Ministra Pastor, ¿qué está pasando en Correos?
Llevamos acumulados varios datos sobre la difícil adaptación del servicio público de Correos a los nuevos tiempos. Es cierto que su figura resulta indispensable desde una perspectiva universal de comunicaciones y que esa función está reconocida de forma legal y aceptada por la sociedad.
Lo que sucede es que el punto de partida no puede ser el de llegada. Correos presta un servicio universal en un sector en el que la liberalización jamás acaba de producirse efectivamente y el monopolio de las comunicaciones sigue radicando, de hecho, en un organismo público al que el Ministerio de Fomento riega cada año desde los presupuestos generales.
Debería resultar preocupante para la ministra Ana Pastor que Correos reciba, una tras otra, multas desde Bruselas por llevar a cabo prácticas restrictivas de la competencia. Incluso podría sonrojarse por conocer que la plantilla de 53.000 trabajadores reconozca abiertamente que trabaja menos de lo que podría.
Todo eso, creando un agravio comparativo con el resto de empresas españolas que cotizan religiosamente a la Seguridad Social (el ente se ahorró 20.000 cotizaciones) y pagan el IVA sin poder convertir ese dinero en un elemento coercitivo para la competencia.
El Gobierno y el partido que le sustenta en el poder no pueden seguir pidiendo esfuerzos a la ciudadanía para llevar a cabo sus reformas y dejarse vías de agua abiertas por las que se cuelan no sólo infinidad de recursos públicos, sino malas prácticas empresariales.
Resolver este asunto es cosa de los dirigentes de Correos, por supuesto y en primer lugar, pero la ministra Pastor debe preocuparse de que se haga en tiempo y forma. Lo contrario es oscurantismo o incluso algo peor.
