Maniobras secesionistas en la oscuridad
Alfonso Guerra, veterano político del PSOE, describió el procés catalán en 2015 así: «Las autoridades de la comunidad catalana vienen practicando un suerte de golpe de Estado en cámara lenta con la complicidad de algunos partidos y medios de comunicación…» Llegados a 2017 y sigue la cámara lenta con nuevos pasos incesantes en la misma dirección.
La jurista Araceli Mangas nos advertía en 2016 que Cataluña pretende actuar como si fuera un Estado con la política de hechos consumados. También nos recuerda la analogía de Quebec, donde tras dos referéndums perdidos el tribunal Supremo de Canadá dictó la Clarity Act (Ley de la Claridad), donde quedó claro que Quebec no está sojuzgada a Canadá y no tiene el derecho a decidir la autodeterminación de uno de sus territorios, solo puede organizar consultas para valorar el tipo de relación con el Estado y con unas reglas claras. Queda claro que ni en Quebec ni en Cataluña existen el derecho a la autodeterminación, pues solo lo contempla la ONU en supuestos coloniales, ocupación extranjera o discriminación racial. Después de décadas gastando energías nadie pide el tercer referéndum en Quebec.
Llevamos años de la cámara lenta del procés y como evidencia científica, solo hace falta observar tres hechos de la última semana para darnos cuenta que se van dando nuevos pasos que corroboran las intenciones sediciosas para conseguir una secesión, pactada o sin pactar.
De acuerdo a la definición de sedición como «levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo», ¿qué es sino lo que está llevando a cabo el ex juez Santiago Vidal?, que fue expulsado de la carrera judicial por redactar la Constitución Catalana, alegando en su defensa que lo hacía en su tiempo libre, pero no en horas de trabajo de funcionario del Estado al que quería romper.
Recientemente, también ha tenido que dimitir como senador por haber manifestado literalmente y de forma reiterada en varias conferencias que la Generalitat obtiene de forma ilegal los datos tributarios de los catalanes. También que han confeccionado una lista de unos 300 jueces afectos al régimen de los 800 existentes. Asimismo se jacta que se dispone de 400 millones para el referéndum, en partidas camufladas para que no las impugne el Estado. Al mismo tiempo, Lluís Salvadó, secretario de la hacienda catalana, en diciembre de 2016 confesaba en una conferencia de la ANC que están preparando una base de datos para afrontar el minuto 1 de la independencia. Claramente se incumple la Ley de protección de datos, que especifica «no pueden usarse los datos para fines incompatibles con aquellos para los que los datos fueron recogidos».
El juez Vidal es un cargo de confianza del vicepresidente Oriol Junqueras, ambos de ERC. Este partido entre otros nos ha ofrecido números como el del señor Carod Rovira, reuniéndose con ETA en Francia para que la organización terrorista no actuase en Cataluña, sin preocuparse de que atentara o no en el resto de España.
En la misma semana, hemos conocido los detalles del viaje de Puigdemont, Junqueras y Romeva a Bruselas en su estrategia de internacionalizar el procés. No son recibidos por las autoridades europeas, salvo excepciones, pero se gastan 130.000 euros en una campaña de publicidad para llenar las 350 plazas, mayormente ocupadas por catalanes venidos del principado para placa y foto de las manifestaciones de Puigdemont «habrá referéndum sí o sí en 2017, quiera o no el gobierno español». Otro derroche, más del dinero de todos a favor de una parte de la población y en contra de la otra parte.
Un caso más grave de la secesión es el de la rebelión, definida como «una manifestación de rechazo a la autoridad que puede variar desde la desobediencia civil a otras manifestaciones más graves, para destruir la autoridad establecida y con levantamiento público».
Como tercer hecho remarcable de la semana anterior, las entidades soberanistas (ANC, Omnium, AMI) bien subvencionadas y apoyadas por el Govern, están organizando una manifestación delante del Juzgado donde juzgarán a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.
Están acusados de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional por organizar el 9N a pesar de haberlo suspendido el alto tribunal. Se ha sumado la consejera de Governació, Meritxell Borràs y con el lema «el 6 de Febrero nos juzgan a todos», hacen una llamada a la población. ¿Qué es sino apología de la rebelión, fomentar que la población se rebele para obstaculizar el estado de derecho y politizar la justicia? Han abierto una página web para registrarse e informar y organizar viajes gratuitos en autocar para transportar a los interesados.
Otra vez, en Cataluña con los recursos de todos y esta vez a través de los funcionarios públicos, de viajes propagandistas y de las maniobras sediciosas confesadas por un senador, se pretende favorecer a una parte de la población y perjudicar a la otra parte. Fomentar la rebeldía social desde el propio Govern y las entidades afines subvencionadas, es un abuso de poder y de malversación de fondos públicos. ¡Una gran irresponsabilidad!
¡Esperemos que por el bien de todos al final se imponga el seny!
