Lecciones de democracia desde Bélgica: ¡Por favor, un respeto!

Es muy difícil y atrevido poner en duda la calidad de nuestro sistema democrático y su homologación con el resto de los países de nuestro entorno. Mucho más desde Bélgica. Y, sin embargo, aunque cada vez con menos éxito, el secesionismo catalán lo sigue intentando.

En respuesta a los nacionalistas secesionistas belgas que cuestionan nuestro estado de derecho, lo más fácil sería responder con “tú más”. Motivos hay en el caos político y administrativo belga que ha estado a punto de asomarse a la condición de “estado fallido”. Podríamos agarrarnos a su brutal historia colonial que hizo del Congo un infierno entre los infiernos de las políticas de cualquier metrópoli. Podríamos hablar del carácter xenófobo de los críticos con la democracia española.

El juego debe ser mucho más sencillo. Exigir el mismo respeto desde un estado de la unión a otro que es miembro, solo porque los dos cumplen los estrictos controles democráticos del club.

Me produce un poco de sonrojo tener que hablar de algo que considero obvio. La solidez y calidad de nuestro estado de derecho que es incuestionable.  Por lo menos, homologable con cualquier otro país europeo. Hagamos un ejercicio de paciencia.

El secesionismo sigue intentando que se cuestione, desde fuera, el estado de derecho en España

Existen dos instituciones de prestigio internacional que califican la calidad y homologación de la democracia en los distintos países del mundo:  Freedom House  y  El Democracy Index de la revista The Economist dan un aprobado alto a las garantías de nuestro sistema de derecho. Si alguien tiene dudas puede analizar los informes de estas instituciones en los últimos años.

Hace unos días, el viceprimer ministro y titular de la cartera de interior, Jan Jambon, pedía la intervención europea en el contencioso catalán, poniendo en entredicho nuestro estado de derecho al afirmar que “existe la ley española, pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro”.

Jambon es parte de la cuota del gobierno de coalición en Bélgica en representación del partido nacionalista y separatista N-VA, uno de los escasísimos apoyos internacionales de los secesionistas catalanes. Solo ha tardado unas horas en enmendarle la plana el ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, en línea con la posición oficial de todos los países de la Unión Europea.

¿Porque puede existir todavía confusión en la calificación política y judicial de lo sucedido en los últimos meses en Cataluña?

Una de las consecuencias de nuestra sociedad instantánea -que exige respuestas inmediatas, on line, in streaming–  es la incapacidad de analizar en profundidad situaciones y problemas no previstos. Sencillamente porque ese análisis requiere tiempo, información matizada y reflexión. Un lujo que ya no estamos dispuestos a concedernos.

Esta sociedad cibernética y mediática no está dispuesta a conceder tiempo para el análisis profundo de lo desconocido. Las redes, y, por tanto, las sociedades, no están dispuestas a esperar. Exigen un dictamen instantáneo. Con la misma rapidez con la que cada ciudadano conectado emite un dictamen inapelable sobre los problemas más complejos. Esencia de populismo; soluciones simples para problemas complejos.

Nunca ha ocurrido que una parte de un estado se alzara contra la ley suprema

Europa, una parte importante de Europa, no entiende lo que ocurre en Cataluña por la sencilla razón de que son hechos increíbles, inéditos e imprevisibles.

No hay precedentes en una sociedad democrática para una situación como la generada por el procés catalán. En España desde luego, con excepción de lo ocurrido en Cataluña durante la Segunda República que acabó con el gobierno insurrecto en prisión. Pero aquel experimento antidemocrático no fue tan sofisticado como el actual.

Nunca había ocurrido que una parte de un estado, el poder constitucional de una región, gobierno y parlamento, se alzara contra la ley suprema, la derogara mediante el mecanismo de una mayoría simple parlamentaria, creara una legislación paralela y alternativa, convocara y celebrara sin garantías mínimas un referéndum ilegal para su separación del resto del estado y proclamara, con esa misma mayoría simple nada menos que un nuevo estado.

Todo eso en apenas dos días. Además, contra las advertencias y admoniciones de los letrados del parlamento, saltándose los reglamentos y las garantías de los diputados de la cámara y, en un tiempo de horas para cada acto pretendidamente jurídico.

Y todo ello contraviniendo sentencias precisas del Tribunal Constitucional que han declarado nulos los hechos mencionados. El resultado, una república disgregada del estado cuya legalidad ha vulnerado flagrante y reiteradamente. El hecho de que no haya obtenido ningún reconocimiento internacional. Inexplicablemente no ha provocado un momento de reflexión para tratar de definir política y jurídicamente lo sucedido.

Mucha gente fuera de España no ha entendido en profundidad la gravedad de lo sucedido

Como además ese proceso no se ha llevado a cabo mediante una insurrección armada, sino utilizando y sincronizando las instituciones del estado bajo control de los insurrectos con una movilización social, sin duda violenta, pero encubiertamente, violenta, resulta difícil encontrar en los ordenamientos penales de los países democráticos una tipificación exacta de unas conductas que nadie se molestó en prever por lo insólitas que parecían.

En el fondo, mucha gente fuera de España no ha entendido en profundidad la gravedad de lo sucedido. La consecuencia ha sido la simplificación para que fuera más fácil interpretar lo sucedido.

Una de las características de los códigos napoleónicos como es el caso del código penal español, es el establecimiento de la tipificación de los delitos para establecer las penas que les corresponden a sus autores. Tipificar un delito requiere detallar claramente la conducta que se juzga y una escala de penas en función de las concurrencias de agravantes y atenuantes que se contemplan en dicha definición jurídica. Fuera de la tipificación no hay delito; cada delito tiene que estar detalladamente tipificado.

Esa es la razón de la dificultad para establecer comparaciones entre los códigos penales de los diferentes países europeos para unos hechos como los ocurridos en Cataluña. Hay algunos países que no contemplan los delitos de sedición o rebelión; en otros hay que remitirse a conceptos como alta traición o atentado contra la integridad territorial.

Lo que no cabe duda de que todos los ordenamientos tratan penalmente los hechos implícitos en ataques a sus constituciones o de segregación de una parte de su territorio con penas tan graves e incluso en algunos casos más de las que contempla nuestro código penal.

Produce sonrojo que todavía haya quien sostenga que España no es un país democrático

Estamos en fase de instrucción en uno de los sistemas judiciales más garantistas del mundo. Por eso, entre razones, los procedimientos son tan largos. Pueden discutirse, y desde luego recurrirse, las medidas cautelares adoptadas. En mi opinión, concurren los tres requisitos contemplados en la ley de enjuiciamiento criminal: riesgo de fuga, peligro de destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Pero el análisis del procedimiento que instruye la magistrada Carmen Lamela no permite poner en duda ni su competencia ni su independencia.

Como casi todo en el análisis del contencioso catalán, nos encontramos con una dificultad intelectual difícilmente salvable. Con una tecnología claramente populista, los sediciosos no están sujetos a la objetividad de sus afirmaciones ni a la lealtad ni coherencia a ninguna norma ética. Repiten mentiras que en ocasiones convierten en verdades que alguien compra.

Oriol Junqueras es el paradigma de ese cinismo en su sentido más original. ¿Cómo puedo ser partidario de la violencia si soy creyente? Como si la Iglesia Católica en su historia no hubiera cometido algunos de los crímenes más horrendos.

Al final, siempre hay alguien que compra un mensaje simplista demoledor: “nos persiguen por nuestras ideas políticas y por haber ejercido el derecho a decidir”. Produce sonrojo que todavía haya quien con esas afirmaciones sostenga que España no es un país democrático y que existen presos políticos.