Ni ‘business friendly’, ni tan siquiera gobierno

Antes de la unción soberanista, el presidente de la Generalitat de Catalunya se presentó ante el Parlament como un gobernante business friendly. Era diciembre de 2010, Artur Mas había purgado la travesía del desierto de Convergència i Unió (CiU) y su discurso pretendía abiertamente diferenciarse del tripartito anterior.

El mundo empresarial barcelonés apreció, y mucho, el gesto que Mas lanzó desde la tribuna de la cámara catalana con motivo de aquella primera investidura. Con claridad subrayó que el suyo era un gobierno sensible a los problemas, realidades y vicisitudes de las empresas en tiempos de crisis. Luego la realidad fue otra, vino lo de Francesc Xavier Mena, la parálisis del Ejecutivo, la falta de recursos, la presión al empresariado para que se alinee con las tesis independentistas…

Los empresarios siempre han considerado que Mas no era un dirigente con un capital político como el de Jordi Pujol, pero sin embargo podía considerársele un aplicado tecnócrata con capacidad suficiente para gobernar y gobernarse en el proceloso mundo de la política. No era amor, más bien aprecio. Se le reconocía que era un chico con idiomas, una oratoria sin chispa, pero correcta, y por los años transcurridos alrededor de su partido, incluso una cierta experiencia en el manejo de los asuntos políticos. Muchos incluso lo ensalzaban por oposición a su antecesor.

Hoy, Mas ha demostrado que tiene un extraño don: el de amplificar los problemas o el convertirlos en una gigantesca bola de nieve que a fuerza de avanzar amenaza con llevarse por delante todo, incluido al propio presidente. Sin regresar sobre su deriva independentista y su fracaso político, lo que está haciendo con ATLL (la suministradora de agua en alta en Catalunya) es surrealista cuando menos.

La privatización se produjo en los estertores de la anterior legislatura, con la premura de la provisionalidad de un gobierno que no obtuvo el respaldo esperado en las urnas y la necesidad de ingresar y cuadrar las cuentas públicas. Es obvio que no era el mejor escenario, pero tampoco había otro.

Adjudicada la ATLL a Acciona, la otra empresa competidora, Agbar, inició un proceso de denuncia del proceso. Ya es infrecuente que una gran empresa se enfrente a una administración, pero que además lo haga de manera frontal y directa evidenciaba que se había sentido profundamente lesionada en sus derechos. Suficiente para que Mas, amigo de las empresas, hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera forzado una solución justo al principio del problema.

Pero no sucedió así. No actuó. No lideró. Luego vino la huída de la política de Lluís Recoder, más tarde la de Leonard Carcolé (urdidor de la adjudicación)… Al final sólo un pobre secretario de departamento acabará respondiendo políticamente por el fiasco de la mayor privatización realizada en Catalunya. Y Mas habrá sido incapaz de parar a tiempo un problema que le complica la vida a los Entrecanales, dueños de Acciona, a sus socios Ferran Rodés (editor de Ara), la familia Godia (en otros líos) y al banco brasileño BTG Pactual, que debe pensar que lo de su país sí que es seguridad jurídica y no la republica bananera española donde están invirtiendo no poco dinero.

Lo de ATLL era la guerra del agua, un pequeño problema hace unos meses. Hoy, con el último revés judicial, es el problema. Y también el símbolo, la más elocuente explicitación de que lo que Mas pilota ni es un gobierno business friendly ni tan siquiera, y lamentablemente, alcanza en este asunto la categoría de gobierno.

TRATAMIENTO SEMANAL DE CHOQUE:
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Supositorio matinal >> De prescripción compartida, para Juan María Nin, Jordi Cornet y Enrique Lacalle. Seguramente el número dos de La Caixa tenga que dar algunas explicaciones en el próximo consejo de administración por seguir alimentando la feria Barcelona Meeting Point, un salón inmobiliario creado por Lacalle a imagen y semejanza de sus intereses y en el que el Consorcio de la Zona Franca, esa entidad pública que tantísimo está contribuyendo a minimizar la crisis, le acompaña como partner. Que La Caixa todavía inyecte 175.000 euros en esa feria, con el lío propio que tiene en el inmobiliario, sólo puede entenderse desde perspectivas no comerciales, dicen los críticos. Esperaremos a octubre para escrutarlo con mayor detalle.

Supositorio nocturno >> Para Xavier Melero, el abogado penalista que se ocupa de los asuntos, digamos, convergentes. Representa a Oriol Pujol y a Sergi Alsina en el caso de las ITV. Él o letrados de su despacho se ocupan del proceso. Otro tanto sucede con la defensa de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el llamado caso Palau. En ambos, Melero es el jurista designado para unos ilustres clientes con problemas. A ellos les dice que no pasará nada, que estén tranquilos. Luego, al leer las alegaciones presentadas en el caso Palau y que suscribe el propio Melero, uno tiene la sensación de que en sus textos de defensa abundan más las argumentaciones políticas que las jurídicas. Veremos los resultados.