Mossos, purgas y omertà

La inseguridad crece en Cataluña impulsada por un marco ideológico tóxico. La elite nacionalista ha sido abducida por los prejuicios cupaires que identifican al delincuente como una víctima, a la víctima como un sospechoso y al policía como un culpable. En consecuencia, la Generalitat actúa como el lobby de las mafias, protegiendo legalmente a okupas y malhechores, y desamparando ideológicamente a unos propietarios que son tachados de capitalistas salvajes, aunque, en la mayoría de las ocasiones, estemos hablando de familias humildes.  

Las ideas tienen consecuencias, sobre todo las malas: Cataluña es una de las comunidades con mayor tasa de criminalidad de España, el número de delitos penales se disparó más de un 10% el año pasado y han aumentado los delitos contra el patrimonio, los homicidios y las agresiones sexuales. Entre enero y junio de este año se han producido 2.838 okupaciones en la provincia de Barcelona; muchas más que en Madrid (813), Valencia (567), Sevilla (402), Baleares (192) y otras provincias juntas. 

Los datos son sangrantes, pero los gobernantes ponen todo su empeño en empeorarlos. Los agentes de los mossos d’esquadra observan, entre estupefactos e indignados, los esfuerzos de la conselleria de Interior por politizar el cuerpo y dificultar la lucha contra el crimen. “Tenemos mandos que están obstruyendo investigaciones”, no son las palabras de un simple transeúnte, son las gravísimas acusaciones de todo un ex conseller de Interior, Miquel Sàmper, ante los micrófonos de RAC1.  

Caos en la cúpula de los mossos

Esta semana el conseller Joan Ignasi Elena, enésimo socialista al servicio del separatismo, amplió su historial de purgas políticas, provocando el caos en la cúpula de los mossos. Son purgas claramente ideológicas, pero no feministas, como él alega, sino nacionalistas. Purgan a quienes persiguen la corrupción del nacionalismo; y protegen a los presuntos corruptos. Recordemos que el intendente Toni Rodríguez tuvo que recibir amparo judicial ante las presiones políticas que dificultaban la investigación del caso de Laura Borràs. Al final, fue purgado. 

Recientemente, el diario El País, publicaba que la unidad anticorrupción de los mossos decidió hace dos años operar fuera de los servidores informáticos internos, ya que no se fiaban del gabinete del comisario Eduard Sallent, que había exigido acceso a todas las investigaciones. El propio Rodríguez denunció que Sallent había pedido datos confidenciales sobre el caso judicializado que afectaba, nada menos, al entonces consejero Miquel Buch, investigado por escoltar al fugado Carles Puigdemont.  

Pasan los años y el oasis catalán sigue la estela de la omertà siciliana, ese código de supuesto honor que cubre con un espeso manto de silencio todas las actividades delictivas. La última víctima del capo de Interior ha sido Josep María Estela. Nombrado por el propio Elena nueve meses atrás, Estela fue fulminantemente cesado sin recibir ninguna explicación. No obstante, es un secreto a voces que la destitución se produce por desavenencias con Sallent, el comisario de las injerencias políticas. Podemos así inferir que Estela no quiso ser estelada, o no tanto como para comprometer la ética profesional de los mossos. 

«Máxima y radical neutralidad política»

Ahora, dicen, Estela entiende el sufrimiento de sus predecesores, quienes también fueron castigados por tratar de mantener un mínimo de decencia en materia de policía judicial. No oculta la empatía. En su carta de despedida, y antes de marcharse a Lleida, ha exhortado a todos los agentes a trabajar “con la máxima y radical neutralidad política”. Incluso el lector menos perspicaz será capaz de leer, entre líneas, la clara denuncia. 

Es el sexto cambio de jefe de los mossos en solo cinco años. Ni en el lateral derecho del Barça hay tanta rotación. No extraña, pues, la preocupación de los sindicatos policiales por el daño a la imagen del cuerpo que la Generalitat está infligiendo. Las injerencias políticas son inadmisibles, y la incompetencia de Elena es manifiesta. Debería dimitir o ser cesado. Mantenerlo como conseller sería la ratificación de la omertà. 

La de los mossos la penúltima crisis institucional en Cataluña, y tampoco esta es ajena a las dinámicas autodestructivas que el procés puso en marcha. En el pasado todo servía para justificar la independencia, desde una sentencia del Tribunal Constitucional hasta la crisis económica; ahora, sin embargo, entendemos que era la independencia lo que lo justificaba todo, desde la mala gestión hasta las corruptelas. El procés, en definitiva, era la coartada en la malversación del autogobierno.