Los tres golpes mortales del Gobierno a la economía española

España avanza hacia la mayor recesión de su historia en tiempos de paz. La contracción del PIB podría alcanzar los dos dígitos en 2020, algo nunca visto desde la Guerra Civil, debido a la prolongación y el endurecimiento de la cuarentena decretada por el Gobierno.

El riesgo, sin embargo, no es tanto la profundidad de la caída, sino su mantenimiento en el tiempo. Aunque el Ejecutivo confía en que se produzca una recuperación rápida en forma de V, lo cierto es que todo apunta a que será mucho más lenta y gradual, sin que pueda descartarse incluso una agónica depresión en forma de L.

La gravedad de la crisis económica dependerá, en primer lugar, de la capacidad para solventar la emergencia sanitaria y, en segundo término, de las medidas que se pongan en marcha para amortiguar el duro golpe, evitando que el parón se lleve por delante miles de empresas y cientos de miles de empleos. El problema es que, hasta el momento, España sale muy mal parada en ambos casos.

La gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra el coronavirus tan sólo puede calificarse de nefasta. Prueba de ello es que España registra el mayor número de muertes por Covid-19 del mundo, con 266 por cada millón de habitantes, por encima de Italia (263) y a años luz de las cifras que presentan Alemania (19) y Corea del Sur (3).

Y lo mismo podría decirse de la gestión económica. La venta de vehículos se desplomó un 69% interanual en marzo y las compras con tarjeta cayeron un 55% a raíz del estado de alarma, lo cual da buena cuenta de la magnitud del parón.

Cerca de 900.000 personas perdieron su empleo en la segunda mitad de marzo, tras el inicio de la cuarentena, y otras 900.000 se han visto afectadas por un ERTE. Así pues, el volumen de parados podría dispararse por encima de los 5 millones en apenas un par de meses.

Nada será igual después de esta crisis

La única forma de garantizar la supervivencia de las empresas afectadas consiste, por un lado, en facilitar liquidez para que puedan hacer frente a sus pagos inmediatos, a través de rebajas fiscales y préstamos avalados por el Estado, al tiempo que se flexibiliza la regulación laboral para que puedan reducir jornada o aplicar despidos temporales. Y, por otro, es necesario garantizar las rentas de las personas afectadas vía prestaciones, subsidios y ayudas.

Esto es lo que han hecho, en mayor o menor medida, la mayoría de países golpeados por el coronavirus, pero España ha optado por una vía diferente, cuyas consecuencias serán devastadoras para la economía nacional.

Ya sea porque el margen fiscal es reducido, con una deuda próxima al 100% del PIB, ya sea por cuestiones ideológicas o una combinación de ambas, el problema es que el Gobierno ha asestado tres golpes mortales a las empresas, reduciendo así su probabilidad de supervivencia.

El primero tiene que ver con los impuestos. En lugar de suspender el cobro de tributos durante el período de confinamiento, Sánchez se ha limitado a conceder aplazamientos a pymes y autónomos, de modo que, tarde o temprano, deberán abonar la factura. Ni moratoria general ni, mucho menos, exención fiscal. Las empresas españolas, pese al hundimiento de sus ingresos, tendrán que seguir rindiendo cuentas ante Hacienda, sin rebaja de ningún tipo.

El segundo golpe se concentra en el ámbito laboral. La facilidad para acogerse a los ERTE es muy relativa, puesto que su concesión no es automática y requiere del visto bueno de la inspección laboral. Pero lo más grave, sin duda, es que su duración se limitará al período de alarma, al tiempo que las empresas tendrán que mantener los puestos de trabajo durante seis meses, lo cual es harto improbable.

Nada será igual después de esta crisis y, a falta de una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus, las medidas de distanciamiento social seguirán vigentes tras el confinamiento, de modo que muchas empresas se verán obligadas a reducir personal para seguir vivas. A ello se le suma, además, la prohibición de realizar despidos durante los próximos meses, lo cual terminará causando la quiebra de multitud de empresas.

El plan del Gobierno sumirá a España en una larga y dolorosa depresión económica

Y el tercero es la enorme inseguridad jurídica que ha introducido este Gobierno. La amenaza directa lanzada por Iglesias contra la propiedad privada, citando de forma torticera y maniquea el artículo 128 de la Constitución, según el cual “toda la riqueza del país […] está subordinada al interés general”, no es baladí.

En vez de que el Estado garantice las rentas de las personas afectadas mediante prestaciones o subsidios para que puedan hacer frente a sus pagos durante el confinamiento, PSOE y Podemos han traspasado esta pesada carga a las empresas, comprometiendo, una vez más, su solvencia.

El Gobierno se ha decantado, finalmente, por fijar precios en algunos productos y permitir el incumplimiento de los contratos aprovechando el estado de alerta.

La suspensión de los desahucios; la moratoria decretada en el pago de hipotecas, préstamos personales y alquileres; la prohibición de suspender el suministro de comunicaciones, agua, luz y gas para todos los consumidores; el permiso retribuido y obligatorio con cargo a la empresa entre el 30 de marzo y el 9 de abril; o la resolución unilateral de todo tipo de contratos privados son algunos ejemplos de esta peligrosa deriva.

Estas medidas son únicas a nivel internacional. Mientras que la mayoría de países ha optado por realizar transferencias de renta a las familias con mayor riesgo para cubrir su gastos, España le carga la factura a las empresas en el peor momento. Justo lo contrario de lo que se necesita.

De no corregirse este cúmulo de despropósitos, el plan del Gobierno se llevará por delante miles de empresas, sumiendo a España en una larga y dolorosa depresión económica.