre del 2015 y eso es lo que vamos a hacer el año que viene, si no hay otra manera de alcanzar un acuerdo con el [Gobierno] español».

Lo que ha dicho Mas nada tiene que ver con lo que expuso hace apenas dos semanas Puigdemont en el Parlament, cuando dijo aquello de «referéndum o referéndum». Sorprende la resignación con que la mayoría de los independentistas asumen lo que el historiador Joaquim Coll definía recientemente como un juego de trileros. Algunos, como Carod Rovira, al menos reconocen que el proceso ha derivado en una «empanada».

Estamos de nuevo en la casilla de salida. Los independentistas tienen pensado hacer lo mismo que en el 2015, unas elecciones autonómicas presentadas como un plebiscito sobre la secesión, y a ver qué pasa. El eterno retorno del proceso. En el por ahora poco probable caso -siempre según el CEO- de que vuelvan a obtener una mayoría en escaños pero no en votos, Puigdemont o Junqueras emularán a Mas con su «Hem guanyat, hemos ganado, we have won, nous avons gagné!» y vuelta a empezar. Cada dos días irán presentando solemnemente un rosario de hojas de ruta, algunas de ellas contradictorias entre sí, y mientras tanto seguirán malgastando recursos personales y económicos en el espectral teatro mágico en el que de un tiempo a esta parte han convertido la política catalana.

No sé si el primer intento fue una tragedia, pero tengo claro que su repetición será una farsa. Confían en que el hastío y el aburrimiento acaben por desmovilizar a los no independentistas. De ahí la importancia de que todos seamos conscientes de la estrategia de los partidos independentistas y de que estemos preparados para volver a votar masivamente a finales del 2017.

En cualquier caso, es obvio que el objetivo de los independentistas no es ganar solo en escaños sino también en votos, aunque sea por una papeleta. Si lo consiguen, se sentirán legitimados para proclamar la independencia unilateral y que salga el sol por Antequera. A tal efecto, pondrán toda la carne en el asador, tratarán de forzar al máximo el choque con las instituciones del Estado, y lo harán por cierto desde instituciones del propio Estado como el Parlament, el Gobierno de la Generalitat o ayuntamientos como el de Badalona.

Son conscientes de que ellos solos se han metido en un callejón sin salida, se han autoacorralado cifrando la política catalana en la cuestión de la secesión y descartando otras posibilidades como la reforma de leyes como la LOFCA o reformas institucionales e incluso de la Constitución, mucho más transitables y menos traumáticas para una sociedad tan plural como la catalana que la celebración de un referéndum de respuesta binaria.

Así pues, nos espera un año importante por lo que hace a la cuestión catalana, pues está claro que a poco que los independentistas obtengan un resultado parecido al del 2015, a todas luces insuficiente para consumar su objetivo, volverán a reactivar la ficción de separación, a ver si esta vez cuela. Sigo pensando que lo primero que habría que hacer para afrontar este año decisivo, la mejor manera de desactivar las pretensiones independentistas, es poner en marcha una gran conversación nacional que convoque a representantes políticos de todas las partes implicadas, principalmente de los poderes central y autonómico catalán, pero también de otras comunidades y de la sociedad civil.

Nos conviene hablar de una vez sobre Cataluña, y hacerlo con luz y taquígrafos. Urge encontrar una solución a la actual situación y, para ello, es fundamental que nuestros políticos se dejen de bravatas partidistas y asuman que están obligados a dialogar para tratar de reconducir el agotador desencuentro institucional de los últimos años.

Decía Ortega que las ideas se tienen, pero en las convicciones se está. Pues bien, da toda la impresión de que en Cataluña hay mucha gente que tiene ideas independentistas, originales suyas o inspiradas por el entorno, pero que siguen siendo relativamente pocos los catalanes que están en convicciones independentistas. Estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de toda España está deseando que se reconstruyan los puentes institucionales y que entre todos seamos capaces, mediante equilibrios razonables, de recuperar la concordia perdida en los últimos años. Está claro que la mera invocación del diálogo no va a resolver mágicamente el problema, pero el solo hecho de plantear públicamente esa conversación multilateral tiene la potencial virtud de desenmascarar a quienes dicen apostar por el diálogo, cuando da toda la impresión de que lo que de verdad pretenden es hacerlo imposible.

El que rehúse participar en esa gran conversación, sea quien sea, quedará retratado como obstruccionista y desleal y difícilmente podrá seguir escurriendo el bulto mucho tiempo.

Partiendo del respeto a la Constitución y de la necesidad de consenso, hay mucho de qué hablar entre todos. Insisto, me refiero a una conversación y no a un trágala al Estado. No se trata de un proceso unidireccional, ni mucho menos de practicar la política de contentamiento con quienes solo persiguen la ruptura, sino de construir en sede multilateral espacios políticos de encuentro entre quienes aspiran a seguir viviendo juntos. El diálogo sobre la reforma es la única salida al atasco rupturista.