Una intensa expansión del crédito bancario, superior a la registrada por los depósitos de clientes, y una tasa de morosidad mínima, fueron características definitorias de la fase expansiva de la economía española previa a la crisis. El doble choque procedente de la incorporación al área del euro y de la entrada de un elevado volumen de inmigración estuvo detrás de esta evolución. Las condiciones financieras mejoraron enormemente, con una caída a mínimos históricos de los tipos de interés, la ampliación de los plazos en préstamos hipotecarios y un incremento notable en la accesibilidad al crédito. Con un mercado laboral muy dinámico y perspectivas positivas en el medio y largo plazos, incluida la revalorización de la vivienda, el endeudamiento era una elección óptima para las familias, tanto como la concesión de préstamos por parte de las entidades.
¿Qué ocurre a raíz de la crisis? Los acontecimientos demuestran que la optimización individual ha resultado ser adversa para el conjunto. El cambio de expectativas sobre la sostenibilidad del modelo de crecimiento español ha creado escenarios negativos a los que los agentes otorgaban poca probabilidad hace unos años. Se han destruido más de 2 millones de puestos de trabajo, la tasa de paro ha superado el 20%, los precios de la vivienda se han reducido alrededor de un 15% desde máximos y el crecimiento del PIB potencial ha pasado de valores en torno al 3% a menos del 2%. En este nuevo contexto, caracterizado por la incertidumbre sobre los ingresos futuros, los hogares han optado en la crisis por aumentar la tasa de ahorro, al tiempo que la pérdida de empleos está en la base del aumento en la morosidad, que se produjo sobre todo entre el verano de 2007 y finales de 2009.
A esta dinámica propia de las rentas familiares se ha unido el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito (primero por la subida de tipos de interés hasta finales de 2008 y después por restricciones cuantitativas) y la necesidad para las entidades de reforzar su base de recursos, que ha llevado a la denominada “guerra de pasivo”. Un elemento adicional es la resistencia del endeudamiento a disminuir, es decir, a que se produzca un proceso de desapalancamiento, aspecto determinado por los amplios plazos de la modalidad crediticia dominante, la hipotecaria. Esta situación refuerza, en un contexto de débil recuperación, los dos elementos anteriores, generando una mayor preferencia por el ahorro de los hogares ante las obligaciones financieras futuras y una mayor exigencia para unas entidades que se enfrentan a dificultades de financiación en los mercados mayoristas. El resultado es que la estrategia óptima individual ha pasado del endeudamiento al ahorro, tanto para hogares como para el sistema financiero.
Y mientras el crédito tiende a estancarse, por la política más conservadora en la concesión por parte de las entidades financieras y por una demanda solvente débil por parte de las empresas y familias, la morosidad todavía presenta elementos de presión al alza. Y esto es así por un doble efecto. El operado en el denominador porque se espera que el stock de crédito no aumente más que de forma suave en los próximos años. Y el que afecta al numerador, el saldo moroso, que podría volver a aumentar si, como está previsto, persiste una tasa de paro elevada en los próximos años y las prestaciones por desempleo se agotan progresivamente, en el caso de las familias, y la dinámica económica general no es suficiente como para mejorar significativamente las expectativas de las empresas.
Sobre las prestaciones por desempleo, es importante tener en cuenta que entre enero de 2010 y el mismo mes de 2011, el número de beneficiarios se ha reducido en unas 106.000 personas y la tasa de cobertura en casi 5 puntos, si bien todavía las prestaciones alcanzan a más de 3 millones de personas, equivalentes a un 76% de los parados, porcentaje que históricamente es muy elevado. Sin embargo, resulta inquietante la tendencia de los perceptores de prestaciones contributivas, las de mayor cuantía, que han descendido en unas 223.000 personas en el último año, evolución que se reforzará en próximos meses. Hay que tener en cuenta que el máximo de tiempo para percibir la prestación es de 2 años y que desde el primer trimestre de 2009 se han destruido casi 1,5 millones de empleos.
La agenda reformadora ha de convertirse en la palanca que levante la restricción hoy existente para que las decisiones óptimas de los agentes vuelvan a estar en la fluidez del crédito y en la generación de empleo, al tiempo que se evitan los desequilibrios que han agudizado la crisis internacional en el caso de España. Se trata, en definitiva, de que las condiciones de la optimización individual lleven al beneficio colectivo y no a una nueva crisis.
