Los dictámenes de hoja caduca
El ciudadano sin afiliación pre-definida está abusivamente sometido a una confusión que aumenta a medida que se evaporan las posibilidades de una consulta. Si la iniciativa de secesión estuviese verdaderamente avalada por la gran mayoría de los ciudadanos de Catalunya, eso no encajaría con la falta de consenso en el Consell de Garanties Estatuàries, dado que cuatro de sus nueves miembros han emitido un voto particular en contra.
De acuerdo, la consulta queda confirmada por cinco a cuatro votos, pero es una mayoría que no refleja la hipótesis de una adhesión masiva del parlamento autonómico ni el clamor del pueblo catalán por su derecho a decidir.
A su modo, lo que el dictamen refleja, de modo deliberado o no, es la realidad de una sociedad cada vez más dividida y polarizada. Así, el desconcierto jurídico se suma al desconcierto civil, aunque ni el secesionismo ni su microclima mediático dejen de repetir el “mantra” de un deseo inmenso de Catalunya por la secesión. Correlativamente, el desconcierto político va a irse viendo de modo casi inexorable en el Parlament de Catalunya, como es casi seguro que se constatará en la sesión de control al ex presidente Jordi Pujol.
En CiU cada vez hay más tensiones –y no solo entre Convergència y Unió– y algunos de los opinantes más conspicuos del independentismo están dando pasos atrás. Aquella mayoría indestructible que proponía Artur Mas –concepto difícilmente acreditable por Popper o Isaiah Berlin– no ha existido nunca.
Para quienes creyeron de buena voluntad que era algo posible, la frustración es grande, con el añadido espectacular del afer Pujol, una eventualidad casi indescriptible que va a lastrar la política catalana por un largo tiempo aunque la señora Ferrusola opina que va a olvidarse muy pronto.
Otro aspecto de la cuestión es que los mismos que critican la criticable politización del Tribunal Constitucional olvidan ese argumento descalificador cuando aplauden los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries, por votos en contra que tengan. Doble medida: la politización del Constitucional es un abuso histórico mientras que las cuotas políticas del Consell de Garanties Estatutàries son un simple accidente del devenir hacia la plena identificación de Catalunya. Por lo mínimo, eso da motivos para el asombro y la conjetura.
Un experto constitucionalista de fino bisturí como el profesor Josep Mª Castellà ha pasado por el tamiz jurídico el dictamen del CGE y lo menos que puede decirse es que peca de una ligera inconsistencia. Por ejemplo: la consulta es un referéndum camuflado, carece de la tutela de una administración electoral independiente –sí, ¿por qué no se habla nunca de la Junta Electoral?-, va más allá de las competencias de la Generalitat, mientras que la fractura en el Consell de Garanties Estatutàries es indicativa de algo más que una discrepancia jurídica.
Para el profesor Castellà no es una casualidad que, en general, los miembros del Consell de Garanties Estatutàries que han formulado su voto en contra sean los de prestigio jurídico más reconocido, mientras que los que han dado el sí son los más adscritos a la cuota política: 3 de 5, sobre el total de 9. Un dictamen de hoja caduca.
Visto lo visto, no extraña que algunos miembros del ejecutivo de Artur Mas vayan descartando la posibilidad de una consulta ilegal porque significaría poner a las instituciones autonómicas fuera de la ley. Sería el peor de los comienzos para un Estado propio tan lejos de la Unión Europea y dotado de una seguridad jurídica tan escuálida. Una consulta más que improbable
