Lista de espera salafista
El salafismo que pretende restaurar como sea el califato islámico actúa en Catalunya para imponer la “sharia” entre la población musulmana, instruir otros activistas fanáticos, forzar el matrimonio de las jóvenes o exigir la ablación. Son reductos minoritarios pero en expansión, financiados por el Golfo Pérsico. Una noticia hoy tiene que ser inmediata y produce solo un eco inmediato y volátil. Ocurre con los grandes desastres, con los macro-atentados. Generan descargas de emocionalidad y pasan al olvido. No se sigue más la noticia y otra la suplanta y se desplaza hacia un nuevo efecto emocional.
Eso nos lleva a suponer que el jihadismo acabó tras el atento del 11S, del 11M o de la muerte de Bin Laden, pero lo cierto es que ha ido readaptándose a las nuevas circunstancias y que Catalunya es hoy uno de sus focos de concentración, según investigadores y servicios de inteligencia. Van y vienen los ulemas islamistas predicando que la ley islámica está por encima del derecho vigente. Hay reclutamientos para el frente de Siria. Se ha dado un buen número de operaciones policiales con eficacia a la hora de proteger la ciudadanía, pero por su propia naturaleza esas cosas se saben cuando fallan y no cuando aciertan.
La mayoría de analistas localizan el máximo riesgo en puntos de Tarragona o en Girona, en Salt. Son núcleos urbanos, pequeños y medianos, en los que umbral de saturación inmigratoria lleva tiempo superado. A veces esta realidad produce un rechazo del que se nutre algún demagogo, pero lo más habitual es que los ayuntamientos acudan al recurso de un multiculturalismo políticamente correcto. Ha ocurrido y ocurre en el Raval de Barcelona.
Los jueces salafistas deciden lo que es ley y lo que es crimen. El mensaje se difunde en algunas mezquitas. El número de detenciones lo prueba, como los casos de captación de jihadistas suicidas en Catalunya, Levante o Norte de África. El riesgo es constante para el modo de vida de una sociedad abierta. A escala europea, las organizaciones islamistas promueven de forma coactiva la doctrina de una precedencia de la “sharia” sobre las respectivas normas constitucionales.
En un estudio patrocinado por el gobierno alemán, dos tercios de la inmigración musulmana consideran que la ley islámica les importa y determina mucho más que las leyes de los países que les han acogido. La lista de espera salafista requiere de un estricto control policial cuya efectividad no siempre se conoce ni se reconoce. Con toda la buena voluntad que se le atribuya, la discriminación positiva no es la solución sino parte del problema. Al final acaba por alterar la igualdad ante la ley.
