Mas, Mas-Colell y Acciona, pierden; Santi Vila, Agbar y los catalanes ganan
Han sido necesarios dos años, 24 largos meses, para que la Generalitat que preside Artur Mas haya sido capaz de entender el enorme error que cometió con la mayor privatización de su legislatura. El servicio de suministro de las aguas catalanas se concedió de una manera irregular y extraña a un consorcio liderado por la compañía madrileña Acciona junto al banco brasileño BTG Pactual y las familias Rodés y Godia como accionistas minoritarios.
Que constituía un error no es una apreciación periodística. Nada más conocerse el desenlace de la adjudicación, la empresa Agbar, que concurría, denunció que se habían incumplido buena parte de las bases de la licitación. Es anormal que una empresa privada que tiene multiplicidad de contratos y negocios con las administraciones públicas se mantenga tan firme y rotunda salvo que le asista una razón enorme y sienta comprometidos sus intereses y reputación.
Sería interesante saber quién ganó de verdad por estos dos años perdidos
Luego fue la propia Generalitat, a través del organismo encargado de velar por la transparencia en la contratación pública, quien dijo que la llegada de Acciona era una chapuza mayúscula. El consejero de Política Territorial que lanzó el concurso ya no está en política. Hoy, Lluís Recoder es un abogado más en KPMG. Tampoco se sabe nada de quien dirigía la Agencia Catalana del Agua (ACA), Leonard Carcolé, que se exilió profesionalmente a Andorra.
Los jueces, uno tras otro, y cada vez con mayor intensidad, han ido diciéndole a la Generalitat que erró, que se equivocó, que no podía mantener la ficción de una gestión decente mientras Acciona estuviera en ATLL. Han sido meses en los que el Govern ha toreado la cuestión y cada vez que se les preguntaba respondían aquello de creemos en la acción de la justicia y otras naderías que mostraban su falta de política sobre ese asunto.
Santi Vila, el consejero de Política Territorial, ha sido quien finalmente ha decidido coger el toro por los cuernos y darle una solución a un contencioso que amenazaba no sólo el prestigio de un gobierno, sino incluso las responsabilidades individuales penales de sus integrantes si no cumplían con las resoluciones de la justicia. Lo ha hecho en contra del consejero de Economía y Finanzas, Andreu Mas-Colell, que parece dispuesto a que su celofán de académico envuelva todas y cada una de sus sonoras y costosas meteduras de pata.
El asunto vuelve a un redil de sentido común. Sabemos quién pierde y quién gana con el final que se presupone en lo político y empresarial. Lo que nos gustaría saber a todos es quién ganó por hacer el ridículo durante dos años favoreciendo unos intereses incomprensibles. Ésa es la gran pregunta de esta historia.
