Lo mío es mío y lo tuyo ya veremos

Ximo Puig vuelve a la carga con el espantajo madrileño. El presidente de la Comunidad Valenciana ha sugerido en un “desayuno informativo” que las “rentas altas madrileñas” compensen al resto del país por los supuestos beneficios de la capitalidad, y ha vuelto a lanzar la idea de una “armonización fiscal” que, en la práctica, supondría subir o recuperar impuestos en Madrid. Los “desayunos informativos” están para estas cosas.

Desde hace un par de años la cuestión madrileña aparece periódicamente en los titulares, y Puig es de los más asiduos. La Comunidad Valenciana ha financiado incluso algún estudio sobre la fiscalidad madrileña. El origen del movimiento no es difícil de localizar: cuando Pedro Sánchez accedió al gobierno con los votos de todo el nacionalismo parlamentario, fue preciso desplazar la categoría de “enemigo”, en los términos de schmittianismo low cost que se han hecho tristemente habituales en la política española, desde el golpismo catalán hacia la oposición de centro-derecha.

Un movimiento político

La estrategia solidificó después de la formación del gobierno PSOE-Podemos; y para encarnar ese enemigo estaba la Comunidad de Madrid y, en menor medida, otras donde PSOE y Podemos pintan entre poco y nada -recordemos los tiempos en los que se amenazaba a Murcia con la aplicación del artículo 155 por el “pin parental”.

La ofensiva contra la Comunidad de Madrid cobró auge durante la primera ola de la pandemia y se ahogó con el petardazo de las elecciones autonómicas, en las que Isabel Díaz Ayuso barrió después de una campaña marcada por grotescas sobreactuaciones.

No obstante, ahora regresa porque es estructural y porque responde a una realidad política y sociológica profunda: la existencia cada vez más clara de una España de dos modelos, y ya veremos si dos velocidades -en la que solo Galicia parece sustraerse a la correspondencia de modelo y bloque. El gobierno ha tomado partido nítidamente por una de ellas, que es la que lo sostiene.

La compensación de Madrid

Pero, por mucho que insistan Ximo Puig y tutti quanti, ya existe una “compensación” por cualquier efecto del que pudiera beneficiarse Madrid: se llama Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, y Madrid aporta abrumadoramente más que cualquier otra comunidad (cubre un 68% frente al 24% de la siguiente, Cataluña). De hecho, sólo tres CCAA aportan a esa caja común: Madrid, Cataluña y Baleares, y una de ellas podría dejar de hacerlo si el “pacto fiscal” catalán llegase a concretarse.

Si cree que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, y es un hecho que lo está, Ximo Puig puede preguntarse quién votó a favor de la actual ley de financiación autonómica de 2009 -por ejemplo, el PSOE y alguno de sus compañeros de viaje actuales, como ERC. O por qué su partido apoyó asimismo el vigente cálculo del “cupo vasco” -sus socios de Compromís fueron los únicos junto a Ciudadanos que votaron en contra.

Recordemos que ni Euskadi ni Navarra aportan un solo euro al Fondo, como tampoco van a participar del sablazo de 20.000 millones de euros recién aprobado para paliar el déficit de las pensiones -es decir, que de hecho el resto de CCAA van a seguir financiándolas.

Federalismo para mí y jacobinismo para el resto

La matraca con Madrid no se trata por tanto de una cuestión fiscal o económica, sino política: Puig no pide compensar un modelo de financiación fallido, sino penalizar a las comunidades que hagan uso de las potestades fiscales que les otorga la Constitución. Federalismo para mí y jacobinismo para el resto. Las élites periféricas se revuelven contra un estado de cosas que han contribuido a crear, a sabiendas o no.

El proceso de concentración a todos los niveles que ha experimentado la capital en las últimas décadas, coherente con las tendencias que se observan en todo el mundo, ha tenido un aliado insospechado en el Procés catalán. De hecho, la paradoja de que se haya producido en paralelo con el despliegue del estado autonómico quizás sea solo aparente; y habrá que estar atentos a las consecuencias de medio y largo plazo de los modelos proteccionistas -del empleo público en primer lugar- adoptado por algunas CCAA.

Hablamos en cualquier caso de equilibrios de poder, no de cuadrar cuentas Y, dado que se trata de una cuestión política, habrá de dirimirse en lo político. En el número 8 de mEDium adelantaba la posibilidad de que las regiones españoles que han optado por un modelo no proteccionista se organicen y empiecen a cooperar antes de que la coalición gobernante las convierta en moneda de cambio. Es posible que en Madrid y Murcia se estén dando los primeros pasos.