Los tentáculos del gobierno

Esta vez el gobierno de Pedro Sánchez ha ido demasiado lejos. La destitución del abogado del Estado, Edmundo Bal, partidario de mantener la acusación de delito de rebelión en el juicio del procés ha sido una represalia. En toda regla.

Un Estado democrático no debería traspasar los límites de la injerencia en el poder judicial. Pero ha ocurrido. Está ocurriendo, de hecho, desde hace meses. Con tal de enviar señales de desinflamación a la Generalitat, el gobierno borró la palabra ‘violencia’ del escrito de la Abogacía del Estado sobre los acontecimientos del 1-0.

El gobierno no podía permitirse que Marchena siguiera juzgando a los acusados secesionistas

La Abogacía del Estado ha pedido para Oriol Junqueras 12 años de prisión, la mitad de lo solicitado por la Fiscalía. Descartando el delito de rebelión, la ministra de Justicia no quiso defender al juez Llarena desde el principio. Avalancha de guiños que nunca son suficientes para los independentistas.

Tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno tenía que seguir moviendo pieza en el tablero. Sobre todo porque el destino de este prestigioso jurista, tras su desistimiento, se quedaba, en principio, donde estaba. Presidiendo la Sala Segunda del alto tribunal. Y juzgando a los acusados secesionistas.

Ante esta situación, con un magistrado ponente de esta causa, conservador, sí, pero independiente, tan riguroso y poco dado a los apaños judiciales, los independentistas han puesto el grito en el cielo en forma de incidente de recusación.

Pedro Sánchez necesita seguir mostrando gestos hacia sus socios de gobierno

El torpe whatsapp del senador Cosidó en el que presumía de tener controlado al Supremo les sirvió la ocasión en bandeja. Le acusan de falta de imparcialidad.

Mientras su futuro en el juicio del procés se estudia estos días, Pedro Sánchez se ha visto en la imperiosa necesidad de seguir con los gestos hacia sus socios de moción de censura.

La cocina del Tribunal Supremo no es la del CIS

Por eso y por si acaso las recusaciones no prosperan y Marchena sigue en su sitio, el gobierno ha movido una silla clave en la Abogacía del Estado. Para compensar. La cocina del Tribunal Supremo no tiene nada que ver con la del CIS de Tezanos. Hasta ahí no pueden llegar los tentáculos del gobierno. Pero a la Abogacía del Estado, sí. Y le ha tocado a Edmundo Bal, destituido.

Bal fue responsable de las acusaciones en el caso Gürtel reclamando penas ejemplares por delitos fiscales superiores a las reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción. Experto en investigaciones sobre los entramados de blanqueo y paraísos fiscales más delicados de este país, que quitó el sueño a unos cuantos futbolistas ilustres. Conocedor del procés como nadie.

Tocado y hundido en el juego de la ministra Dolores Delgado. Su independencia de criterio le ha costado el puesto. Se atrevió a no seguir las consignas de un ejecutivo que presume de ser defensor de la separación de poderes y, sin embargo, está dando muestras reiteradas de haber cometido injerencias en el poder judicial.

Edmundo Bal, que se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía del Estado cuando descartó el delito de rebelión, ya sabía que la espada del cese se proyectaba sobre su cabeza. Cuando la ministra de justicia se negaba a defender al juez Llarena frente a la demanda civil de Puigdemont alegando que se trataba de una cuestión personal, Bal abogó por lo contrario.

Finalmente y, como consecuencia de tanta presión política, judicial y mediática el ejecutivo tuvo que cambiar de actitud y contratar un gabinete para defender al juez en Bruselas. Pero durante unas horas, el puesto de Edmundo Bal estuvo en el limbo.

Apartado del caso

Ahora la represalia es definitiva. Ya no representará al Estado en el juicio de los secesionistas catalanes. Por discrepar en torno a las calificaciones jurídicas de los acontecimientos del 1-0. Apartado del caso.

Un obstáculo menos para los independentistas que tan solo admiten la libre absolución de los que se van a sentar en el banquillo por haber querido dar un golpe a la Constitución. La última palabra la deberán decir los tribunales. Habrá que ver con qué presidente de sala.

No será fácil para los procesados librarse de Manuel Marchena.