Montero y la financiación autonómica
Es perjudicial que el gobierno de Sánchez imponga sus modelos ideológicos diciendo a las comunidades autónomas cómo tienen que administrar sus recursos
No hay nada peor que la fe de un converso, dice nuestro refranero y la ministra de Hacienda, en materia de financiación autonómica sufrió una rápida conversión a la fe del centralismo tan pronto que se vio de ministra.
Montero pasó de reivindicar día sí y día también la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras era consejera de hacienda de la Junta de Andalucía, a decirnos en su primera comparecencia, tras su toma de posesión en julio de 2018, que difería la reforma del sistema de financiación a otra legislatura. En esto es igual que Pedro Sánchez que sufrió la misma conversión que la ministra: de reclamar la reforma como Pedro Sánchez a dar patada adelante como Presidente.
El debate de la evaluación y, en su caso, modificación del sistema de financiación autonómica se inició por acuerdo de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, se creó una comisión de expertos que elaboró un informe sobre la financiación autonómica y dicho informe se sometió a la consideración de las Comunidades Autónomas que participaron en el proceso aportando sus puntos de vista.
Todo ello se llevó al comité de evaluación técnica (figura prevista en la Ley) que igualmente formuló un documento con la síntesis de posiciones de las diferentes comunidades y también aquellos puntos de divergencia. Todo este trabajo se hizo en la etapa del gobierno del Partido Popular de tal manera que a Sánchez, tras la moción de censura, sólo le quedaba llevar la cuestión al Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar un acuerdo, cosa que tras tres años y medio aún no ha hecho.
Es curioso, todo el trabajo técnico hecho, solo faltaba el acuerdo político y los que llegaron diciendo que venían “a hacer política” resulta que no la han hecho en estos tres años y medio.
Puede tratarse de un debate difícil, nadie lo niega, o puede verse condicionado por el legítimo interés de todos de hacer lo mejor para sus conciudadanos y para el gobierno de sus conciudadanos en cualquier parte de España pero lo que no podía hacer el Gobierno de la nación es abdicar del debate, de la negociación y del acuerdo y menos, tres años y medio después, aún diferirlo a “los próximos años” como ha afirmado Calviño estos días.
En realidad, lo primero que hay que tener claro son, en mi opinión, dos cosas que no sabemos si el PSOE tiene claras. La primera es que cuando hablamos de la financiación de los servicios fundamentales hablamos de la igualdad entre españoles, hablamos de igualdad de servicios públicos, hablamos de igualdad de personas y no de cuotas de poderes territoriales. La segunda es que los servicios públicos los pagan los españoles y que la manera de mejorarlos es el crecimiento, es la generación de empleo.
No se tiene claro lo primero si se privilegia los intereses de los socios independentistas del gobierno y no se tiene claro lo segundo si el camino escogido por Montero es someter a los españoles al mismo infierno fiscal, con subidas generalizadas de impuestos, al que sometió a los andaluces en su etapa de consejera porque así se ralentiza la recuperación, no se crea empleo y no llegan los recursos públicos a cubrir las necesidades.
La prueba palpable de esto último es que estos días el INE ha rebajado la tasa de crecimiento del primer y segundo trimestre del año respecto de las triunfalistas cifras dadas por el gobierno, de forma tal que no estamos en una situación de recuperación robusta de nuestra economía como cacarea la propaganda gubernamental sino que, casi, ni siquiera estamos ante un rebote y ello influye decisivamente para mal en el debate de la financiación autonómica.
Las comunidades autónomas son las prestadoras de los principales servicios de nuestro estado del bienestar: educación, sanidad, servicios sociales, dependencia y deberíamos hacer lo posible y lo imposible para garantizar la suficiencia del sistema de financiación.
Garantizar la suficiencia del sistema pero, al tiempo, garantizar la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autónomos de forma que asuman qué servicios públicos quieren prestar y cómo quieren financiarlos, asumiendo ante su electorado las consecuencias del modelo que escojan.
Por ello es perjudicial que el gobierno de Sánchez imponga sus modelos ideológicos diciendo a las comunidades autónomas cómo tienen que administrar sus recursos o qué impuestos deben poner o quitar para financiarlos aunque si deba establecer que a través del sistema de financiación se financian los servicios públicos fundamentales y otros gastos o determinados niveles de gasto que se quiera asumir debe financiarse con la política fiscal que cada gobernante autonómico determine sin imputarla a los demás.
Si se entiende bien el estado de las autonomías, la complejidad del debate de la financiación territorial no debería asustarnos, el problema es que parece que Montero no entiende bien que en un estado autonómico rigen los principios de coordinación, cooperación y lealtad institucional y no el ordeno y mando a que está acostumbrada.
