Laura Borràs contra Cataluña

Los primeros indicios del parlamentarismo catalán se remontan al siglo XI. Bajo el reinado de Jaume I, la Corte Condal se transformó en las Cortes Generales de Cataluña, que incluía representantes de la nobleza, del clero y de los municipios. Poco más, la mayor parte de la población no tenía voz ni voto. Hubo que esperar hasta el siglo XIV para fraguar la primera Generalitat, que hasta el siglo XVII actuó como gobierno efectivo de Cataluña ante la Corona de los Austrias.

Es verdad que el Decreto de Nueva Planta, consecuencia de una Guerra de Sucesión Española (inicios del siglo XVIII) que sería más sincero llamar guerra civil, abolió toda institución catalana de autogobierno. Fue el resultado de una guerra espantosa con muchos, muchos muertos, subrayo. El apagón institucional duró hasta principios del siglo XX, cuando nace la tímida Mancomunitat de Catalunya. La dictadura de Miguel Primo de Rivera se la cargó de un plumazo.

La Generalitat se restaura por primera vez en abril de 1931, al calor del mismo republicanismo español que, al degradarse en una thermomix de fanatismos -estremece acordarse del discurso de Azaña “Paz, piedad y perdón”…-, acabó enterrando todo lo que en teoría decía ayudar a florecer. La locura de Lluís Companys resultó en la fulminante suspensión de la Generalitat y de toda la autonomía catalana no por parte de Franco, quien todavía no había ni empezado la guerra. Fue el gobierno republicano el que dio la orden.

En 1936, precisamente al principio de la guerra, hubo un breve revival de la actividad del Parlament. Que acabó como acabó, igual que la guerra. Franco cerró y tapió el hemiciclo del Parc de la Ciutadella por espacio de cuarenta largos años. Durante los cuales, por cierto, hicieron negocios con el franquismo muchas prominentes familias catalanas que ahora también los hacen con el independentismo institucional.

Es sabido que la Generalitat no se pudo restaurar hasta 1977 y que las primeras elecciones democráticas al Parlament no se pudieron celebrar hasta 1980. Lo que se dice un camino de rosas, el recorrido del autogobierno de Cataluña y por su parlamentarismo, no ha sido.

Puede parecer increíble que, con todos estos antecedentes, con todo este sufrimiento acumulado en los libros de Historia, en otoño de 2017 a algunos no se les ocurriera nada mejor que repetir la tragedia de Companys, pero en modo farsa: la famosa república de 8 segundos de Carles Puigdemont que a él le valió el “exilio” (con lo que sabemos ahora, sería más exacto llamarlo una licencia de edad con todos los gastos pagados…), a otros menos astutos que él la cárcel, y a una infinidad de catalanes, un desgarro profundo, íntimo, estremecedor. Una herida que la mires por donde la mires, no se cierra.

Es increíble que, con todo el sufrimiento acumulado por el autogobierno de Cataluña, en otoño de 2017 a algunos se les ocurriera repetir la tragedia de Companys, pero en modo farsa

No está de más recordar, ya puestos, que todo aquello ocurrió siendo Ciutadans la primera fuerza en el Parlament, con 36 diputados, más de los que tiene ningún grupo independentista ahora. O el PSC. Cuando se afirma con cierta temeraria chulería que Ciutadans ya está “muerto” y que con menos diputados que antes no cuenta, cabría preguntar: si cuando era el grupo mayoritario, las minorías no tomaron nota y no le dieron la razón, ¿con qué autoridad pretenden ahora que su 52% del 52% del censo, en un contexto de abstención abrumadora, justifica ciertos alardes? Cuando Ciutadans vuelva a tener 36 diputados o más, ¿se apearán de sus furores procesistas? ¿O la aritmética parlamentaria les volverá a dar igual, como han demostrado una y otra vez?

¿A la tercera no debería ir la vencida? Pues ni así. La primera vez que la comisión del Estatuto del Diputado se reunió para analizar el caso de Pau Juvillà, el secretario de la Mesa del Parlament inhabilitado por una sentencia del TSJC y al que la JEC ordena retirar su escaño de manera inmediata, y si quiere recurrir, que recurra pero ya desde fuera de la institución -exactamente igual que ha tenido que acabar haciendo Alberto Rodríguez de Podemos, inhabilitado para seguir en el Congreso-, algunos ya advertimos de lo que estaba a punto de suceder: la comisión no debatía sobre matices jurídicos, sobre la mejor o peor manera de dar cumplimiento a la ley. Lo que se debatía era si obedecerla o no. Y conviene recordar que PSC y els Comuns votaron junto con la CUP y todos los partidos independentistas a favor de hacer una interpretación torticera del reglamento y plantar cara al Estado de Derecho. O, como lo expresó un diputado de la CUP: “al código penal del enemigo”. Es difícil ser más transparente.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Los mismos socialistas que ahora se llevan las manos a la cabeza ante la “burrada monumental” (sic) de que la presidenta Laura Borràs esté dispuesta a suspender toda la actividad parlamentaria mientras alarga el pulso sobre el caso Juvillà, quizá se lo debieron pensar mejor antes de darle alas y de darle oxígeno. Antes de votar por primera vez a favor de burlarse de la ley a sabiendas.

Más cuando lo primero que había que saber es que tenían enfrente una presidenta del Parlament ella misma imputada por irregularidades que más pronto que tarde la pondrán en la misma situación que a Juvillà. Y por delitos bastante más graves. Ya se sabe, cuando veas las barbas de tu secretario pelar, pon las tuyas a remojar…una vez más: ¿se puede ser más transparente?

Las grandes injusticias siempre empiezan con pequeñas trampas, con martingalas aparentemente menores, a las que nadie quiere dar la debida importancia. Los mismos partidos que votaron a favor de dar aire a la desobediencia institucional de Laura Borràs, tienen que enfrentarse ahora al corolario de sus acciones: la actual presidenta del Parlament constituye la amenaza más formidable contra el parlamentarismo y el autogobierno catalán desde Felipe V, las salvajadas de la Segunda República y la atroz guerra civil. Si nadie para a Laura Borràs, ella sola es capaz de acabar con Cataluña.