Lobbies, universidades y gasto social 

La semana pasada el Parlamento catalán aprobaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Universidades, que fija la reducción lineal de los precios de las matrículas universitarias hasta un 36% en tres años para todos los estudiantes, independientemente de su renta. El coste de los másteres también menguará y se equiparará al de las carreras.  

Absolutamente todos los alumnos que cursan estudios en la universidad pública española están hoy becados, directa o indirectamente. Algunos de ellos gozan de becas oficiales, que cubren la totalidad del coste; mientras que los demás, quienes pagan la matrícula, en realidad están abonando un precio simbólico (15-25%) en comparación con los costes totales de su formación. 

Sin embargo, son numerosas las voces que esgrimen que dichas ayudas son insuficientes y que la «gratuidad» completa de la universidad puede ser una manera de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, mediante un sistema progresivo que favorece a los estudiantes con menos recursos. 

Sin embargo, este argumento es más bien erróneo: la universidad pública es una de las áreas más socialmente regresivas del presupuesto público y puede incluso aumentar la desigualdad, como apuntan numerosos estudios (Diris y Oogue,2018; Cabrales at al. 2018). El quintil de población de renta más elevada tiene una tasa de escolarización en la universidad de cerca del 50% mientras que el primer quintil no supera el 22 %.  

La gratuidad o semigratuidad de la educación postobligatoria beneficia casi exclusivamente a los futuros licenciados, que, de media antes de acceder a la universidad y como consecuencia de la propia enseñanza superior, tendrán en el futuro rentas relativamente superiores. Esto es así porque si bien es un servicio que se financia mediante impuestos, lo disfrutan comparativamente más los «ricos» que los pobres. Ya lo afirmaba el mismísimo Karl Marx en la Crítica al Programa de Gotha: «Que en algunos estados de Alemania sean gratuitos los centros de instrucción superior, sólo significa, en realidad, que allí en las clases altas se les pagan sus gastos de educación a expensas del fondo de los impuestos generales». 

Todos los expertos coinciden en que, en las etapas educativas tempranas (y fundamentalmente la etapa de los 0 a los 3 años) es donde se deciden gran parte de las capacidades de una persona, por lo que acentuar la inversión pública en estas primeras etapas sí puede tener un efecto social progresivo que contribuya a generar igualdad de oportunidades. Sin embargo, esto no ocurre con la educación universitaria, ya que el filtro ya se ha producido mucho antes: por mucho que se facilite el acceso universitario a las clases bajas, no vamos a conseguir que estas cursen masivamente estos estudios, ya que su camino está determinado desde antes.  

Los datos nos indican que lo que determina, en gran parte, que una persona estudie o no en la universidad es la formación de sus padres. Concretamente, el 75% de los hijos de padres universitarios termina con un título de educación superior, mientras que sólo el 27% de los hijos de padres con educación secundaria básica o inferior obtiene título universitario. Y este fenómeno se replica a nivel internacional. Según un trabajo reciente (Bonneau & Grobonel 2022), el precio de las matrículas no es el factor determinante en el acceso a la universidad: el acceso de familias de menor renta es similar en Francia (donde la universidad es gratuita para dicho colectivo) y en Estados Unidos. En Noruega, donde la universidad es “gratuita”, solo un 14% de los estudiantes proceden de las familias de menor formación. 

Además, lo cierto es que las reivindicaciones de los grupos de presión de la ILP no se fundamentan en ningún dato empírico. El número de matriculados en la universidad catalana se redujo ante la introducción de la tarifación progresiva durante la Gran Recesión, pero en menor medida que el número de residentes en edades entre los 18 y 24 años, el grueso de la demanda potencial. De hecho, la ratio matriculados/población 18-24 subió. Esto es así porque para las familias de menor renta el precio de la matrícula había descendido, en lugar de aumentar. En el curso 2012-13 los precios aumentan para los tramos 3 y superiores, quedan iguales para el tramo 2, y descienden para el tramo 1. 

Los efectos de la rebaja aprobada por el Parlamento catalán son muy regresivos, y no resolverán ningún problema de acceso de los pobres, porque el sistema reformado no había creado ninguno, y porque estos problemas se encuentran en etapas previas a la universidad. Regalar 500 euros anuales a los contribuyentes con rentas más altas – un tercio del coste de la matrícula universitaria de sus hijos – no parece una reforma especialmente eficiente en la coyuntura actual. 

En términos agregados, las universidades dejarán de ingresar unos 9 millones de euros que el presupuesto les ha reasignado desde otras políticas. Y nuestras cuentas públicas no permiten precisamente muchas alegrías. Al contrario, la sostenibilidad fiscal está al límite.  

Resumiendo, si nos preocupa la igualdad de oportunidades, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en la pregunta de cuándo invertir más que cuánto invertir. Teniendo en cuenta los argumentos desarrollados, sería más razonable aplicar un potente programa de becas en función de la renta. Además, países como Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido han introducido préstamos contingentes a la renta, sin perjuicio de los sistemas de becas. Este sistema consiste en el establecimiento de una línea de crédito gubernamental, cuya devolución está condicionada a los ingresos obtenidos por el estudiante una vez finalizados sus estudios universitarios.  

Si el Parlamento catalán ha aprobado esta ILP es, simple y llanamente, porque se posiciona a favor de un subsidio a la clase media alta, donde se sitúan colectivos bien organizados donde captar votantes. Algunos seguimos creyendo, sin embargo, que la misión de un parlamento no es rubricar iniciativas de lobby sino velar por la eficiencia y efectividad del gasto público.