Las tres mentiras del Gobierno sobre la factura de la luz

El recibo de la luz se compone de tres partes básicas: el precio en el mercado mayorista, los costes regulados por el Estado y los impuestos

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un acto en Madrid el 18 de diciembre de 2020 | EFE/FV/Archivo
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un acto en Madrid el 18 de diciembre de 2020 | EFE/FV/Archivo

El 2021 arranca con una fuerte subida de la luz y con una nueva polémica a nivel político sobre el origen del problema y las posibles soluciones a aplicar que poco o nada tienen que ver con la realidad. Muchas familias verán incrementada su factura en enero después de que el precio medio de la electricidad se disparara más de un 70% interanual en el mercado mayorista durante la primera quincena.

Esta fuerte subida ha sido aprovechada por el Gobierno para extender tres mentiras, a cada cual peor, sobre el mercado de la energía. En primer lugar, que el repunte es culpa de las empresas eléctricas, hasta el punto de pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que abra una investigación para comprobar si se ha producido alguna irregularidad en la formación de precios.

En segundo término, que la UE no permite reducir el IVA de la electricidad, fijado en el tipo general del 21%. Y, por último, que el Ejecutivo no puede hacer nada para abaratar de inmediato el precio de la luz.

El origen de esta subida nada tiene que ver con la operativa de las eléctricas y sí mucho con las decisiones de los políticos. La borrasca Filomena trajo consigo un importante aumento de la demanda de energía para poder hacer frente a las heladas, pero, al mismo tiempo, se tradujo en ausencia de viento y sol.

La caída de producción eólica y solar tuvo que ser compensada con una mayor aportación por parte de los ciclos combinados de gas, cuyo precio es más alto. Además, el uso de combustibles fósiles lleva aparejado el pago de derechos de emisión de CO2, a un precio de 35 euros por tonelada, encareciendo de forma artificial la producción eléctrica.

Se trata, por ta nto, de una situación coyuntural, fruto de una meteorología adversa. De hecho, por mucho que a determinados políticos les interese apuntar a las eléctricas, lo cierto es que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, una vez descontada la inflación, se ha mantenido bastante estable en los últimos 20 años. Lo que ha subido, sin embargo, son los costes políticos del sistema.

El Gobierno miente cuando afirma que no puede hacer nada para evitar la subida de la luz

El recibo de la luz se compone de tres partes básicas: el precio de la electricidad en el mercado mayorista (35%); los costes regulados por el Estado (40%), que incluyen el transporte y la distribución de energía, pero también las primas renovables, la moratoria nuclear o las subvenciones a Canarias y Baleares; y, por último, los impuestos (25%). Así pues, el 65% de la factura final que pagan los consumidores no depende del mercado, sino del Gobierno.

La fiscalidad cobra aquí una especial importancia. Y es que, además del IVA del 21%, se aplica un impuesto especial sobre la electricidad y otro sobre la generación eléctrica. El Gobierno rebaja de inmediato la factura aplicando el tipo reducido del IVA del 10% o el superreducido del 4%, al igual que hacen otros seis países de la UE, equiparándose con productos y servicios que se consideran “esenciales”, como es el caso de la alimentación e incluso el cine o el teatro.

Nada impide al Gobierno bajar el IVA y, de hecho, es una de las medidas que defendía Podemos estando en la oposición, cosa diferente es que no quiera hacerlo.

De ahí, precisamente, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también mienta cuando afirma que no puede hacer nada para evitar la subida de la luz. El margen de actuación que posee el Estado es muy amplio, pues de él depende el 65% de la factura final.

Por un lado, bastaría con rebajar impuestos y reducir o eliminar algunos costes regulados que, hoy por hoy, pagan los consumidores. Y, por otro, podría liberalizar el mercado energético para que los usuarios y no los políticos decidan qué tipo de electricidad producir y a qué coste, dejando así a un lado decisiones de tinte ideológico y electoralista cuyo resultado es un aumento generalizado y constante de la luz.