Lo que el PSC e ICV-EUiA tienen de «pujolistas»
«Yo soy consciente de la inmensa dosis de confianza, y casi diría ‘de credulidad’, que los catalanes han manifestado —hemos manifestado— hacia el presidente Pujol. Y lo digo yo, a quien ha tocado el difícil papel de poner límites a la credulidad y peros a la confianza —sin demasiado éxito, por cierto.
Ahora soy también consciente —lo palpo, lo veo— que el solo hecho de que esta cámara parezca probable que me otorgue su confianza general, ya ahora —al menos de momento—, un soplo de adhesión popular. No sólo por mi persona, sino para aquellas personas que representan lo que en este momento el pueblo de Cataluña sabe que es la alternativa que gobernará. […] Yo sé que el aura o el carisma de poder irá perdiendo virtudes protectoras con el tiempo; lo sé.» Así empezaba el discurso de investidura del presidente Pasqual Maragall el 16 de noviembre de 2013.
La referencia obligada del antiguo líder del PSC, al que fuera presidente de la Generalitat durante cuatro largos lustros, pone de manifiesto hasta qué punto la izquierda catalana actuó de manera reactiva a lo que representaba ese intruso. Hoy, y por razones muy distintas, ni Pujol ni Maragall son protagonistas de la vida política. Bueno, Pujol sí, porque los miembros de la comisión parlamentaria que investiga el Fraude y la Evasión Fiscal y las Prácticas de Corrupción Política (CIFEF) en Cataluña, pese al nombre, han convertido, a Pujol y a su familia, en protagonistas de un juicio sumarísimo sobre lo que fue el pujolismo.
De lo que no se dan cuenta los ilustres diputados, especialmente los del PSC e ICV-EUiA, es que al identificar el confeso fraude fiscal de la familia Pujol con un presunto sistema permanente de corrupción, éste también los deja a ellos en muy mal lugar. No fue el nacionalismo lo que provocó los vicios, fue otra cosa, y me parece que los incluye.
En un sistema parlamentario, con todas las garantías y los mecanismos de control, si ese sistema hubiese existido y la oposición a Pujol no lo hubiera detectado, o si lo hubiese hecho pero no lo hubiera denunciado, la conclusión sólo podría ser una: que unos y otros eran cómplices del gazapo y de esa corrupción estructural que sirve de munición a los nuevos partidos.
Habrá quien pueda llegar a esta conclusión a la luz del caso Pretoria, de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón inculpó a nueve personas por supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de dinero. Entre los detenidos coincidían personas vinculadas a CiU y al PSC como el ex-alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco (PSC), el ex consejero de Finanzas de la Generalidad de Cataluña Macià Alavedra (CiU), el ex-secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta (CiU), y el ex-diputado (expulsado del PSC en 1992) Luis Andrés García Sáez, conocido por el apodo de Luigi.
No voy a sumarme a los que difunden la idea de que la Cataluña autonómica se ha convertido en un país-mafia por obra y gracia de los Pujol. Cataluña está por encima de esa familia y de muchos otros que creen dominarla. Las opiniones de brocha gorda las dejo para el PP y C’s —a los que a menudo se suman ICV-EUiA, la CUP y sobretodo Ada Colau—, que son los partidos unionistas por antonomasia.
Y también se lo podríamos atribuir a Pasqual Maragall y a Josep-Lluís Carod-Rovira y sus famosas insinuaciones sobre el tres y cinco por ciento en comisiones ilegales, aún no probadas, pero que ya se dan por buenas simplemente porque se airean en la prensa.
Lo que sí que es verdad es que hay actuaciones que podrían dar a entender que ha existido algún tipo de connivencia entre PSC y CiU durante estos años. Les pongo un ejemplo de hace unos meses relacionado con el caso Mercurio.
El pasado 21 de enero el Parlamento catalán aprobó, en votación secreta, rechazar la petición presentada por el parlamentario Daniel Fernández para mantener el acta sin sueldo ni poder votar, a la espera de la sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su intermediación en la contratación de un cargo de confianza en el ayuntamiento de Montcada i Reixac. Por ese mismo caso también se sentarán en el banquillo la alcaldesa de la población y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos.
La votación se perdió por un voto, puesto que para ser aprobada se requería la mayoría absoluta de la cámara (68 diputados) y sólo logró 67 votos a favor. Pese al carácter secreto de la votación, el resultado indicaba que la propuesta había sido secundada por CiU y PSC. PP e Iniciativa se abstuvieron y que el resto de partidos votaron en contra.
¿Qué pasó, ya que la suma de PSC y CiU (descontados Lluís Corominas, que estaba enfermo, y Fernández, que no asistió a la sesión) da 68? Pues que alguien aprovechó la ocasión para mandar una advertencia a la bancada contraria o bien que alguien quiso deshacerse del personaje desde el mismo grupo.La paradoja fue que ICV-EUiA se abstuviese en esa votación después de pedir reiteradamente la dimisión del diputado Xavier Crespo, de CiU, que también está imputado. Fue una votación extraña, que mostró las debilidades de la política catalana, a la que la prensa no prestó mucha atención.
A la mañana siguiente Daniel Fernández dimitió y fue sustituido por David Pérez, en la actualidad gerente del PSC, quien me negó con ironías la alianza entre CiU y PSC en el programa Olla de grills de la televisión de Badalona. Pérez, en cambio, se apuntó al aquelarre de la diputada del PP Eva García contra CiU, que no dijo ni mu de lo de Fernández. A pesar de que la ilustre señoría es de Montcada y me parece que debe saber algo del famoso caso Mercurio, calló.
Por lo que se ve, al PP ahora le conviene no atacar al PSC para poder estar juntos en la cruzada unionista que comparten. Esa debió ser la estrategia que pactaron Pepe Zaragoza y Alicia Sánchez Camacho cuando organizaron el lío de La Camarga.
Estamos ante una de las grandes mutaciones políticas, que ya se visualizó el día de la celebración conjunta de la Constitución de PSC, PP, y C’s en un acto presuntamente académico. Bajo la organización de Societat Civil Catalana, una plataforma unionista creada para dar respuesta a la ANC y Òmnium, y con el lema Constitución y Democracia, participaron en ese acto catedráticos próximos a ICV-EUiA, PSC, PP y C’s.
Que Joan Botella, Manuel Ballbé, Roberto Blanco, Victoria Camps, Francesc de Carreras, Teresa Freixes compartieran mesa anunciaba lo que está pasando ahora, cuando ICV ha decidido sumarse sin ningún tapujo a los defensores del statu quo nacional español.
La izquierda catalana no soberanista está virando para entrar en otra dimensión, que la aproxima al PP y a C’s, para alejarla de CiU, la federación con la que se repartió el poder en Cataluña durante los 23 años de presidencia de Jordi Pujol. Durante estos años los mordiscos entre unos y otros eran de mentira, se clavaban con dentadura postiza.
Decía Jaume Lorés, cuñado de Pasqual Maragall y el único intelectual de izquierdas que entendió algo de lo que significó la derrota de las izquierdas en 1980 ante el bisoño Jordi Pujol, que el «pujolismo» fue creando un monstruo superior, el «antipujolismo», cuyas bases eran la frustración ante la expectativa de controlar por completo el destino de este país.
Ahí ya estaban Francesc de Carreras, Joan Botella, Félix de Azúa, Isidre Molas, Xavier Vidal-Folch, Lluís Bassets, Javier Cercas, Victoria Camps, Joan Subirats, Oriol Bohigas, Andreu Mayayo, Joan Tapia y un sinfin de intelectuales, periodistas y profesores que se construyeron desde la perspectiva del antipujolismo. Ahora se les han sumado lo más rancio del pujolismo, como el inefable Francesc Granell.
En 1984, el hoy director de El País en Cataluña, Lluís Bassets, advertía en La vida política catalana, dividida en dos hemisferios: pujolismo y antipujolismo, que los socialistas eran una «oposición sonámbula» debido a su acomplejamiento, a la timidez ante la agresividad del nacionalismo pujolista. Además de que no sabían entrar a fondo en los puntos oscuros de la gestión de Jordi Pujol. Lo que entonces no quería preguntarse Bassets –y me temo que ahora sigue erre que erre– es si esa presencia sonámbula de los socialistas en la vida política catalana era resultado de la complicidad manifiesta, y no de lo contrario, de esos dos hemisferios que él, para satisfacer su apetito ideológico, creía irreconciliables.
