En este país, un poco cainita, de polémicas de largo recorrido mediático y corto eco social, ha sorprendido esta semana la que ha desatado La Vanguardia contra Miquel Sellarés, con el apoyo involuntario de la Sindicatura de Cuentas.
El órgano fiscalizador de las instituciones públicas o semipúblicas emitía a inicios de la semana un duro informe sobre los balances del Centre de Documentació Política, que preside y en la práctica monopoliza Miquel Sellarés. La Sindicatura denunciaba la utilización de cuentas personales y el desvío de fondos hacia estas, un exceso de facturas de restaurantes sin justificar y de difícil explicación para el objeto de la fundación que rige el Centre de Documentació Política, etc., etc. Una fundación que recibió en el 2009 más de 1,4 millones de euros de la Generalitat y 250.000 de la Diputación en subvenciones.
Con este motivo, La Vanguardia editorializaba en su sección “La mirilla” con el contundente título de “Un millón a la papelera” contra estas subvenciones que irían destinadas fundamentalmente a sufragar un resumen de prensa que recibirían los diferentes departamentos del gobierno autonómico. Un resumen de prensa, a juzgar por las cifras, que valdría, podríamos decir, su peso en oro.
A preguntas de nuestra compañera, Cristina Farrés, Miquel Sellarés se defendía atacando, lo que también constituye un elemento diferenciador muy nuestro. Más allá de dar una respuesta razonable a las acusaciones de la Sindicatura de Cuentas, Sellarés prefería el método de la querella catalana y denunciaba a su vez al diario del conde de Godó: “Desde que intenté poner un tope a las subvenciones escandalosas que recibe La Vanguardia intentan crucificarme”.
Consumida la semana, lo que tenemos es un informe muy crítico de la Sindicatura de Cuentas sobre la fundación que preside y personaliza Miquel Sellarés, una buena manoletina del portavoz de la Generalitat –“hay que conocer primero a fondo el informe”- y un silencio clamoroso por parte de la Diputación sobre el posible mal uso que se haya podido dar a sus más de 200.000 euros de subvención, aunque los silencios de la institución provincial son ya demasiados habituales. Si ni siquiera abrió la boca cuando dimitió como director general de la entonces Caixa Catalunya su primer ejecutivo, Josep Maria Loza, y eso que la Diputación era la entidad fundadora que tutelaba esta entidad…
Tampoco tenemos ninguna explicación de La Vanguardia sobre la denuncia de Sellarés acerca de “las subvenciones escandalosas que recibe”, aunque a decir verdad tampoco la esperábamos. Como no esperamos ninguna publicidad sobre el conjunto de las subvenciones que recibirá este diario por sacar en mayo su edición en catalán, ni sobre las recibidas por el diario Ara o por cualquier otro medio, aunque quizás deberíamos proponer que en aras a la transparencia que tanto nos gusta pregonar todos lleváramos en nuestras portadas un pequeño espacio con todas las ayudas recibidas.
Pero no. Ni la Diputación dará explicaciones, no suele hacerlo, ni los medios expondrán claramente el dinero que reciben de una u otra manera de los respectivos gobiernos. Estamos mucho mejor denunciando la pajita en el ojo ajeno, una actividad en la que La Vanguardia está adquiriendo una cierta especialización. Véase, si no, como de nuevo “La mirilla” se hacía eco el viernes, creo, del dinero que costaba el boletín municipal Barcelona Informació, en línea con las críticas del alcaldable Xavier Trias.
Resulta como poco curioso ese malestar por el dinero público que se gasta o malgasta de esta manera y la conformidad y hasta alegría con que se recibe, por ejemplo, el dinero que Rodalies o los Ferrocarriles de la Generalitat, igualmente públicos a todos los efectos, pagan por comprar miles de ejemplares de La Vanguardia y repartirlos gratuitamente por la mañana a sus viajeros, como ha estado sucediendo, por poner apenas un ejemplo. Y eso que los directivos de La Vanguardia suelen diferenciar frecuentemente con una cierta superioridad la prensa escrita, de calidad, de pago (dicen), de la digital que se ofrece gratuitamente.
Sin embargo, contra lo que pudiera parecer, este artículo no va contra La Vanguardia, un medio que nos gusta, muy bien hecho, con muy buenos periodistas, no. Este artículo va contra las subvenciones, en general, y la manera en que los gobiernos utilizan ese dinero público en los medios de comunicación. Porque si hay algo que resulte realmente extraño es ese flujo de dinero hacia unos medios cuyo primer fin ha de ser, curiosamente, el control de aquellos que tan generosamente les financian, y en este capítulo, créanme, las administraciones catalanas son especialmente generosas, gracias sobre todo a la excusa de la normalización del catalán.
Las subvenciones a los medios no tienen sentido y además son contradictorias con los fines a los que éstos deben servir. Pero CiU y después los tripartitos lejos de poner un tope a estos regalos envenenados se han mostrado cada vez más “generosos”, pese a que cuando Miquel Sellarés aterrizó en la administración autonómica como secretario general de Comunicación se escandalizara por las cuantiosas subvenciones recibidas por La Vanguardia, como podía haberlo hecho por las que llegaban a otros medios de información, directamente o en subvenciones a proyectos o en compra de ejemplares o… Lo lamentable es que si ahora esas ayudas finalmente se reducen no será porque hayamos llegado al convencimiento de que no son convenientes sino porque sencillamente no hay dinero.
