Las tarjetas de la vergüenza
Cuando en Caja Madrid y a continuación en Bankia se marcaban registros históricos en el número de ejecuciones hipotecarias –desahuciando a decenas de miles de personas de sus viviendas o negocios– y denegaban crédito a familias y empresas, sus consejeros disfrutaban de los privilegios del derroche de tarjetas opacas de primer y segundo nivel a través de las cuales viajaban, bebían y comían en restaurantes lujosos y en lugares paradisiacos. Extasiados y disfrutando del momento al igual que hizo Nerón cuando en el año 64 mando incendiar en dos ocasiones la ciudad de Roma.
Tan devastadores fueron aquellos incendios como lo está siendo ahora el conocimiento por parte de la ciudadanía de las presuntas tropelías cometidas por representantes de partidos políticos y sindicatos en el consejo de una entidad nacionalizada y rescatada con el dinero de todos los contribuyentes.
En numerosas ocasiones en los últimos tiempos he cuestionado el papel desastroso de los reguladores en esta brutal crisis que padecemos. Este último episodio lo constata de una manera más evidente aun. No solo erró la agencia tributaria sino también la entidad que tenía la máxima responsabilidad: El Banco de España.
Y el FROB. Se debe recordar que el FROB, es una entidad creada, mediante Real Decreto-Ley el 26 de junio de 2009, por el Gobierno y controlada por el Banco de España para gestionar la reestructuración del sistema financiero español, y que en la última publicación de sus cuentas anuales, muestra una situación patrimonial de quiebra técnica.
El FROB no posee ya recursos propios suficientes para absorber las pérdidas registradas por valor de 26.060 millones de euros. Este agujero se debe al reconocimiento de unas provisiones por deterioro de activos de 25.213 millones de euros y una dotación por provisiones de 688 millones de euros. Con unos ingresos de 358 millones de euros, no hay suficiente ni para cubrir los gastos financieros, que ascendieron a 500 millones.
El FROB se ha convertido en el accionista mayoritario de los bancos nacionalizados —a estas alturas aun no he visto a ningún consejero de la dirección de algunas cajas en la cárcel— y posee el 45 por ciento de Sareb, esa entidad que sólo ha contribuido a desestabilizar aún más el mercado de la vivienda en España.
Al final somos los contribuyentes, una vez más, los que ponemos el dinero para salvar a entidades financieras, 22.000 millones de euros en el caso de Bankia, que, en algunos casos, no quieren saber nada de dar créditos a familias y empresas.
Masoquismo en estado puro el nuestro, sin duda, acompañado de la ineptitud de personas no profesionales en la materia que están al frente de organismos por puro compadreo político o sindical, pero que su pésima y nula gestión la tenemos que pagar todos los ciudadanos. Una y otra vez. Concluyo reflexionando con que o iniciamos una cruzada para combatir esta tempestad de corruptelas o al final el libertinaje de los corruptos acabara ahogando la libertad de los ciudadanos.
