Nada nuevo

Me encantó ver a Mariano Rajoy defendiendo, en la pasada investidura, los regímenes fiscales especiales de Canarias, el concierto económico vasco y el convenio navarro. No se tocan ni se tocarán, sentenció trascendente. Podría haber añadido el régimen singular de subsidios de paro rural de Andalucía y Extremadura. Y el régimen de infraestructuras sin peaje de una buena parte de la península.

Lo que sí que se le entendió es que tampoco se tocaría la singularidad propia de Cataluña, Valencia y las Baleares: el déficit fiscal crónico y las infraestructuras de peaje. Esta es la igualdad de todos los españoles sobre la que están de acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos. Igualdad que se justifica en la soberanía nacional, que a la vez se basa en la mayoría demográfica y electoral que ejercen los territorios «tan iguales» como los del régimen fiscal singular, los del régimen de subsidio especial y los detentores de las infraestructuras sin peaje que suelen coincidir con los de la máxima cuota de funcionarios.

Mientras en el Congreso asistíamos a la consagración del régimen del monopartido, del nuevo Movimiento Nacional, en Cataluña las fuerzas vivas presentaban el enésimo memorial de agravios contra el Estado.

Desde el Memorial de 1760, cuando la burguesía colaboracionista borbónica lo presentó a Carlos III para rebajar el monstruoso impacto del impuesto «especial» -el catastro- que había destrozado todas las haciendas catalanas y amenazaba la incipiente protoindustrialitzación, hasta el último manifiesto por el traspaso de las infraestructuras ferroviarias de esta semana, van unas decenas. 

La diferencia es que por primera vez la mayoría de la sociedad activa catalana ya no se considera parte del régimen español. Y todavía más: de las instituciones públicas, patronales, sindicatos y universidades representados en el acto, sólo una minoría todavía está en la fase de implorar. La inmensa mayoría ha pasado al modo desconexión.

Y los datos de Cercanías muestran que hay 623 millones de usuarios los primeros ocho meses del 2016, y 1.597 incidencias en la red los últimos cuatro años. El incumplimiento total y sistemático de los acuerdos de inversión de ADIF. La priorización de la inversión en las zonas menos colapsadas del Estado en detrimento de los ciudadanos de Cataluña voten o no independentismo.

Y que no salga el espabilado de turno diciendo que este castigo injustificable es culpa del procés. Por casualidad el mismo día del manifiesto coincidí con un colega del gobierno tripartito, Quim Nadal que conducía esta competencia. Y hacíamos memoria de cómo con un gobierno en Madrid «amigo», las chispas sobre las inversiones discriminatorias en Cataluña saltaban en cada momento. Recuerden aquella ministra de «antes partía que doblá». Así pues el maltrato es estructural y proviene de la arquitectura del Estado, no de la voluntad de sus dirigentes.

Y recordemos cómo el acuerdo del Estatut saltó por los aires por el pacto ZP-Mas de rebaja del modelo de financiación y más tarde por la liquidación de las competencias en aeropuertos y puertos. Por ello, el actual recurso contencioso en la justicia contra ADIF se tenía que hacer, pero creo que hasta que no sea un colectivo de usuarios el que recurra a la justicia por vulneración de derechos y provocación de muertes en las carreteras colapsadas por carencia de inversión, no podremos acceder a las instancias superiores europeas. Instancias que incluso llegada la república catalana pueden sentenciar contra el Estado español, como ya han hecho otras veces, ni que sea demasiado tarde.