Los arriesgados equilibrios de Sánchez para frenar el 1-O
Sánchez quiere demostrar que frente a la política de resistencia de Rajoy él tiene un plan para Cataluña. Y lo presenta como un antídoto potencial al referéndum
Coincidiendo en el tiempo con la remodelación fulminante del Gobierno de la Generalitat, Pedro Sánchez ha desarrollado una fulgurante actividad política en Barcelona entre el PSOE y el PSC, para dar un sorpasso al Gobierno de España en relación con el desafío soberanista. Todo un proyecto para recuperar la iniciativa política desbordando a la Moncloa.
Sánchez se reunió con Mariano Rajoy el pasado día 6 de julio. Selló su compromiso de apoyar al Gobierno ante el desafío soberanista del 1 de octubre y se reservó tomar iniciativas legislativas, “medidas activas” y “vías de diálogo”, en caso de que Rajoy permaneciera inactivo, agarrado solo a medidas judiciales para garantizar el cumplimiento de la ley.
Hubo una diferencia de interpretación sobre el contenido de la reunión entre quienes dieron cuenta de la misma. Mientras el ministro portavoz, Iñigo Fernández de Vigo, se limitó a señalar la coincidencia entre Rajoy y Sánchez en la aplicación de la ley frente al desafío del referéndum, Margarita Robles, sin precisar, anunció que el PSOE se reservaba el derecho a llevar adelante iniciativas políticas y legislativas.
Nadie pensó entonces que Sánchez iría tan rápido y en menos de diez días anunciaría las medidas políticas para desatascar las posiciones de ruptura de la Generalitat y el “inmovilismo centralista” de Rajoy.
Diez días después de reunirse con Rajoy, Sánchez lanzó medidas para frenar la consulta y el inmovilismo de Rajoy
Después de dos días de intenso trabajo entre el PSOE y el PSC, la reunión alumbro la estrategia para abordar la situación catalana sin esperar ni un día más en el calendario que conduce al 1 de octubre.
Al mismo tiempo, Carles Puigdemont depuraba a los consejeros que considera tibios ante el referéndum, casualmente todos pertenecientes a su propio partido, el Pdecat, antigua Convergència Democrática de Catalunya.
Neus Munté (Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), todos ellos consejeros con peso político en el gobierno catalán, recibieron su cese después del ultimátum formulado por el vicepresidente Oriol Junqueras a Puigdemont que reafirma su poder real en la Generalitat sin ofertar disimulos. No se trata de una remodelación sino de un atrincheramiento con incondicionales para hacer frente a la rebelión de un referéndum al margen de la ley.
Puigdemont no hizo una remodelación sino un atrincheramiento con incondicionales
La respuesta de Rajoy ha sido calificar de “purga de dudosos y reafirmación de radicales”, mientras se preguntaba ‘¿qué tipo de diálogo se puede llevar a cabo con esos procedimientos?’
Sánchez no ha valorado los cambios en el Gobierno de la Generalitat y ha anunciado su plan estratégico en el mitin posterior a las reuniones del PSOE y PSC en donde se ha anunciado la candidatura de Miquel Iceta a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.
Sánchez pretende abrir un foro parlamentario para empezar a trabajar en una reforma de la Constitución que configure un Estado federal. Ni siquiera va a esperar a la reapertura del Congreso después del periodo de vacaciones. La fórmula elegida, aunque no se ha precisado públicamente, sería la creación de una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional.
Ciudadanos no tiene prisas por emprender una carrera contra el soberanismo sin garantías
¿Qué apoyos parlamentarios tiene Pedro Sánchez para poner en marcha esta carrera contra el tiempo?
Ciudadanos, en la última reunión con el PSOE dejó claras dos cosas: la primera que no está dispuesto a conjugar la reforma de la Constitución como una satisfacción frente al desafío soberanista. Y, además, en todo caso no tiene prisa para emprender ese camino sin garantías. Para nada una carrera en pleno verano.
Hay que recordar que los procedimientos previstos en la Constitución para su reforma en los apartados fundamentales son prolijos. Requieren mayorías de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado, paso previo a someter a referéndum la reforma. Considerando todos estos impedimentos, bien puede considerarse la iniciativa de Pedro Sánchez como una operación de marketing político para ocupar un espacio que pretenda iniciativa, sin que ello impida una valoración política del proyecto.
Hay que considerar también que esta vía de urgencia pretende una cierta equidistancia entre las posiciones duras de la Generalitat y el “inmovilismo centralista” con el que califica al Gobierno. En cierto modo, una vía de agua en el apoyo comprometido al Gobierno para la defensa de la ley frente al referéndum.
La operación de Sánchez se puede leer como una acción de marketing político
El plan de Sánchez tiene lógica política siempre que haya alguien que quiera resolver el problema al otro lado de la mesa. El catálogo comprende, además de una reforma constitucional que contemple “las aspiraciones nacionales” de Cataluña -no es fácil adivinar la formulación jurídica de esa propuesta-, una reforma de la financiación autonómica, más dinero en infraestructuras y la desactivación de la corrección aplicada por el Tribunal Constitucional al Estatuto aprobado por referéndum en Cataluña. Mucha madera para abordar un plan tan ambicioso sin el apoyo de ningún otro partido.
Sánchez quiere demostrar que frente a la política de resistencia de Rajoy él tiene un plan para Cataluña. Y lo presenta como un antídoto potencial frente al referéndum del 1 de octubre. Naturalmente, nadie espera que el frente secesionista lo tome en consideración, pero si pudiera pretender que la opinión pública comparta la culpa del desafío entre los secesionistas y el Gobierno. De alguna forma, equiparación de incumplimiento de la ley con la ausencia de voluntad de diálogo.
En cualquier caso, en tiempo récord, Pedro Sánchez ha conseguido acaparar la primera plana en tiempos de estío.