Negro panorama procesal para el clan Pujol
Estos días se cumple un año del famoso comunicado de Jordi Pujol en el que reconoció la posesión de una fortuna en Andorra, oculta durante más de 30 años. Aquel aciago día de julio de 2014, el patriarca hundió su prestigio para siempre y desencadenó un maremoto político-económico cuyas secuelas son, aún hoy, imprevisibles.
El ex presidente no afloró los caudales de la estirpe movido por un arrebato de honradez sobrevenida en el ocaso de su vida. Su confesión se debió a motivos más pedestres. Éstos consistieron en que la prensa había empezado a publicar extractos de sus malditas cuentas andorranas, con pelos y señales.
Joan Antón Sánchez Carreté y otros consejeros legales del linaje, urgieron a los Pujol a regularizar su situación ante el fisco. Así lo hicieron. De lo contrario, se exponían a graves consecuencias penales, derivadas de los fraudes fiscales perpetrados. Poco después, su líder remató la faena con sus infaustas revelaciones.
Ha llovido mucho desde entonces. Ocho de los nueve miembros de esta saga depredadora están imputados en dos juzgados de Barcelona y en otros dos de Madrid. El único que se ha librado por el momento es Josep Pujol Ferrusola, que trabaja en la compañía tecnológica Indra, de Madrid. Pero su situación puede dar en breve un vuelco.
Gracias a las pesquisas policiales, se sabe que tanto Josep como Jordi y Oleguer recibieron conspicuas sumas de José Manuel Sola Castel, un hotelero y promotor actuante en el valle de Aran, quien también estuvo asociado con Rodrigo Rato en la construcción de un hotel en Berlín.
La policía requirió a Sola que explicara el motivo de tales desembolsos y exhibiera las facturas pertinentes. El interfecto se limitó a balbucear unas evasivas difusas. En conclusión, el asunto destila el habitual hedor de la corrupción y las comisiones. Al trío fraterno le pueden caer acusaciones de falsedad documental, cohecho y probablemente tráfico de influencias.
Una progenie en entredicho
Por su parte, Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos Jordi, Marta, Mireia y Pere están encartados por el dineral camuflado en el Principado. Pese a los sucesivos requerimientos, ninguno ha aportado un solo papel justificativo de los caudales que escondieron en la Banca Privada de Andorra, hoy intervenida por el gobierno de los valles.
A su vez, sobre el primogénito Jordi Pujol Ferrusola gravita una causa en la Audiencia Nacional por llevarse al zurrón decenas de millones en «peajes» ilícitos de numerosas firmas constructoras, entre ellas FCC, Isolux Corsán, Copisa y Emte.
Esta última fue noticia el pasado jueves a raíz de la detención de su consejero delegado Jordi Sumarroca Claverol, hijo de Carles Sumarroca Coixet, fundador de CDC, hombre de la más estrecha confianza del ex muy honorable y presumiblemente uno de sus varios testaferros. Además de Jordi Sumarroca, se detuvo a su tío Joaquim Sumarroca y a su prima Susana Sumarroca.
Al benjamín Oleguer Pujol Ferrusola se le achacan, asimismo en la Audiencia Nacional, varios trasiegos inmobiliarios altamente sospechosos, en los que se manejaron miles de millones de euros procedentes de una caterva de paraísos fiscales.
Por último, una breve referencia a Oriol Pujol, dedicado a la política por designación del dedo paterno y llamado a heredar un día la gran finca catalana, de manos del «provisional» Artur Mas. Oriol enterró su carrera pública al descubrirse su implicación en las amañadas adjudicaciones de estaciones de ITV.
Por este episodio se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Además, se le investiga por presuntos cobros de las japonesas Sharp, Yamaha y Sony, a raíz del abandono de sus plantas catalanas.
Se ha demostrado que Ana Vidal Maragall, esposa de Oriol, percibió medio millón de una empresa que asesoró a las multinacionales para su estampida. Vidal no ha sido capaz de presentar un solo comprobante de tal devengo.
En definitiva, ha pasado un año y la tribu Pujol está más atrapada que nunca en las redes de la Justicia. Su futuro se vislumbra sombrío. Pero la proverbial lentitud de los tribunales, añadida a la nube de recursos y apelaciones interpuestos por los bufetes jurídicos de la familia, invitan a suponer que los pleitos se dilatarán durante largo tiempo.
Lo malo es, para los Pujoles, que como dijo un afamado jurista, «no hay mal que cien años dure, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla».
